Como abogada, me he encontrado con muchas situaciones frustrantes que afectan a mis clientes, especialmente en el ámbito de la pensión alimenticia. Hoy quiero compartir una reflexión sobre un problema común que surge en estas situaciones.
Recientemente, una de mis clientas me planteó una situación que es bastante común, el padre de sus hijos le manifestó que no podía pagar la pensión de alimentos ahora, pero que no se preocupara: “pide el dinero a la AFP”. En teoría, utilizar los fondos de la AFP para pagar la deuda alimenticia es una opción prevista por la ley. Sin embargo, la realidad de este proceso es mucho más complicada de lo que parece a primera vista.
Un proceso largo y complejo
Para acceder a estos fondos, no basta con presentar una simple solicitud en la AFP. El proceso implica una serie de pasos administrativos y judiciales que pueden ser largos y complejos. Primero, se debe presentar una solicitud bajo la Ley de Pago Efectivo, lo que implica iniciar un procedimiento judicial para solicitar la retención de los montos que se encuentran en las cuentas bancarias. Se requiere la intervención del tribunal para gestionar la retención bancaria, y una vez que los bancos respondan y no se encuentren cuentas o el dinero sea insuficiente, podemos realizar el procedimiento especial a la aseguradora.
Cada uno de estos pasos requiere tiempo y paciencia, mientras se espera que las instituciones cumplan con sus procedimientos internos.
Durante este extenso proceso, la realidad para el progenitor que tiene la custodia de los hijos es dura. La vida continúa y los niños siguen teniendo necesidades básicas: alimentación, ropa, educación, y otros gastos esenciales. El padre o madre que se encuentra en la posición de asegurar estos gastos tiene que hacerlo de su propio bolsillo, a menudo enfrentando dificultades financieras mientras espera que se resuelva el trámite para recibir los fondos de la AFP.
¿A quién debería ir destinado este dinero?
Este contexto genera una paradoja frustrante. Cuando el dinero finalmente llega, después de meses o incluso años de espera, surge la pregunta: ¿a quién debería ir destinado este dinero? ¿Debería ir al progenitor que ha mantenido los gastos durante todo el proceso, o al hijo/a que vio resueltas todas sus necesidades durante este periodo?
Desde mi perspectiva, que no está formalmente recogida en la ley, pero que considero justa, el dinero debería ser destinado al padre o madre que ha asumido el costo de mantener a los hijos mientras se resolvía la deuda. Esta propuesta se basa en el principio de equidad.
El progenitor que ha hecho el sacrificio económico y ha asegurado el bienestar de los menores durante el periodo de morosidad debería ser compensado. Esto no solo es una cuestión de justicia práctica, sino también de reconocer y valorar el esfuerzo y el compromiso en el cuidado de los hijos.
Pensión de alimentos: un asunto de equidad y justicia
El sistema actual parece a menudo desconectado de las realidades cotidianas de las familias. Los procedimientos legales, aunque necesarios, pueden ser lentos y complicados, mientras que las necesidades inmediatas de los menores no esperan. Es fundamental que el sistema legal evolucione para considerar estos aspectos y garantizar que las medidas de protección para los niños sean efectivas y justas.
Se requiere una visión que no solo contemple el cumplimiento técnico de la ley, sino que también reconozca y aborde las realidades prácticas de las familias que viven estas situaciones.
Es hora de que el sistema legal no solo se centre en los procedimientos, sino también en la equidad y la justicia en la vida diaria de las personas. Asegurarnos de que el dinero destinado a la pensión alimentaria beneficie de manera justa a quienes verdaderamente están cumpliendo con su responsabilidad es un paso crucial para lograr un equilibrio real y justo en el ámbito del derecho familiar.
