A siete meses del debate nacional e internacional que suscitó la columna que publiqué el 8 de enero de este año, sobre la invitación cursada a Peso Pluma para cantar en Viña del Mar, las marejadas se han retirado y asoman los resultados del debate. La discusión no ha resultado estéril.
Se han producido diversas consecuencias de la discusión continental. Indudablemente lo más concreto ha sido el dictamen de la Contraloría General de la República de Chile, emitido el 9 de julio desde el gabinete del Contralor General.
Hay que señalar que en el Congreso se han presentado diversas propuestas que se están canalizando en proyectos de ley para normar de manera precisa la relación cultural con el narcotráfico y las expresiones relativas al crimen organizado y al uso de armas.
Es evidente que hay notorias posibilidades de generar un artefacto legal inadecuado, pues cuando se enfrentan principios valorativos y jurídicos, su síntesis es compleja. La libertad de expresión, la tematización de realidades sociales, la autonomía del arte; todo ello está de un lado. Por el otro, se ha de considerar en detalle si estos principios anteriores (fundamentales) no tienen acaso matices legítimos, es decir, si hay otros principios que son esenciales.
Por mi parte, en la columna de enero, hice clara alusión a la existencia del principio de primacía de la razón derivado de las leyes sobre la administración pública: el Estado no puede ocupar recursos para una medida y su contraria (castigar el narcotráfico y promoverlo a la vez), y el Estado solo puede hacer aquello para lo que está mandatado con los bienes y fondos públicos.
Los principios que fundan el Estado y los principios que dan textura a las relaciones en sociedad deben ser ponderados en su conjunto. Frente a esto la Contraloría General de la República ha presentado un dictamen que condensa su perspectiva sobre el particular. El texto entrega (con claridad meridiana) una visión muy completa del asunto y concluye en la dirección de lo planteado en mi columna (por supuesto, con un soporte jurídico del que carezco y con una claridad que se agradece). Veamos el dictamen.
1. Primera consecuencia de la polémica Peso Pluma: Dictamen de la Contraloría
En términos generales el documento plantea, apoyándose en la jurisprudencia administrativa de la misma Contraloría General, que de acuerdo con las normas que regulan la administración de los bienes del Estado, éstos solo pueden emplearse para el logro de los fines del órgano público al que pertenezcan o se encuentren afectos o, de manera excepcional y en casos calificados, en otros de interés general, aunque no sean los específicos de la respectiva entidad, siempre que su uso no entorpezca la marcha normal de ésta o respectiva entidad, siempre que su uso no entorpezca la marcha normal de ésta o signifique un menoscabo de la afectación principal de aquellos.
Se destaca, haciendo énfasis, que los bienes del estado solo pueden utilizarse en actividades que se enmarquen en los fines del municipio. Incluso la CGR se pronuncia sobre eventos como el día de la mujer, del niño, del padre y de la madre, respecto a los cuales se señala que no se pueden usar bienes o fondos públicos si el evento es una conmemoración de dichos días.
Es así como se aclara el panorama: los eventos financiados con recursos públicos no deben incluir mensajes que inciten al odio, la violencia, o que promuevan actividades delictivas como el tráfico de drogas o el uso ilegal de armas. Además, se prohíbe el uso de la imagen del alcalde o concejales en la publicidad de estos eventos para evitar el uso indebido de recursos públicos con fines personales o políticos.
La Contraloría también subraya que los fondos públicos deben ser utilizados de manera que promuevan el bienestar social y cultural de la comunidad, respetando los principios de probidad y juridicidad. La publicidad y difusión de estos eventos deben estar directamente relacionadas con las funciones municipales y no desviarse hacia la promoción de figuras políticas o mensajes que contravengan las leyes y tratados internacionales ratificados por Chile.
La existencia de este instructivo permite desechar de plano la existencia de una subsiguiente polémica para cualquiera de los festivales públicos de Chile. Ya queda claro que no es posible usar recintos públicos o eventos de propiedad del Estado para dar espacio a quienes plantean una reivindicación cultural a los delitos.
Las decisiones son responsabilidad las autoridades públicas
El planteamiento tiene consecuencias, unas muy claras y otras derivadas y que plantean temas de peso.
Por un lado, queda zanjado el asunto. Para decirlo en simple, nunca se debió invitar a Peso Pluma.
Por otro lado, plantea un desafío para la forma de toma de decisiones en los festivales. Por ejemplo, en el Festival de Viña el Comité Organizador que debía definir qué hacer ante la polémica, estaba constituido por dos canales y televisión y el municipio, representado por la alcaldesa y algunos funcionarios (concejales y otros).
La decisión de qué hacer fue tomada por actores que no tenían que cumplir los mandatos propios de una institución pública, es decir, estas decisiones deben quedar siempre bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades públicas.
En este caso, la alcaldesa no debía preguntar a los otros actores, sino que debía actuar en torno al derecho ya existente. Y es que lo que la Contraloría señala es muy prístino: las leyes que permitían proceder adecuadamente ya existían.
Eso sin perjuicio de que depurar y afinar el marco legal pueda ser sumamente pertinente, como se está revisando en el Congreso Nacional, lo que es claro es que el respecto a las principales normas fundantes del derecho público suponen una total claridad para efectos de la polémica que se dio en enero y febrero de este año, momento en el cual la organización del festival porfió y llegó a argumentar que defender la participación de Peso Pluma era defender altos principios.
Es así como en el primer comunicado luego de la columna se dijo que el Festival de Viña “no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación”.
Hoy la Contraloría General de la República incluso enmarca el asunto en las leyes sobre discriminación, pero no para decir que Peso Pluma es víctima, sino para advertir respecto a los contenidos en los recitales, pues si incluyen discursos de odio u hostilidad, pueden ser actos de discriminación.
2. Segunda consecuencia del caso Peso Pluma: modificaciones en la ruta del artista
Diversas modificaciones, casuales o no, se han desenvuelto en la carrera de Peso Pluma durante este año. Se resumen en:
• Cantidad de conciertos.
• Lugar de los conciertos.
• Cambio de look.
• Nueva narrativa asociada al disco “Éxodo”
Ahora Peso Pluma es más profundo
Veamos los datos. En 2023, Peso Pluma realizó un total de 54 conciertos. La proyección para 2024 supone 35 conciertos en Norteamérica como parte de su gira “Éxodo”. En 2023, Peso Pluma realizó conciertos en cinco países diferentes: México, España, Argentina, Chile y Colombia. Esta diferencia muestra una reducción significativa en la cantidad de países visitados en 2024 en comparación con 2023, concentrándose principalmente en Norteamérica durante su gira “Éxodo”.
Hasta el mes de junio de 2024, Peso Pluma había realizado un total de ocho conciertos como parte de su gira. Estos conciertos tuvieron lugar en Chicago, Minneapolis, Milwaukee, Indianapolis, Detroit, Toronto, Montreal y Nueva York. Este fin de semana correspondían conciertos en Austin y Dallas.
La gira de Peso Pluma se llama “Éxodo” en referencia a su nuevo álbum homónimo, coherente con sus títulos ‘cristianos’ para sus discos (el anterior era “Génesis”). El disco, como es obvio, aunque se presentó en 2024 y con la polémica de por medio, no contiene las modificaciones eventuales que quizás hará en el futuro Peso Pluma: hay corridos bélicos y no es un disco pasado por la lavadora. Al menos cuatro temas son narcocorridos y hay diversas menciones a líderes del narcotráfico en distintas canciones.
Pero sí hay diferencias profundas respecto al discurso que lo acompaña en la relación con la prensa: la narrativa central es algo así como el existencialismo del artista, pues ahora Peso Pluma es más profundo y quiere responder a sus críticos.
Como me señala una fuente que ha dialogado con los productores del disco, “la temática del álbum y la gira busca representar un viaje de transformación y evolución personal y artística, simbolizando una salida de su antigua imagen hacia una nueva etapa en su carrera”. Además ingresa en una narrativa propiamente artística: la autenticidad. Cada artista recorre un camino, que no es sino el de la identidad. Peso Pluma se encontraría en ese camino.
El cambio de look de Peso Pluma ha sido ampliamente comentado desde que se produjo en junio de 2024. Peso Pluma ha pasado a un corte de pelo más convencional, corto y estilizado. El corte anterior tiene tradición en la estética punk y va acompañado de una cierta orientación de resistencia y perspectiva contracultural.
El corte actual es normalmente denominado ‘libro’ (línea al medio) y se considera un corte conservador. Lo propio ha realizado a nivel de vestuario y todo el giro de la estética tiene una orientación de oscuridad y perspectiva más apocalíptica, saliendo de la lógica del ‘festejo narco’ que muchas veces caracterizaba a sus presentaciones.
— Peso Pluma 🥷🕸️🕷️ (@ElPesoPluma) June 21, 2024
3. Tercera consecuencia del caso Peso Pluma: proyectos de ley
En la actualidad hay dos proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional relativos al tema y que fueron resultado del debate público. Uno es del diputado Gaspar Rivas y el otro es de la diputada Francesca Muñoz.
En ambos casos las propuestas de norma son bastante simples, lo que es un defecto cuando se trata de problemas complejos. Ante el dilema entre la libertad de expresión y el derecho del estado a limitar la exposición pública de ciertos mensajes, sencillamente ambos proyectos deciden otorgar radicalmente mayor peso a la posibilidad de censura.
Esto supondría que Chile debiera regular que los medios de comunicación y las plataformas para que estos no puedan reproducir en Chile los contenidos de la narcocultura (entre otros contenidos). En este punto me parece que hay dos discusiones que parecen la misma y no lo son.
a) La discusión respecto al derecho de emitir opiniones libremente frente al derecho del estado de regular los mensajes según su pertinencia o legalidad.
b) La discusión respecto al derecho a emitir opiniones libremente frente a la obligación del estado sobre el uso de sus bienes y las restricciones que impone el derecho administrativo.
Respecto al punto ‘b’, ya lo ha zanjado la Contraloría General de la República. Respecto al punto ‘a’, el debate merece mayor profundidad. Esperemos que se produzca ese debate en el Congreso Nacional.
Una observación final sobre la academia
En este debate, la academia ha expuesto una conducta irreflexiva y esquemática. Básicamente las exposiciones de académicos sobre esta polémica han surgido cerrando filas con la idea de una ‘cultura de cancelación’, con la idea de una presunta censura y con la (también presunta) intervención de la política en el arte.
No fue frecuente que las áreas o departamentos que enseñan asuntos de gobierno en las universidades, que forman administradores públicos, se pronunciaran sobre esto. Más bien mantuvieron un total silencio.
¿Qué mejor que esta polémica para discutir sobre los limites de la acción dentro del estado? Mientras estas áreas de formación, orientadas a funcionarios públicos, no destaquen por sus propuestas de políticas públicas, por la discusión pública de soluciones estatales, mientras no se pronuncien reflexivamente sobre dilemas relevantes; el rol de esas entidades y de su formación no estará a la altura que es necesaria.
El mundo académico debe tener una capacidad de observación mayor a sus propias incapacidades. Ya tenemos que acostumbrarnos a los académicos que llegan a presentar libros que no se leyeron, que creen que una columna de un académico puede ser simplemente una opinión, que atacan a los colegas antes de saber de qué se está hablando. En fin, todo un conjunto de prácticas impropias de alguien que ha de honrar el código de conducta de un académico, que juzga y debate sobre aseveraciones y no sobre personas, que lee lo que está discutiendo y hace un esfuerzo por entenderlo en profundidad antes de pronunciarse.
En cualquier caso, la polémica sobre el caso Peso Pluma continúa su camino, sin haber terminado. La relación de la narcocultura con el estado es indudablemente un asunto que seguirá siendo problemático. Hay periodistas en México que sostienen que la gira centrada en Estados Unidos para 2024 tiene relación a que el artista habría abandonado las relaciones con el narcotráfico y que eventualmente podría haber colaborado con servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Es improbable que podamos distinguir claramente la fábula de la realidad en este asunto, pero en cualquier caso sí es claro que observar la evolución de este artista y de otros que comparten una misma escena musical, permite vislumbrar una dimensión en medio de los enormes dilemas que afrontan los países y la comunidad internacional a la hora de reducir el tráfico ilegal de drogas.
