Enviando corrección, espere un momento...
Si la discusión sobre el litio ha estado centrada, desde Pinochet en adelante, en acciones desde el gobierno (excluyendo al Congreso Nacional y dejando de lado la deliberación); en este gobierno esta tendencia ha sido más radical. Y se verifica fácil.
En la actualidad, hay dos pilares de la estrategia con la que Chile abordará su oportunidad de aprovechar los recursos del litio para sostener una estrategia de desarrollo. Los dos pilares en los que el estado de Chile está concentrando su acción son: el acuerdo entre CODELCO y SQM, por un lado; y la institucionalidad de los “CEOL”, que se refiere a los Contratos Especiales de Operación del Litio en Chile.
Estos contratos son acuerdos establecidos por el gobierno chileno con empresas privadas para la exploración y explotación de litio, dado que este mineral es considerado estratégico y, por ende, su explotación directa por privados está restringida.
La ley dice que no es concesible, entendiendo que esto implica que los mecanismos tradicionales que permiten hacerse de derechos mineros no concurren para el caso.
Sobre estos dos pilares Chile pretende construir su imperio
El litio es, de momento, la joya de la corona a la hora de observar la matriz de operación del futuro en el marco de la transición energética. ¿Puede cambiar ello? Muchos apuestan a eso. Pero de momento no ha ocurrido que existan muchas opciones alternativas al litio para efectos de la operación.
El litio reúne atributos como la alta densidad energética, es decir, su capacidad de almacenamiento de energía es superior a la de otras alternativas. Además, el litio es clave para que sus baterías sean más eficientes y rentables.
A esto se suma que las baterías de litio tienen tiempos de respuestas veloces a la hora de procesos de carga. Como si esto fuera poco, el litio es liviano y no genera entonces un aumento relevante del peso ya sea en dispositivos o vehículos.
Los minerales alternativos al litio suelen ser más bien compañeros de ruta que posibles reemplazos. Por supuesto, hay tecnologías que hoy se están desarrollando que podrían suponer reemplazos al litio: baterías de estado sólido, baterías de ion sólido, baterías de flujo redox, baterías de metal-aire y súpercondesadores.
Sin embargo, si las estructuras productivas actuales apuestan al litio, es altamente probable que esta tecnología dure mientras sea suficientemente eficiente y competitiva.
Esto tiene una consecuencia clara: la oportunidad de Chile es muy relevante. Y para que se aproveche, es fundamental que las acciones emprendidas tengan sólidos fundamentos.
¿Son los pilares de la política chilena del litio suficientemente sólidos hoy?
Para responder esto hay que fijar cuál debiera ser el objetivo de las políticas que rodean al ‘asunto litio’.
La cerrada caja del diálogo político
Cuando hablamos de una estrategia de desarrollo en torno al litio no hablamos solo de generar instituciones o sistemas que se hagan cargo de los desafíos de futuro. Lo más importante radica en saber cómo se están abordando dos desafíos:
– La capacidad de dotar a la industria del litio y su ecosistema de una capacidad de producir dinámicas de desarrollo estructural y,
– La capacidad de generar un mecanismo de aporte al financiamiento estatal con miras a la mejora de las capacidades estatales para cubrir gastos de apoyo social y lo que le toca en las estrategias de desarrollo.
Respecto a estos dos puntos debiera girar la discusión actual. Sin embargo, la decisión de cerrar la caja del diálogo político, concentrando todo el ámbito decisional en el gobierno y dejando, en la práctica, completamente fuera de juego cualquier discusión; es un potencial factor de inestabilidad de la estrategia asumida. Me permito explicarlo a continuación.
El gobierno de Gabriel Boric decidió dos cosas:
1. Mantener el sistema de Contratos Especiales de Operación del Litio y su régimen no concesible. Este último criterio proviene desde 1979 cuando el gobierno de Pinochet decidió dotar de mayor regulación al litio por los posibles usos nucleares del mismo, motivo por el cual la supervisión quedó en la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
La creación del los CEOL se produjo específicamente en el gobierno de Michelle Bachelet cuando, en el año 2016, se avanzó hacia un mecanismo que resolviera procedimientos para normalizar la operación más allá de los operadores tradicionales que provenían desde antes de que fuera no concesible el litio: SQM y Albermarle.
2. Establecer una nueva etapa del acuerdo entre CORFO y SQM, que comenzó con el contrato de arrendamiento de 1993 y que tuvo su siguiente etapa en 2016, para terminar con el acuerdo de diciembre de 2023.
Estas dos líneas de trabajo pueden ser correctas o equivocadas, pueden requerir matices más o matices menos; pero el problema central no es ese. El problema es que nadie sabe si son correctas, nadie tiene claro (con informes y condiciones adecuadas de argumentación) si se trata de un camino apropiado para el desarrollo de Chile.
Una cierta imagen de estrategia
Toda la discusión se ha dado, al mismo tiempo, con retraso y apuro. ¿Cómo es posible esta contradicción? Porque la premura apareció recién a fines del año pasado cuando desde el gobierno se optó por asumir que el mundo no sonreía para los planes de una empresa nacional del litio y se decidió avanzar por un camino muy simple: obtener recaudación rápida para el Estado y sostener una cierta imagen de estrategia.
Es posible entender la premura respecto al financiamiento, ante las dificultades de financiar el funcionamiento del estado, cuyo gasto social ha crecido significativamente desde la creación de las políticas de ingreso mínimo para los hogares (incluyendo PGU).
Pero la política aguanta muchos problemas técnicos y de fundamentación. Cuando todos están de acuerdo, no hay problema.
¿O sí puede haber problema?
La política tiene una dimensión de vasos comunicantes. Y la clave está en el nivel de politización de una discusión. Cuando ello ocurre, cuando se abre un debate significativo socialmente (se politiza), entonces aumenta la presión y las pequeñas heridas se agrandan y generan efectos relevantes en el escenario.
¿Cómo saber el grado de solidez del proceso?
Al respecto, toda la negociación que ha acontecido tiene varios puntos débiles, que no se han convertido en problemáticas por lo que llamaremos el ‘silencio activo’, esto es, la política del grueso de los actores de asumir que es mejor no tocar el tema y dejar que la inercia (y el polvo del tiempo) tape los errores cometidos y se olviden las conveniencias más culposas de cada cual.
Pero, ¿qué pasa si las fisuras comienzan a notarse?
Para saber el grado de solidez del proceso hay dos claves: la posición de las comunidades involucradas en los proyectos, con derechos preferentes en términos jurídicos; y la posición de la opinión pública.
Respecto a lo primero, en junio de 2024 se acogieron a tramitación recursos de protección de las comunidades de Camar y Coyo. Esto ha generado alarma en el gobierno, pues es un camino que, de proliferar, al menos retrasará los procesos.
Respecto a lo segundo, esto es, en relación a la opinión pública, hay cientos de académicos que han planteado dudas respecto a los niveles de protección de los salares. Pero hay algo más importante.
¿Qué opina la ciudadanía?
La encuesta Cadem, a inicios de 2024, mostró resultados alentadores para el acuerdo entre CODELCO y SQM. Según el sondeo, alrededor del 65% apoyó el acuerdo (considero el conjunto de preguntas sobre el tema). Si ese resultado es correcto en el momento de la medición, es posible señalar que ese apoyo ha ido mermando.
En la última encuesta LCN, que dirijo, los resultados son muy diferentes. Respecto a inicios de 2024, hablamos de una reducción de más de diez puntos de aprobación.
Como vemos en el gráfico, un 51% está de acuerdo y un 49% está en contra. Un escenario de 50/50 es bastante distinto y su administración es más difícil. Esto, en años electorales, habiendo una tendencia a la baja, abrirá muchos apetitos.
Además, solo el 36% considera que fue un acuerdo que se sustenta en una mirada técnica, mientras casi el 50% apuesta por asumir que fue un acuerdo político. En este grupo pasa algo interesante: más del 30% de quienes asumen que fue un acuerdo político, aprueban la idea. Es decir, no se solapa por completo la consideración de un acuerdo político con la crítica al acuerdo. Esto hace todo más difícil, pues abre la oportunidad de mayor crecimiento del descontento.
Entonces, tenemos un escenario que empeora en la sostenibilidad del actual escenario del litio cuando miramos la opinión pública. Pero quizás el sistema político está suficientemente higienizado de posibles contaminaciones. ¿Es así?
La verdad no.
El sistema político no ha tenido un rol en este tema y, por ello, no tiene compromisos adquiridos. La tesis del gobierno fue cerrar la negociación en un solo lugar, sin importar protocolos o requerimientos de transparencia. Si la discusión sobre el litio ha estado centrada, desde Pinochet en adelante, en acciones desde el gobierno (excluyendo al Congreso Nacional y dejando de lado la deliberación); en este gobierno esta tendencia ha sido más radical. Y se verifica fácil.
Cierre de la discusión pública y política
En términos generales, los asuntos concernientes al litio han tenido lugar con la participación del Ministerio de Minería, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), el Ministerio de Energía, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Se puede agregar a este listado al Ministerio del Medio Ambiente a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que supervisa y aprueba los estudios de impacto ambiental necesarios para los proyectos de explotación de litio.
Todos estos procesos fueron derivados a un actor que no está en la institucionalidad, que es CODELCO.
Si ya con la estructura legal había un cierre de la discusión pública y política, concentrando la potestad en el gobierno; éste a su vez saca la discusión de sus ministros y delega a un funcionario de una empresa estatal toda la discusión. Es decir, el debate ni siquiera se dio en el espacio de la política.
El gobierno debió blindar este proceso, haciendo una discusión nacional y generando un acuerdo político que ratificara en el Congreso Nacional una medida de este tipo. Eso garantizaba que nadie se saliera de la fila y que la fortaleza del proceso fuera suficiente.
Pero no fue lo que hizo.
Decidió apresurarse (luego de haber dejado el tema de lado al principio del gobierno) y generar un clima que invita a no hacer ruido, pues todos pueden perder.
Es comprensible que el gobierno haya considerado la importancia de la recaudación temprana, pero es evidente que la crisis de Chile desde 2011 en adelante, crisis que vio nacer estos liderazgos o, mejor dicho, crisis que procuró estos liderazgos; se trata de una crisis de legitimidad que exige mayor prolijidad a las actuaciones políticas.
Considero, en este sentido, lógico, que el gobierno pusiera metas de recaudación para su funcionamiento, pero sobre ello los avances y políticas nacientes deben tener sustento para mostrar que la estrategia nacional del litio existe y que está vestida y bien vestida.
Pero el intempestivo -y todavía desconocido- proceso que llevó a vestir las rutas del acuerdo con SQM y la convocatoria internacional a los CEOL, demuestran que el vestuario no está completo.
Un viejísimo refrán, de origen aristócrata, decía “vísteme despacio que tengo prisa”. Perfectamente es una frase que podría haber dicho la estrategia nacional del litio.
