Gendarmería ha señalado en las últimas horas que ha iniciado un proceso sumarial para buscar responsabilidades funcionarias en quienes permitieron que el abusador de menores Eduardo Macaya (padre del ahora expresidente de la UDI) tuviese, en su paso por la cárcel de Rancagua, privilegios inaceptables.

Una situación inexcusable para alguien que entonces estaba a la espera de la ejecución de la pena de 6 años a la que se le condenó, por el delito más atroz de una sociedad: el abuso reiterado a menores de edad.

Pero, seamos claros, los privilegios que ha tenido Eduardo Macaya, empresario vitivinícola, no solo se generaron en Gendarmería de Chile.

Sus privilegios ya los tuvo cuando la justicia de la región de O’Higgins, le permitió evitar la prisión preventiva, pagando una millonaria fianza de 150 millones de pesos. Una cifra sideralmente inalcanzable para cualquier ciudadano de este país.

Avances legislativos

Legislativamente, en el Parlamento hemos avanzado en los últimos años con leyes más duras contra los abusadores de menores y pederastas; hemos avanzado en no permitir beneficios carcelarios para este tipo de delitos.

Y lo que es más importante, avanzamos en declarar este tipo de delitos contra menores, como imprescriptibles. Es decir, que pueden ser investigados, aunque hayan transcurrido 10, 20 ó 30 años o más desde que ocurrieron los hechos.

Avanzamos en hacer entender en nuestra sociedad que, si eres un niño o adolescente, menor de 18 años, y una persona de tu grupo familiar, de tu entorno, o donde quiera que esté ese menor realiza alguna acción que afecta sus derechos, sus derechos relacionados con la sexualidad (tocaciones o visibilización de genitales con amenazas o amedrentamientos), estamos en presencia de un delito de carácter sexual.

Por ello, es inconcebible que en este grave caso estemos en presencia de un bloqueo comunicacional sin precedentes de muchos medios que se autodenominan pluralistas, pero también un bloqueo político por muchos o muchas que han guardado un cómplice silencio.

Macaya hijo

Respecto a la situación de Javier Macaya, senador en ejercicio, quiero clarificar varias cosas.

Considero que ni él (ni ningún hijo) debe pagar por la responsabilidad de actos cometidos por sus padres (o viceversa). Comprendo el dolor que como hijo junto a su familia debe estar sufriendo, pero jamás debió salir defendiendo ni menos justificando las conductas impropias de su padre.

Señalar que “no fueron sus nietas” las acusadoras es pretender bajar el perfil a un caso grave, pues jamás debe importar la víctima ni su condición social. Es víctima en uno u otro caso.

Plantear públicamente que quienes hicieron las grabaciones lo hicieron sin el consentimiento de su padre Eduardo Macaya, es simplemente burlarse de la inteligencia de los chilenos: ningún pederasta daría el consentimiento para que le graben sus inmundos actos.

Ha sido el propio senador el que ha puesto en entredicho su permanencia como presidente de su partido. Sus dichos han sido de tal gravedad, que la propia candidata presidencial de su sector, Evelyn Matthei se ha visto obligada a señalar públicamente las últimas horas “que la defensa de los niños y niñas y adolescentes es intransable y que los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente”.

La UDI se ha manifestado en diversas ocasiones sobre los abusos a menores, condenando enfáticamente estos delitos y promoviendo políticas de protección a la infancia.

¿La actitud de su expresidente, implica que la postura de la UDI se basa entonces en función del acusado y sus vínculos de poder y estatus que posee?

Javier Macaya ha tenido que tomar una drástica decisión y hacer una opción: no se podía seguir con la defensa irrestricta de su padre y seguir dirigiendo a la UDI al mismo tiempo. La permanencia en ambas posiciones, no sólo era impresentable, sino que era absolutamente incompatible con el Chile actual, que ha suscrito acuerdos y tratados internacionales en protección de la niñez.

Sin duda, un retroceso incomprensible y peligroso, en este grave y repudiable caso, es que el actuar de algunas instituciones han dejado mucho que desear. De eso tampoco queda absolutamente ninguna duda.