Señor Director:

La columna de opinión de Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace, publicada por su medio el 15 de julio, profundiza mi preocupación por la falta de objetividad que han demostrado algunas ONGs ambientalistas, lo que se ve reflejado claramente en dicho artículo.

La columna está plagada de información falsa, de imprecisiones y generalizaciones.

Por ejemplo, se afirma que la industria salmonicultora ha recibido millonarias subvenciones estatales, lo cual es completamente falso, y se hace una descripción sensacionalista y distorsionada de la realidad en el sur de Chile.

Por ejemplo, la Ley Navarino a la que hace referencia, fue una forma de fomentar, hace casi 50 años, la generación de actividad pesquera en la Provincia de Tierra del Fuego, donde se produce menos del 3% del salmón. No fue concebida como un subsidio a la salmonicultura como ella lo plantea, sino que a la pesca en general.

Sostiene también que siempre que se levanta una piedra hay problemas en la industria. Sin embargo, la evidencia sugiere algo muy distinto: solo un 0,1% de las 12.500 fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la última década han terminado en procesos sancionatorios.

La Sra. González conoce esta información, y también la realidad de nuestro Centro Cholga al que hace referencia, y muestra su mala fe al asegurar una sobreproducción intencionada que sabe que no es real.

Estas prácticas de difamación y desinformación, perpetradas por ONGs de corte ambientalista radical como Greenpeace, ponen de relieve el considerable poder de desinformación que estas organizaciones desarrollan, operando sin el debido control, ni escrutinio público.

Ante eso, es válido preguntarse, ¿a qué intereses responden realmente estas ONGs? Estas entidades operan con millonarios recursos financieros cuyo origen ocultan deliberadamente.

¿Por qué estas organizaciones, que afectan directamente a nuestra industria, a nuestros colaboradores y proveedores, no divulgan la procedencia de sus fondos?

Es imperativo que se discuta una ley que regule y exija la rendición de cuentas y transparente a quienes financian a estas ONGs. Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la responsabilidad en todas nuestras operaciones, y solicitamos al mundo político que se les exija a las ONG operar con la misma lógica.