La grave crisis de seguridad interior que aqueja a nuestro país se ha transformado en la principal amenaza que afecta a la población, pero simultáneamente, pone en serio riesgo la estabilidad del Estado.
¿Era previsible? ¿Qué factores explican la rapidez con que se ha desarrollado? Sobre todo, ¿cómo combatirla? ¿Qué se necesita?
La vieja y nueva criminalidad
A principios del siglo XXI, Chile era considerado uno de los países más seguros de América Latina. Sin embargo, esta percepción se ha deteriorado. Vale para el número de delitos, la gravedad de estos, el desempeño policial, entre otros factores.
Las estadísticas muestran una tendencia al alza en la criminalidad y a la vez, en la crueldad usada por los delincuentes. La tasa de homicidios cada 100 mil habitantes era de 3.8 el año 2000, se elevó a 5,7 el 2020 y el año pasado alcanzó a 7.5. Ojo, estos datos son una media nacional, porque hay ciudades -como Arica- que en algunos momentos ha alcanzado a 17. Casi similar a la media latinoamericana que es de 18.
No todo es número, también se incrementó en estos años la crueldad de los delitos: la aparición de las llamadas “casas de pique”. -cómo se denomina en otras latitudes a la tortura-, la exhibición de cadáveres para mostrar presencia, el uso de redes sociales como mecanismo de disuasión y vanagloria de los delincuentes.
Junto con ello, han aparecido nuevos delitos con métodos no vistos antes en nuestras calles, desde los motochorros, hasta el sicariato, los préstamos usurarios (el gota a gota) y la extorsión.
El deterioro de los niveles de seguridad no es un problema exclusivamente chileno; tampoco Chile es el caso más extremo, pero los niveles que hemos alcanzado, la rapidez de su avance y, sobre todo, que hasta la fecha las medidas adoptadas no logran contener el fenómeno, resultan muy preocupantes.
Criminalidad transnacional
Para nadie es novedad que las bandas criminales internacionales ingresaron a nuestro territorio. Se instalaron y penetraron capas de la sociedad chilena generando redes en nuestro país.
La prensa ha divulgado en especial al llamado “Tren de Aragua”, mafia de origen venezolano con presencia en varios países del continente. Pero no son los únicos. Desde el puerto de Buenaventura arribaron los llamados “Espartanos”; del Perú surgieron los “Pulpos” y los “Gallegos”; y, de New Jersey han llegado los llamados “Trinitarios” de origen dominicano.
Estos grupos coexisten y a ratos se asocian con la delincuencia local. Junto a ello, la actividad de los grandes carteles que usan nuestra infraestructura portuaria para triangular sus envíos ilícitos a terceros países, especialmente a Europa.
El incremento de la delincuencia también es posible medir en el número de población penal en régimen completo: 33.050 el año 2000, para subir a 38.176 el 2020 y alcanzar los 54.678 el 2023. De ellos 8,057 son extranjeros (más del 14% del total nacional), muchos de ellos ingresaron de manera ilegal en medio de la amplia masa de migrantes que arribó al país en los últimos años.
¿La violencia es la misma en todo el país?
La respuesta es no, aunque como hemos señalado en varias publicaciones, existen vasos comunicantes.
En concreto, tenemos tres focos de violencia en Chile: en el norte una frontera porosa por donde penetra la inmigración ilegal y las bandas, operan las redes de trata de personas, de contrabando, y por cierto, de narcotráfico. Esa es la realidad de la llamada Macrozona Norte.
En el sur, especialmente en la zona de la Araucanía encontramos algunas organizaciones radicales mapuches que están en los primeros pasos de una guerra de insurgencia que busca su autonomía respecto al Estado chileno. Por cierto, existen evidencias de que en algún punto estas orgánicas se entremezclan con el narco local y el robo de madera.
Lo más visible, especialmente en los últimos días, es el incremento de la violencia en las grandes ciudades, especialmente en la Región Metropolitana.
Cada una de estas regiones posee especificidades, que no siempre se atienden, y muchas veces se ha buscado una receta común para todas ellas, como fue el tratar de darle una respuesta uniforme: la defensa de la infraestructura crítica. Esto viene desde los tiempos del gobierno anterior, cuando se vivió el estallido social y desde el Ministerio del Interior de entonces, se propició esta medida a fin de liberar personal policial que se afirmaba custodiaba dicha infraestructura y así poder aumentar el contingente en las ciudades. Sin mayores innovaciones esa apreciación se ha prolongado hasta nuestros días.
Estrictamente las diversas mafias y las diversas orgánicas mapuches radicales no tienen mayor interés en atentar contra la infraestructura crítica, pero sí poseen un rasgo común: interés por el control territorial. Las mafias, al controlar territorio pueden ejercer una soberanía silenciosa sobre la población y cobrar por ello. Las orgánicas mapuches radicales controlando territorio demuestran su afán de reconocimiento a su aspiración autonómica.
En suma, el principal objetivo estatal ha de ser el recuperar el pleno control de nuestro territorio y así devolverles la paz y la seguridad a todas las familias chilenas.
¿Cómo enfrentar la crisis?
Nuevamente, una gran pregunta, aunque ayudaría más reformularla: ¿cómo no enfrentar la crisis?
Primero, si la amenaza de la violencia afecta a la nación, a la población y a la institucionalidad, lo que menos ayuda es transformar este desafío en un punto de confrontación entre la población, entre las elites, y meterla al debate político contingente, y peor aún, al electoral.
Segundo. Si queremos una respuesta exitosa debemos entender que el Estado necesita el concurso de la sociedad. Ayudaría enormemente que las elites (entiéndase partidos, parlamentarios, comunicadores) construyesen una mirada común de cómo enfrentar la crisis. Pero además se requiere el concurso de la población y sus organizaciones, por muy eficiente que sea una policía, si carece de apoyo en la sociedad civil, será muy difícil su tarea.
En este camino en los últimos días hemos conocido de buenas señales, desde agrupaciones empresariales hasta la CUT han manifestado su disposición a concordar una mirada común frente a esta amenaza y han comprometido su concurso.
Y en tercer término, si además de las organizaciones de la producción y del trabajo se sumasen los gobiernos locales (municipios y gobernaciones) sería posible construir puentes y miradas compartidas que apoyen y fortalezcan el quehacer de las instituciones del Estado.
Vías de mejoras: no todo requiere una nueva ley
La crisis de seguridad interior ha escalado a niveles que pocos vaticinaron y por cierto, nadie quiere. Es necesario afinar la mirada y reforzar la voluntad. Corregir lo que haya que corregir, reforzar lo que haya que reforzar. Pero, sería un error hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes.
Ahora bien, no todo requiere una nueva ley, y aunque algunas iniciativas son evidentes, con realismo tenemos que asumir que aunque se aprobasen mañana mismo, sus resultados serán a mediano plazo o largo plazo. Ejemplo de ello: construcción de nuevas cárceles. O qué decir sobre la creación de un nuevo ministerio.
Aquí se requiere de manera urgente mejorar nuestro sistema de Inteligencia; es indispensable, y, en especial, la inteligencia policial, sin dejar de lado el apoyo y colaboración de inteligencia de otros organismos estatales y la colaboración internacional y regional.
Mención aparte: ¿qué ocurre con la investigación sobre los tres carabineros asesinados y quemados en Cañete? Ya cumplimos tres meses sin conocer avance alguno sobre el caso. Hay que impedir que se instale la idea de impunidad.
Al tratarse de un desafío regional, por cierto, existen experiencias a las cuales podemos acudir, en busca de cooperación y apoyo mutuo. Al respecto, destaco la experiencia de Colombia, algunos dirán que siguen existiendo grandes focos de violencia, pero es evidente que son menores a aquellos de su pasado reciente. Pensar en un acuerdo multilateral sería lo mejor; sin embargo, es irrealista ya que cada país avanza a diferentes velocidades y se enfrenta a magnitudes distintas. Por tanto, es recomendable explorar una cooperación bilateral según corresponda.
Experiencia de Estado
Recurrir a la experiencia incluye a los equipos de trabajo a cargo de la gestión de la crisis. Pienso en exfuncionarios como Mahmud Aleuy, cuya mirada podría ser muy valiosa, o José Antonio Gómez, sólo por nombrar algunos que confío podrán ayudar a enfrentar adecuadamente este desafío nacional.
Y cuidado: así como creció la violencia y la delincuencia organizada, también puede empeorar. En otros países las mafias asesinan fiscales, alcaldes, periodistas y autoridades. Alguien me dirá que eso no pasa en Chile, pero no sé si alguien pueda afirmar que nunca pasará.
Por cierto, la experiencia indica que hay medidas prácticas que no requieren nuevas leyes, pero que ayudarían mucho. Por ejemplo, un exalto oficial me sugería algunas ideas como restringir temporalmente el comercio de armas, digitalizar la munición para poder hacerle un trazado, incluso reclutar a personal que haya servido en Haití, ya que, bajo la supervisión del Department of Peacekeeping Operations (DPKO) de la Organización de las Naciones Unidas, fueron entrenados -precisamente- en tareas de orden interno, cumpliendo un mínimo seis meses en cada misión y la mayoría de ellos sirvió durante varios períodos.
En consecuencia, y para finalizar, personal formado tenemos, chilenos y chilenas, con experiencia, madurez y mucha calle.
¡Vamos Chile que se puede!
