Esperamos que la preocupación generada por estas tendencias demográficas sirva para fortalecer el sentido de urgencia y la colaboración transversal para consagrar el cuidado como un derecho y establecerlo como el cuarto pilar de la protección social en Chile.
Hace unos días se dieron a conocer dos estudios que relevan desafíos críticos para nuestro país: el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile del PNUD y el Estudio Económico de América Latina y el Caribe de la CEPAL. Ambos consideran como un eje principal de análisis el cambio sociodemográfico que enfrenta Chile y dan cuenta de los radicales cambios en la estructura familiar, así como la creciente feminización de la pobreza.
El Informe el PNUD muestra que en 2021 se registró la tasa de fecundidad más baja en la historia de Chile, con 1,17 hijos por familia/hogar, muy por debajo de la tasa de reemplazo poblacional de 2,1. Esto impacta en una disminución de la población en edad de trabajar y reduce el potencial de crecimiento económico.
El tamaño promedio de los hogares se redujo de 4 integrantes en 1990 a 2,8 en 2022, con un aumento significativo de los hogares unipersonales, que pasaron del 6,9% al 19,3% del total en el mismo periodo, y de los hogares monoparentales que crecieron del 27,9% al 47,4%, con el 82,2% de estos encabezados por mujeres.
Esta tendencia hacia la conformación de familias más pequeñas, sumada al aumento de la esperanza de vida a 80,5 años, impacta en una mayor demanda a los sistemas salud y pensiones (el 60% de los pensionados recibe montos inferiores al salario mínimo, exacerbando la pobreza y la desigualdad) y a los, hasta ahora, débiles servicios de cuidados.
Esta radiografía es reafirmada por el Informe de Cuidados (2024) de la Subsecretaría de Evaluación Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que explica cómo entre 1992 y 2021 la proporción de personas mayores en nuestro país se incrementó en un 186,4%, pasando de 9,5% al 19,2% de la población.
La crisis de cuidado y el apoyo a las familias
En este contexto, es posible advertir que la relación de dependencia demográfica de la población de personas mayores a nivel país para el año 2021, es de 30,4 personas por cada cien personas potencialmente activas (15 a 59 años). El indicador de dependencia demográfica total, por su parte, alcanza un valor de 58,6 personas potencialmente inactivas por cada 100 personas activas. Estas cifras dan cuenta de que la dependencia demográfica total está explicada principalmente por la dependencia de personas mayores. En tanto, un 14,7% de las mujeres de 60 años o más realizan tareas de cuidado de personas dependientes.
La magnitud de estos cambios desafía la sostenibilidad de las políticas sociales existentes y pone en evidencia la crisis al interior de las familias y la urgencia de apoyarlas. El proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados busca sentar las bases de una estrategia de Estado capaz de hacerse cargo de esta realidad.
Avanzar con sentido de urgencia
Frente a la creciente carga de cuidados que recae sobre familias cada vez más pequeñas y exigidas, el Estado tiene la responsabilidad de crear condiciones para aliviar el cuidado y, al mismo tiempo, promover la autonomía y retrasar la dependencia. Ese es el fundamento del derecho al cuidado y el objetivo de la ampliación y fortalecimiento de los servicios de cuidado.
Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es una necesidad urgente, reconocida por diversos sectores políticos como una prioridad para proteger a las familias. Es poner en el centro el bienestar y la libertad de todos sus integrantes, particularmente de las mujeres que ejercen un rol crucial en el cuidado de la población más vulnerable y de las personas con algún tipo de dependencia que ven limitados sus proyectos de vida.
