El respaldo de la sociedad chilena a la legalización del aborto es evidente y va en aumento.

Tras la Cuenta Pública en que se anunció el ingreso de un proyecto de aborto legal, la derecha en coro afirmó que está discusión no era parte de las prioridades de la ciudadanía. Sin embargo, según la encuesta CEP de octubre de 2023, un 53% de la población está a favor del aborto en casos especiales y un 30% en cualquier circunstancia.

Luego, en la encuesta CEP de junio/julio de 2024, la postura “El aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso” aumentó significativamente en 8 puntos, mientras que la opción “El aborto solo debe estar permitido en casos especiales” disminuyó en 8 puntos.

Este cambio refleja reafirma que la discusión que ha abierto el Gobierno es necesaria, y la ciudadanía así también lo percibe.

No es un asunto valórico

Las mujeres saben que la legalización del aborto no es un asunto valórico, o una discusión abstracta, sino que tiene consecuencias muy concretas para su vida cotidiana.

Rompamos algunos mitos.

La criminalización del aborto no elimina la práctica; simplemente la traslada a la clandestinidad, donde las condiciones son inseguras y las consecuencias para la salud de las mujeres son devastadoras. En Chile, se estima que entre 60.000 y 70.000 abortos clandestinos se realizan anualmente, muchos de los cuales resultan en complicaciones graves de salud o incluso en la muerte de las mujeres.

La legalización del aborto es, ante todo, una cuestión de salud pública. Proporcionar un marco legal seguro y accesible para la interrupción del embarazo garantiza que todas las mujeres, independientemente de su situación económica, puedan acceder a servicios médicos seguros. Actualmente, quienes tienen recursos económicos pueden acceder a abortos seguros en clínicas privadas o en el extranjero, mientras que las mujeres de menores ingresos recurren a métodos inseguros, lo que agrava la desigualdad social y económica.

Numerosos países han legalizado el aborto con un límite de tiempo de gestación y los resultados han sido positivos tanto para la salud pública como para el bienestar social. Países como Uruguay y México han implementado políticas de aborto legal con límites de semanas y han visto una disminución significativa en las muertes maternas y en las complicaciones asociadas con abortos inseguros. La experiencia internacional muestra que la legalización del aborto no solo salva vidas, sino que también permite a las mujeres de todas las clases sociales ejercer plenamente sus derechos reproductivos.

Es fundamental recordar que hasta 1989, el aborto terapéutico era legal en Chile. Fue solo en los últimos días de la dictadura militar que se prohibió sin un debate democrático. Por lo tanto, legalizar el aborto no es una medida radical ni nueva, sino un retorno a una política que ya existió y que respetaba la salud y la vida de las mujeres.

La objeción de conciencia

Uno de los desafíos actuales es la objeción de conciencia por parte del personal médico. Según el último conteo del MINSAL (julio de 2024), un 47% de los obstetras en el sistema público son objetores de conciencia en casos de violación. Esta situación crea barreras significativas para las mujeres que buscan acceder a abortos seguros, especialmente en regiones con pocos médicos disponibles.

El nuevo reglamento propuesto por el gobierno busca asegurar que la objeción de conciencia no obstruya el acceso al aborto seguro, estableciendo protocolos claros y garantizando que haya personal médico disponible para realizar los procedimientos necesarios.

Legalizar el aborto es una necesidad basada en datos claros y argumentos de salud pública y justicia social. Es un asunto de derechos y, en Chile, se ha desviado el debate hacia el argumento simplemente moral.

Al momento de legislar, no debe confundirse con un asunto valórico, porque eso sólo nos deja a merced de posiciones morales, personales e irreconciliables. La moral es peligrosa en la política porque siempre puedes llegar a un empate de dos posiciones y se acaba la discusión.

Chile no puede seguir eludiendo el debate acerca del aborto legal

Lo que sí podemos acordar es lo que la realidad nos muestra: que hay un problema de salud pública, que criminaliza el aborto y que abandona a las mujeres con menos recursos.

Es legítimo que haya personas que se opongan al aborto, pero ¿por qué imponer su convicción personal a la mayoría de la población? Este debe ser un tema de Estado y, en nuestro país, desde 1925 el Estado es laico.

Chile no puede seguir eludiendo el debate acerca del aborto legal. En una democracia, no deben existir temas tabúes ni debe primar la creencia, religión o convicción moral de cada representante político por sobre el bienestar general.

Convivamos con todas nuestras diferencias y apreciaciones personales, pero cuando hablamos de justicia, cuando se trata de la vida de las mujeres y sus derechos, el Estado debe proteger y defender a las personas, en este caso, a las mujeres, por sobre cualquier objeción moral individual.