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Lo sucedido con el padre del Senador Macaya pone en entredicho nuevamente, el actuar de las instituciones judiciales en Chile. La sensación de que existe en el país dos sistemas de justicia, uno para los ciudadanos comunes y otro para los ricos es cada vez más evidente.
Privilegio con precedentes
No es común que un condenado por abuso sexual infantil, aunque sea en primera instancia y previo pago de una fianza de 150 millones de pesos, pueda esperar en su casa a que termine todo el proceso judicial, el que, por lo demás, puede durar muchos años.
Autores como Wright Mills fueron pioneros en poner de manifiesto la existencia de una elite política y económica que se reproduce a través de sus propios valores y creencias (ethos) y a través de sus acciones y tradiciones (habitus).
Esto es sumamente verídico en el caso chileno, donde somos testigos de cómo grandes ejecutivos de la Polar o financistas irregulares de la política hace algunos años eran condenados a clases de ética como parte de su proceso de castigo público. Un privilegio con precedentes.
Los abogados de la elite
Dicho privilegio se reproduce en la existencia de connotados estudios de abogados conocidos como “de la plaza”, que son el brazo jurídico de esta elite.
Dicho sea de paso, varios de estos abogados poseen nutridas experiencias como fiscales, miembros de directorios y representantes de multinacionales y gobiernos extranjeros. Lobistas y ex autoridades políticas también suelen ser parte de este selecto grupo, poniendo al servicio de quien pueda pagar en UFs las horas de estos profesionales letrados.
Muchos de estos abogados provienen de las mismas dos o tres casas de estudios superior, de las que provienen la mayoría de los jueces civiles y penales en Chile.
La reproducción de la elite en estos espacios es a veces hasta pasmante, y para ello basta simplemente una breve lectura de libros como “El Patio del Poder” del ex convencional Renato Garín o “El libro negro de la justicia chilena” de la periodista Alejandra Matus. Pero incluso en este caso, la elite se hace presente, pues el hermano de Alejandra, Jean Pierre Matus es actualmente ministro de la Corte Suprema y uno de los investigados por la comisión de ética adhoc creada para tales fines.
La degradación del Poder Judicial
Y es que también, en las últimas horas han sido requisados los teléfonos celulares de Gonzalo Migueles actual pareja de la Ministra de Corte Suprema Angela Vivanco, al igual que el dispositivo móvil del fiscal regional de Aysén Carlos Palma, bajo la investigación de un posible tráfico de influencias.
Por este mismo caso están siendo investigado por sus pares los ministros María Teresa Letelier, Angela Vivanco, Mario Carroza y el ya mencionado Jean Pierre Matus, todos presuntamente favorecidos por la gestión del abogado Luis Hermosilla.
Pero, hace muy poco se sumó el todopoderoso juez Sergio Muñoz, quien habría filtrado un fallo judicial a su hija, la jueza Graciela Muñoz, para desistir de la compra de unos departamentos en un proyecto de la inmobiliaria Fundamenta. El abogado Marco Antonio Fuentes denuncia esto apoyado en una serie de conversaciones de la jueza con su ejecutiva inmobiliaria Valentina Riquelme, misma jueza que dictaba sentencia desde Italia durante la pandemia.
La degradación de nuestro Poder Judicial es un tema tremendo, afecta la credibilidad de las decisiones y la sensación general de que en nuestro país no somos todos iguales.
