Las cifras reflejan esta realidad: un estudio del Instituto Milenio de la Universidad de Chile reveló que en 2022 una de cada cuatro mujeres sufrió violencia intrafamiliar, mientras que la Encuesta de Violencia Intrafamiliar del COES mostró que las mujeres en pareja y aquellas con hijos padecieron más violencia psicológica, física y sexual que sus contrapartes solteras y sin hijos.
A pesar de esta alarmante realidad, sorprendentemente, el porcentaje de mujeres que denunciaron estos abusos ha disminuido, evidenciando el arraigo del problema y las barreras que enfrentan las víctimas para buscar justicia.
Cuando la violencia se convierte en maltrato habitual
Aunque inicialmente los casos de violencia intrafamiliar son atendidos por los Tribunales de Familia, que pueden dictar medidas de protección como órdenes de alejamiento y asistencia psicológica, cuando la violencia se convierte en maltrato habitual, el caso cambia de jurisdicción y pasa a ser tratado por la Fiscalía.
Esta declaración de incompetencia por parte de los Tribunales de Familia cuando la violencia es sistemática y mantenida en el tiempo, establece una diferencia crucial en la forma en que se abordan estos casos.
Antes, una denuncia por violencia intrafamiliar no tenía implicancias respecto a los hijos. Ahora, con la ley 21.675, al denunciar, el tribunal puede suspender la relación directa con el padre agresor. Esto representa un avance significativo en la protección de los menores y en el reconocimiento del impacto que la violencia puede tener sobre ellos.
A pesar de este progreso, considerar el maltrato habitual como un delito más grave puede tener un efecto doble. Por un lado, es positivo porque reconoce el daño infligido; por otro, puede intimidar a las víctimas y disuadirlas de denunciar por miedo a represalias. Además, la derivación del caso a la Fiscalía implica que las mujeres víctimas de maltrato habitual deben enfrentarse a un proceso judicial más complejo y prolongado.
En muchos casos, las víctimas ya están en una situación de vulnerabilidad extrema, tanto emocional como física, y el tener que atravesar un sistema de justicia penal que puede revictimizarlas añade una carga adicional de estrés y ansiedad.
Redes de apoyo, políticas públicas y legislación
Por ello, es crucial que los actores judiciales reciban una capacitación y sensibilización adecuada sobre la violencia de género. Aunque la derivación a la Fiscalía puede implicar una respuesta más contundente, fiscales, jueces y personal deben comprender la dinámica específica de la violencia de género y tratar a las víctimas con la empatía y el respeto que merecen.
Fortalecer las redes de apoyo para las mujeres en estas situaciones es indispensable. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que los femicidas tenían órdenes de alejamiento y aun así mataron a sus exparejas? Los programas de protección y asistencia deben ser integrales, abarcando la seguridad física, apoyo psicológico, social y económico. La autonomía y empoderamiento de las mujeres son esenciales para romper el ciclo de violencia.
Es vital también contar con políticas públicas efectivas y una legislación robusta que contemple todas las dimensiones de la violencia de género. La coordinación entre los Tribunales de Familia y la Fiscalía debe ser eficiente, asegurando que la derivación de casos no implique demoras injustificadas ni la pérdida de protección para las víctimas.
Reconocer el maltrato habitual como un delito penal es un paso necesario, pero la sociedad en su conjunto debe asumir un rol activo en la erradicación de la violencia de género. La educación y sensibilización desde temprana edad son fundamentales para cambiar las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido podremos crear un entorno seguro y justo para todas las mujeres.