Con un país dividido tras dos fallidos proyectos constitucionales y una fragmentación de fuerzas políticas, nos encontramos en un contexto de crisis migratoria y con la irrupción de nuevas formas de criminalidad organizada. Actualmente, operan 18 bandas criminales extranjeras en territorio nacional, involucradas en secuestros, extorsión a comerciantes y comercio sexual infantil.

Además, la crisis en la implementación de la nueva institucionalidad de protección ha generado largas listas de espera para niños en el sistema. En 2023, estas listas superaban los 24 mil casos y hoy se acercan a los 40 mil niños, niñas y adolescentes. A esto se suman 225 menores del sistema residencial con órdenes de búsqueda, con hacinamiento en dichos centros.

Falta de políticas públicas coherentes

La pandemia dejó graves efectos, como el aumento de la exclusión escolar. Según el Centro de Estudios Acción Educar, la deserción llegó a 198.064 estudiantes que perdieron más de la mitad del año escolar, la mayoría de ellos de enseñanza básica. A esto se suma que una gran parte de la población infanto-juvenil ha sufrido efectos negativos en su capacidad para socializar.

Además, enfrentan una tóxica relación con internet y las redes sociales que los hace vulnerables. Recordemos también, que el delito de producción, almacenamiento y distribución de pornografía infantil ha tenido un aumento significativo. Este incremento se debe a la existencia de consumidores: pedófilos. Todo esto evidencia la ausencia de una política pública coherente en este sentido.

Niñez y adolescencia: víctimas de la violencia creciente

Según estadísticas del DAC de Carabineros, en octubre de 2022 teníamos cerca de 70 mil NNA como infractores de ley y/o vulnerados en sus derechos, y más de 15 mil niños y adolescentes que habían sido detenidos por delitos de mayor connotación social desde el año 2020.

El 55% de los detenidos por robo de vehículos registra al menos dos arrestos previos, un 42% de ellos, detenidos por robos de vehículos, 24,5 % en robos con intimidación, y un 12,5% en robos por sorpresa. A eso tenemos que sumar que la crisis que provocó el estallido social normalizó la violencia y el desapego por la normatividad.

El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile de 2023 reveló que la tasa de homicidios de niños menores de 18 años creció de un 4,4% en el año 2018 a un 5,4%.

Ese porcentaje se traduce en que 66 niños fueron víctimas de homicidio el año 2023, en relación a los 54 niños fallecidos el año 2022. Es decir, la tasa de victimización infantil y juvenil creció un 22,2%, en circunstancias que disminuyó a casi un 6% el total de homicidios a nivel nacional, tal como fuera anunciado en el mensaje presidencial.

Estas cifras nos develan que el costo de la violencia hoy en día lo están pagando los niños, niñas y adolescentes.

Bandas que reclutan a niños y adolescentes

En Chile se estiman en cerca de 60 mil las armas en el mercado ilegal, una cifra conservadora. ¿Qué estamos haciendo para sacarlas de circulación? Se han realizado operativos muy efectivos por la autoridad pero la magnitud del problema es superior.

Según la Fundación San Carlos, 4 de cada 10 niños que mueren son víctimas aleatorias de los delitos. ¿Cuál es la cifra respecto del origen de los victimarios que maneja la autoridad? ¿Tenemos esa cifra? ¿La dieron a conocer?

Necesitamos desarrollar herramientas y acciones para la seguridad de nuestra población. Estas deben comenzar en el territorio, que está siendo tomado por las bandas y el narco-tribal. Es esencial desarticular a las bandas que están reclutando niños y adolescentes. Debemos desincentivar estas acciones persiguiendo penalmente a quienes reclutan menores.

Es urgente desincentivar la participación de niños y adolescentes en la organización de estas bandas. Necesitamos políticas públicas destinadas a proteger la familia y los barrios. Debemos favorecer la reinserción en el sistema escolar y fortalecer la familia como el principal núcleo de desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Programas basados en evidencia, como “Familias Unidas”, han mostrado resultados positivos en la problemática de consumo de drogas. También programas como “La Esquina” de Paréntesis, que apoyaban y brindaban atención especializada a adolescentes infractores de ley y a sus hermanos, han sido efectivos para romper el círculo de exclusión.

Es imprescindible contar con protocolos de trabajo para infractores de ley. Actualmente, no existen estos protocolos para la instalación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

recuperar los territorios tomados

Necesitamos recuperar los territorios con estrategias que neutralicen el involucramiento delictivo de niños, niñas y adolescentes, y eviten la glorificación de la narco cultura, porque casos como el de Romagang son sólo un reflejo del uso malicioso que se le puede dar a las redes sociales para obtener validación.

Necesitamos promover la creación de espacios cívicos de desarrollo de habilidades educativas, culturales, sociales y recreativas. Recuperar los espacios que busquen reafirmar el rol pro social, pensando en el bien común.

Poco se habla de que como país entramos en un estado de anomia, porque cada día se hace más evidente que existe un desorden social, donde día a día se incumplen las normas, donde la desconfianza en la institucionalidad se transformó en una realidad precedida de la sensación de injusticia. Las leyes rigen pero no se obedecen. En un momento se olvidó que las leyes deben imperar porque son garantía para el más débil frente al más fuerte.

Necesitamos desplegar el accionar del Estado para prevenir y neutralizar la injerencia negativa que tienen estos grupos en una parte de la población, donde los niños son meros imitadores de conductas de adultos. Para ello hay que realizar modificaciones legislativas y reglamentarias.

Pregunta, ¿qué estamos haciendo como adultos por la niñez?

La crisis es de tal naturaleza que si no actuamos hoy, la realidad nos terminará por sobrepasar mañana. Esto implica actuar con decisión declarando la niñez en estado de catástrofe y haciendo uso de las facultades del artículo 17 de la ley de Garantías de la Niñez, porque el escenario actual es dantesco y merece ser abordado con enfoque de derechos en la niñez, poniendo en el centro el interés superior de los niños, niñas y adolescentes al tomar esta decisión, con sentido de urgencia, porque todos somos garantes de sus derechos, porque el problema es ahora, y porque “el futuro de los niños es hoy”.