El “Reporte de infraestructura, ejecución de presupuestos 2006-2023” entregado en julio de este año por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) analiza en detalle la materialización efectiva de inversión pública del gobierno, como la realizada por los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Interior, Educación y Salud. El análisis considera los subtítulos de la “Adquisición de activos no financieros”; “Iniciativas de inversión” y “Transferencias de capital”.

Aumentos progresivos de recursos de inversión

Uno de los resultados más relevantes indica que durante las últimas cuatro administraciones han aumentado los recursos disponibles para la inversión de manera progresiva.

Sin embargo, el informe advierte que la capacidad de inversión de las agencias ejecutoras ha aumentado más lentamente que los montos asignados para tal efecto. En los últimos cuatro períodos presupuestarios, la ejecución ha estado por debajo del 90% de la asignación para inversión. En tanto, la ejecución anual de la Ley de Presupuestos -en los subtítulos mencionados- alcanzó en 2023 a un 83,7% y en 2022 a 89,3%.

De esta forma, uno de los retos este año es elevar el nivel de ejecución, tal como lo han planteado algunas autoridades. En esa línea, la ministra de Obras Públicas anunció en su último reporte al Congreso que durante el primer semestre se alcanzó un 41% de ejecución, récord para ese ministerio.

Por eso, un aspecto relevante que deben considerar las carteras se refiere a contar con profesionales idóneos que puedan agilizar estos procesos a la hora de evaluar proyectos de inversión. Vemos que unidades clave dentro del Estado -como es el caso de la Dirección General de Concesiones del MOP-, tiene menos funcionarios de los que debería, aunque es una entidad que debe analizar y definir proyectos de alto interés en los más diversos ámbitos.

Desafíos para el Estado

En nuestro país resulta urgente materializar los proyectos de infraestructura en distintas áreas como los recursos hídricos -donde se debe avanzar en una estrategia a nivel nacional-, y diseñar obras de pequeña, mediana y gran escala en las regiones. Al mismo tiempo, la reactivación de la economía requiere que los sectores productivos cuenten con infraestructura logística y estratégica adecuada como puertos, autopistas y conectividad.

Nuestras ciudades demandan inversiones para transformarse en espacios resilientes ante riesgos -por ejemplo, los que genera el cambio climático-, y también se debe considerar la construcción de viviendas y servicios ante el déficit existente.

Resulta apremiante que la capacidad de ejecución de los presupuestos del Estado ayude a llevar adelante planes y programas de infraestructura para que el país crezca. Vemos que muchas veces los privados van más rápido en diversos ámbitos, pero el objetivo es que la combinación de experiencia del Estado y creatividad de las empresas propicien un clima virtuoso en favor de las comunidades.