Desde Fundación Terram hemos realizado diversas investigaciones sobre cómo la falta de fiscalización y sanción de los organismos públicos ha permitido a empresas salmoneras iniciar o reanudar actividades por encima de los plazos que establece la ley, derivando en un mal uso de un bien nacional, como es el mar. Hoy, la Contraloría reafirma esta grave falencia, por lo que cabe preguntarse si será suficiente para enmendar el rumbo o si la institucionalidad del país seguirá siendo solo un barquito de papel.
En su reciente informe de auditoría N°9 de 2024 la Contraloría General de la República (CGR) concluye que tanto el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) como la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) no cumplieron su rol de fiscalizar y sancionar, las concesiones salmoneras que incurrieron en causal de caducidad, respectivamente, según lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura, tal como hemos denunciado desde Fundación Terram a través de diversas investigaciones desde junio de 2022.
Salmoneras con causal de caducidad
El órgano contralor revisó el actuar de estos organismos entre enero de 2020 y octubre de 2023. En ese periodo, detectó que el SERNAPESCA no evaluó ni tampoco denunció a la SSFFAA 170 centros de cultivo de salmones que, según sus propias bases de datos, no registraron operación acorde a la ley, por lo que podrían haber incurrido en causal de caducidad.
En otros casos, se identificó que aun cuando SERNAPESCA denunció incumplimientos, la SSFFAA mantiene pendiente 79 procedimientos de caducidad iniciados entre 2016 y 2023, mientras que, en otros 36 casos, fue tal su lentitud (26 meses en promedio), que permitió a los titulares retomar actividades productivas antes de resolver si debían o no perder la concesión.
Es importante relevar que, si la muestra se ampliara más allá del periodo auditado (2020-2023), las cifras enunciadas aumentarían de manera considerable, tal como lo expusimos hace dos años en una investigación basada en información pública, obtenida de estas mismas instituciones por Ley de Transparencia, y que desde Fundacion Terram nos encargamos de hacer llegar a las manos de todas las autoridades competentes en la materia, desde parlamentarios, subsecretarios, ministros y hasta el mismo presidente de la república.
¿Qué pasará con las instituciones cuestionadas?
Es muy grave que organismos públicos no fiscalicen y sancionen de acuerdo a lo que establecen las regulaciones vigentes, situación que cobra mayor gravedad en este caso, donde empresas privadas están haciendo uso de un bien nacional que nos pertenece a todos, como es el mar, y que se les ha entregado en concesión para su uso y goce, sobre el que, además, pueden usar como un activo financiero, hipotecando con bancos nacionales e internacionales el patrimonio natural que nos pertenece a todos.
Este rol de las concesiones en el modelo de negocios de la salmonicultura ha sido tapado por el despliegue comunicacional de esta industria, que ha pretendido dar vuelta la tortilla por medio del discurso de la “permisología”. Como si esta demora o ausencia de fiscalización y sanción les terminara afectando a las empresas, cuando en realidad los datos muestran que la omisión de la autoridad les ha dado tiempo para iniciar o retomar actividades muchos años después de que debieron ser caducadas sus concesiones, claro, si se hubiese respetado la ley.
Con todos estos antecedentes nuevamente puestos sobre la mesa, cabe preguntarse si tanto el SERNAPESCA como la SSFFAA enmendarán el rumbo, fiscalizando y caducando las concesiones que ya han incurrido en causal de caducidad, para lo cual queda estar atento a las respuestas que deben enviar dichos organismos a la Contraloría, incluyendo las posibles responsabilidades administrativas que se identifiquen en los sumarios que fueron solicitados.
