En materia de transporte público, Chile presenta dos realidades muy distintas: Santiago y el resto del país.
En la última edición del Índice IESE Cities in Motion (ICIM) 2024, Santiago de Chile fue coronada como la ciudad más inteligente de América Latina, ubicándose en el puesto 91 a nivel mundial.
El caso de Santiago
Este prestigioso ranking, elaborado por el Centro de Globalización y Estrategia del IESE de España, considera 9 dimensiones de 183 ciudades de 92 países. Incluye la movilidad y el transporte, y Santiago se posiciona en el lugar 44, superando a ciudades emblemáticas como Lisboa (63), Praga (45), Ottawa (64), y Berna (60), entre otras.
El informe destaca que, en 2017, Santiago emprendió una ambiciosa iniciativa al presentar un proyecto al Fondo Verde para el Clima, con el propósito de electrificar el 25% de su flota de autobuses públicos para el año 2025.
Esta meta no solo fue alcanzada, sino superada antes de lo previsto: en 2023, el 30% de los autobuses de la capital chilena eran eléctricos, es decir, cerca de 7.000 unidades.
Además, Santiago, con una población de más de 8 millones de habitantes, cuenta con un sistema integrado que incluye 7.000 buses, 7 líneas de metro, 143 estaciones, 226 kilómetros de línea, un tren de cercanías y un medio de pago único e integrado.
La ciudad también cuenta con una red de taxis básicos y colectivos, ciclo vías, alquiler de bicicletas y un alto porcentaje de hogares con bicicletas. Todo esto, posiciona a Santiago como un referente en Latinoamérica.
Sin embargo, este logro se ve amenazado por la fragilidad del sistema, ya que, según los medios de prensa, al menos tres operadores de las siete líneas de buses enfrentan serios problemas financieros, con márgenes operacionales negativos y pérdidas mensuales de alrededor de $1.000 millones. Además, existe una evasión que supera el 40%, con un monto estimado de más de $1.000 millones de dólares el año pasado.
Es crucial abordar urgentemente esta situación para mantener y mejorar un sistema que beneficia a millones de santiaguinos.
Y el resto del país
En cuanto al transporte público en el resto del país, la situación es muy diferente. En general, no existe integración entre buses ni con otros modos de transporte, excepto en casos específicos como el Metro Regional de Valparaíso y el sistema Biovías en el Gran Concepción.
La flota en regiones es antigua. Hay pocas excepciones de buses eléctricos, y los conductores enfrentan condiciones laborales deficientes, lo que se refleja en la calidad del servicio.
En muchas ciudades, los taxis colectivos y las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Didi han ganado terreno, mientras que la regulación ha comenzado a abordarse recientemente con el reglamento de la Ley N°21.553.
Aunque se han implementado algunas medidas para mejorar el transporte público en regiones, como la renovación de la flota e incorporación de buses eléctricos en ciudades como Antofagasta y Rancagua, aún queda mucho por hacer.
Es necesario aumentar la intermodalidad mediante mejoras en la infraestructura, como vías elevadas, tranvías y ciclovías. También urge mejorar la accesibilidad y la seguridad vial. Esto permitirá una equidad en los servicios de transporte público en regiones, mejorando la calidad de vida y avanzando hacia ciudades más inteligentes que sean referentes latinoamericanos, como lo es Santiago.
