Lo ocurrido el viernes 16 de agosto pasado en Rancagua superó todos los límites en la crisis sobre seguridad pública que estamos enfrentando en Chile desde hace algún tiempo.
Un grupo de entre 25 y 30 delincuentes perfectamente organizados, usando más de 20 vehículos, premunidos de armas de fuego, algunas de grueso calibre, atacaron las instalaciones de la empresa Brinks de Rancagua y a plena luz del día robaron una cantidad de indeterminada de dinero en efectivo.
Además, planearon su huida incendiando vehículos y sembrando las rutas de escape con elementos destinados a obstaculizar la actuación policial, como “miguelitos” y otras especies. Felizmente, la rápida reacción de Carabineros, el despliegue del Ministerio Público y la cooperación de personas que presenciaron lo ocurrido, permitió capturar a buena parte de los delincuentes.
Fue un acto delictual donde queda claro el nivel de organización que están alcanzando las redes del hampa en nuestro país. A ello se agrega la ola de homicidios que los fines de semana deja un alto número de fallecidos en distintas comunas del país. En la mayoría de los casos, hay participación de “sicarios” o delincuentes pagados para cometer estos delitos. Qué decir de los “turbazos” a casas particulares, donde grupos de antisociales ingresan en forma violenta para robar y destruir viviendas.
¿Queda alguna duda de que el crimen organizado está actuando y se ha empoderado en nuestro país?
A mi entender, ninguna. Y frente a esto, ya no es posible creer que con los medios y procedimientos tradicionales con que cuentan nuestras policías es suficiente para detener este flagelo, que altera de manera alarmante la tranquilidad de la ciudadanía.
Por ello, con el senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, hemos presentado una reforma constitucional de mi autoría destinada a la creación de una Fuerza de Tarea Operativa contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y el Terrorismo. Con esta propuesta, pretendemos que todas las instituciones del Estado involucradas en la prevención, persecución criminal y seguridad penitenciaria velen por la tranquilidad de la ciudadanía.
Esta fuerza debe estar compuesta por Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio Público, DIRECTEMAR, Superintendencias, el Servicio Nacional de Migraciones, entre otras entidades, según las características de la amenaza.
La reforma constitucional permitirá al Presidente de la República convocar a este grupo especializado en un territorio específico y dirigirla contra organizaciones criminales particulares.
Un nuevo marco legal para enfrentar el crimen organizado
Aunque reconozco que nuestro Gobierno ha impulsado una serie de reformas legales, consejos y mesas de trabajo para fortalecer la seguridad pública, la gravedad de la situación actual hace imprescindible llevar a cabo acciones concretas en los territorios más afectados por estos grupos delictuales.
Buscamos que esta reforma establezca que el Jefe de Estado, como encargado último de la seguridad pública, sea quien otorgue el mandato político y jurídico a los organismos públicos para dedicarse a desactivar las organizaciones criminales. Es decir, concentrar en esta fuerza de tarea el trabajo coordinado, sin división de funciones, para establecer una sola responsabilidad operativa.
Este nuevo marco legal debe establecer también un claro sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía y el Congreso. Y las actuaciones de este grupo operativo deben estar acompañadas de un fuerte control por parte de la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, especialmente en el manejo de datos sensibles.
Esta propuesta contiene un claro mensaje: hay que mejorar la coordinación institucional y modernizar los sistemas operativos para combatir a una delincuencia que, hasta ahora, va un paso adelante de las instituciones del Estado encargadas de perseguirla.
Y es hora de que los representantes de la ciudadanía en el Congreso Nacional, de distintas bancadas y tendencias, actuemos unidos y coordinados para derrotar la violencia delictual. No hay que pensar en los cálculos electorales ni de qué partido es el autor de la iniciativa. Debemos preocuparnos de la ciudadanía, de los miles de chilenos que hoy viven encerrados en sus casas y con creciente temor de que ni allí están seguros.
