Como bien dice el refrán, "no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague". Una frase que refleja a la perfección la compleja situación que atraviesa actualmente el sector eléctrico en Chile.
Como una consecuencia de la normativa que busca transparentar los precios de la luz tras varios años de congelamiento por pandemia, las alzas previstas en las tarifas eléctricas son una preocupación que sigue aumentando con las semanas y los días.
El último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, ha añadido más contexto a esta problemática. Aunque se espera un crecimiento del PIB entre 2,25% y 3% para este año, también se proyecta un repunte significativo de la inflación, el que, según la entidad, está directamente relacionado con el descongelamiento de las tarifas eléctricas.
Incremento del impuesto verde y descarbonización
Las propuestas actuales para abordar el problema, como el incremento del impuesto verde sobre las emisiones de carbono, han generado opiniones divididas debido a sus potenciales efectos sobre el plan de descarbonización, particularmente en lo que respecta a la seguridad del sistema, que podría verse afectada por el cierre prematuro de las centrales a carbón.
Sin embargo, esta medida sigue siendo una herramienta valiosa si su implementación es repensada para que el impuesto verde no solo sea visto como un medio para generar ingresos públicos, sino también como un instrumento para impulsar la transición hacia energías más limpias y eficientes.
Financiamiento y eficiencia en las tarifas eléctricas
Un incremento gradual del gravamen sobre las emisiones de CO2 es una buena alternativa que puede vincularse directamente con el financiamiento de subsidios para las tarifas eléctricas. Uno que asegura que los recursos tengan un destino claro y beneficioso para los consumidores y que estos se distribuyan de manera eficiente y equitativa, priorizando a las familias de menores ingresos y a las regiones más afectadas por los costos energéticos, como serán los casos de Valparaíso y Atacama.
Es crucial que el Estado asuma la responsabilidad de este desafío y demuestre un mayor compromiso con la racionalización y priorización del gasto público, sobre todo cuando se trata de la gestión de recursos destinados a áreas de gran relevancia social, como la energía. Sólo así podremos enfrentar de manera efectiva este desafío y promover, al mismo tiempo, una transición hacia un sistema energético más sostenible y justo.
