El Grupo CAP puede esgrimir razones económicas para esta decisión, respaldadas por datos bursátiles. Sin embargo, las formas importan. Así como los ejecutivos de la compañía acudieron a las autoridades regionales cuando solicitaron salvaguardias, debieron mostrar la misma deferencia antes de anunciar el cierre. Al final, el problema queda en el Biobío.
Un plan Marshall de inversión
Esta decisión se siente como una verdadera bomba atómica sobre nuestra comunidad. Por ello, Huachipato no puede limitarse a cumplir con las indemnizaciones mínimas legales. La empresa debe asumir su responsabilidad social y garantizar que los 2.000 trabajadores directos afectados puedan reconstruir sus vidas de manera digna. Además, es fundamental que la empresa sea generosa con los trabajadores de los servicios permanentes, quienes también verán comprometido su futuro y cuya cifra es similar.
Por otro lado, la responsabilidad sobre las 16 mil personas que trabajan en actividades ligadas a la cadena de valor de Huachipato recae principalmente en el Gobierno. Es urgente, por tanto, la implementación de un verdadero plan Marshall de inversión. Acelerar proyectos de infraestructura, como el Plan Más Movilidad, permitirá absorber la mano de obra que no será reinsertada automáticamente y a quienes no recibirán compensaciones.
El Gobierno debe pensar de manera innovadora y considerar qué otras medidas pueden adoptarse para mitigar esta crisis. Dado que el país enfrenta limitaciones presupuestarias y la billetera no es gigante, es crucial crear condiciones que permitan al capital privado dinamizar la economía regional. Por ejemplo, derogar la ley que prohíbe la captura de jibia podría ofrecer una solución parcial, permitiendo que otros sectores económicos absorban a parte de esos 16 mil trabajadores que quedarán sin empleo.
Asimismo, es fundamental enviar una señal clara al sector de la construcción mediante un proceso legislativo ágil que reduzca los tiempos y trámites necesarios para obtener permisos ambientales y sectoriales. Actualmente, estos permisos tardan en promedio cinco años, lo que retrasa proyectos de inversión valorados en más de 300 millones de dólares. Este es un problema crítico para la región, que ya hemos advertido en repetidas ocasiones.
Simultáneamente, deben pausarse iniciativas que amenazan otros sectores económicos clave. Si la Ley de la Pesca sigue su curso, el empleo industrial en el Biobío se verá gravemente afectado, desencadenando una segunda bomba atómica sobre nuestra economía.
Es esencial también apoyar al sector forestal, donde la falta de incentivos para los pequeños productores, los incendios intencionales y el robo de madera han llevado a que la superficie actual de plantación de pinos sea equivalente a la que existía en 1990. Se requiere un impulso fiscal para los pequeños y medianos agricultores, con el fin de tener más bosques, mantener y aumentar los más de 100 mil empleos que entrega el rubro en la región, y de paso, cumplir la meta de que Chile sea carbono neutral en 2050, donde se requieren cerca de 500 mil hectáreas adicionales de bosques nativos y plantaciones.
Decisiones determinantes para el futuro de la región
Persistir en estas medidas legislativas que perjudican tanto a la industria pesquera como a la forestal solo traerá más devastación a nuestra economía regional. El tiempo es un lujo que no tenemos, y las decisiones que se tomen en los próximos días serán determinantes para el futuro de miles de familias.
Mientras tanto, debemos ser proactivos en la búsqueda de propuestas, pues es nuestra prioridad cuidar el empleo industrial, que es el de mejor calidad y mejor remunerado para las personas que trabajan como dependientes.
Debemos hacer esfuerzos conjuntos y encontrar la mejor salida posible a esta crisis, acorde con el valioso aporte que durante décadas los trabajadores han realizado para Talcahuano y toda la región. En el Biobío, todos somos Huachipato.