En su rol de monitoreo en cárceles el Comité de Prevención de la Tortura ha encontrado a personas que está en lista de espera para ser periciadas en condiciones extremadamente vulneradoras e indignas.
Se estima que casi mil millones de personas en el mundo tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Esto incluye trastornos ansiosos, depresivos, discapacidad intelectual, desorden conductual, bipolaridad, autismo, esquizofrenia y trastornos alimentarios.
Estas personas, según definiciones de la OMS, tendrán alteraciones clínicamente significativas de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento que, por lo general van asociadas a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes.
Las personas con estos trastornos suelen ser estigmatizadas, discriminadas y sus derechos humanos son violados con frecuencia, presentan mayor riesgo suicida que el resto de la población. La mayor parte de ellas no reciben la atención de salud que requieren y están sin diagnóstico y sin tratamiento, lo cual aumenta su vulnerabilidad.
Salud mental tras las rejas
En el caso que una persona sea procesada por la comisión de un delito y se sospeche que pueda tener un trastorno mental, el sistema de justicia puede solicitar una pericia para evaluar su imputabilidad, si se confirmara esa hipótesis puede ser derivada a un establecimiento psiquiátrico. Sin embargo, el proceso para realizar esas pericias es engorroso y largo, de esta manera el Estado victimiza a unos de los grupos más vulnerables de la sociedad provocando daños irreparables.
La mayoría deberá esperar en recintos penitenciarios y serán ingresadas a las unidades de salud de la cárcel, una decisión judicial que se sostiene sobre la falsa premisa que por ser tal recibirán los cuidados necesarios y que serán atendidas por facultativos idóneos. Existen también personas sobre las cuales no existen sospechas de trastornos y que pese a tener alguna condición previa ingresarán directamente al régimen penitenciario común.
La prevalencia de diagnósticos de salud mental en la cárcel es mayor que el de la población general y todos los síntomas previamente descritos se verán agravados. El sistema penitenciario no cuenta con personal uniformado preparado para lidiar con esta problemática y sin personal de salud que atienda salud mental. Todo esto en un entorno que opera bajo códigos de violencia y la ley del más fuerte.
La aparición de episodios sicóticos, descompensaciones, delirios paranoides, conductas ruidosas que atraen la atención podrían ser sintomáticas de sufrimiento y explicar muchos de los suicidios en cárceles, también pueden ser confundidas con otros comportamientos y generar respuestas inadecuadas.
El propio régimen penitenciario puede afectar gravemente la salud mental de personas con diagnóstico o gatillar estas enfermedades, más aún cuando son sometidas a un régimen de aislamiento prolongado por períodos indeterminados y sin seguimiento ni evaluación médica.
Un monitoreo con crudos hallazgos
En su rol de monitoreo en cárceles el Comité de Prevención de la Tortura ha encontrado a personas que está en lista de espera para ser periciadas en condiciones extremadamente vulneradoras e indignas, sin supervisión permanente, sin salida al aire libre y sin visitas, muchas veces sobremedicadas para mantenerlos tranquilas, víctima de abusos sexuales y violencia, quedan engrilladas día y noche por el riesgo para sus compañeros de celda y permanecen así por largos períodos.
Estos casos son reveladores de las fallas y la disparidad social en el acceso a sistemas de cuidado integrales de salud mental para la población en general, los que podrían haber evitado la comisión de los delitos que se les imputa a estas personas o el sufrimiento que han vivido en las cárceles, pero también de la poca sensibilidad y escaso conocimiento de los operadores del sistema de justicia sobre estas materias.
La respuesta del sistema penal (hoy más que nunca) donde predomina el enfoque de la seguridad por sobre los cuidados resulta extremadamente discriminatoria y vulneradora de derechos para quienes padecen trastornos de salud mental, no es casual que quienes reciben esta respuesta son parte de los estratos socioeconómicos de menores ingresos en nuestro país.
