En Chile, pese a tanta declaración firmada, la infancia sigue siendo un tema abandonado.
Para la infancia en Chile, algunas cifras entregadas este primer semestre son desoladoras:
Más de 2.100 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de alguna forma de explotación sexual; 36 niños y niñas han muerto por armas de fuego y; uno de cada cinco ha presenciado balaceras o disparos en el área cercana a su vivienda. Cerca de 850 mil niñas, niños y adolescentes viven en hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional; más de 227 mil están fuera del sistema escolar y; cerca del 30% los niños y niñas entre 0 y 5 años, no están asistiendo a salas cuna y jardines infantiles, siendo que los primeros mil días son claves para emparejar la cancha de las oportunidades.
¿Cómo cambiamos esta realidad?
Avanzando hacia la promoción y protección de derechos, especialmente en los contextos más vulnerables. Como fue planteado en el estudio “Nacer y crecer en pobreza”, es imperativo implementar un Piso de Protección Social sensible a la niñez que garantice ingresos mínimos y acceso a servicios sociales integrales y de calidad que permitan enfrentar riesgos, erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades que privan a miles de niños, niñas y adolescentes de sus derechos fundamentales.
Una suerte de GES pero de la infancia.
También es importante considerar sus necesidades específicas e incluir sus opiniones y miradas en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas.
En Chile, pese a tanta declaración firmada, la infancia sigue siendo un tema abandonado. Parece obvio pensar que cualquier país que busca su desarrollo pondría dentro de sus focos estratégicos el cuidado y desarrollo de sus niños y niñas.
No es así.
Un ejemplo elocuente es lo acontecido en las últimas semanas con el juicio y condena a Eduardo Macaya. Ahí ha quedado en evidencia la desprotección que enfrentan las víctimas de abuso sexual, que es quizás una de las vulneraciones más graves de derechos que puede afectar a niños, niñas y adolescentes.
Es inaceptable que los procesos judiciales y la discusión pública perpetúen el sufrimiento de las víctimas, cuestionando sus actitudes o relativizando la gravedad de los abusos. Esto evidentemente desincentiva nuevas denuncias, en un contexto donde, de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional de Abuso Sexual y Adversidades en la Niñez, una de cada 5 personas sufrió abuso sexual en su infancia.
Ese es otro dato, parte de la realidad que enfrentamos, un panorama que está lejos de mejorar.
