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Chile, tras los desequilibrios macroeconómicos de la post-pandemia, se abre a un periodo de estabilización de su economía. Algunos signos de este cambio se pueden observar en diferentes indicadores.
Por ejemplo, el desempleo se contrajo un 0,2% en abril, la inflación vuelve a su tendencia en torno al 3%, se reduce la percepción del riesgo país a su nivel más bajo desde 2018 y en las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de distintos organismos.
El Banco Central sitúa su proyección en un 2,7%, acercándose a las proyecciones del Ministro de Hacienda, Mario Marcel. Por su parte la OCDE y el Banco Mundial proyectan un crecimiento para el país en torno a un 2,3% y un 2,6%, respectivamente.
Recientemente se ha intentado polemizar con la ministra vocera Camila Vallejo por el uso de las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) respecto a dos elementos: el mérito del Gobierno y un comportamiento distinto entre la IED y la formación de capital.
Si bien en 2024 la formación de capital muestra un rezago en su recuperación post-pandemia y mantiene proyecciones negativas para 2024 -lo que no hay que minimizar- éstas han mejorado sustancialmente para el 2025 en el orden del 3% en el IPOM de marzo, y al 5,4% en el IPOM de junio, lo que evidencia un mejor escenario respecto al trimestre anterior.
Sesgo y “pesimismo económico” de empresarios e intelectuales de derecha
Por otro lado, si bien es verdad que la IED no necesariamente implica formación de capital e incluye otra clase de inversiones, como adquisiciones de empresas ya existentes, estos hechos no descalifican el uso de estas cifras de parte de la ministra Vallejo.
Esto, ya que para realizarse la IED supone un marco de certeza jurídica e institucional que asegure los retornos de esta inversión en el tiempo. Dicha certeza y confianza en la política económica del Gobierno del Presidente Gabriel Boric se observa en el caso de inversores extranjeros y no en parte del empresariado nacional y algunos economistas.
Este “pesimismo económico” se asocia a una visión sesgada de una parte del empresariado e intelectuales de derecha respecto del actual gobierno. Un sesgo es una tendencia del comportamiento de los individuos a alejarse de una conducta óptima o racional en el largo plazo, ya sea por privilegiar el corto plazo o una percepción alterada del riesgo, lo que impacta negativamente en las decisiones de inversión.
El sesgo de este grupo de empresarios e intelectuales consiste en una percepción exacerbada del riesgo, asociada al Gobierno del Presidente Boric, a quien se le hace responsable de todo lo negativo que ocurra en la economía del país, pero se le resta mérito cuando los indicadores de la actividad económica comienzan a mejorar.
Estos mismos sesgos ideológicos operan en el análisis de la economía en el largo plazo cuando sin evidencia alguna responsabilizan a la reforma tributaria del segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet del estancamiento económico del país. Toda la evidencia indica que, dicho estancamiento, obedece a un efecto estructural.
La oportunidad que ofrece el Pacto Fiscal
Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, el aporte de la productividad al crecimiento se redujo del 44% del PIB entre 1991 y 1995 a niveles cercanos a cero a contar del año 2006 ¡8 años antes de la reforma tributaria de Bachelet!
También, diversas investigaciones académicas han evidenciado un estancamiento de la diversificación productiva del país que se inicia alrededor de 2008 y a una caída sostenida del aporte al PIB de la producción industrial nacional.
Una buena oportunidad para superar el estancamiento económico es el Pacto Fiscal propuesto por el Gobierno. No solo busca mejorar la distribución de la riqueza gravando a quienes más tienen, sino que también, contempla una serie de incentivos a la inversión en I+D, así como medidas tributarias pro crecimiento para favorecer la inversión en sectores productivos emergentes. Por ejemplo, la industria del litio, el Hidrógeno Verde o las ERNC, van a permitir insertarse en la economía mundial mediante el desarrollo de industrias estratégicas.
Sin embargo, para avanzar en esta dirección se requiere de un debate técnico y político intelectualmente honesto sobre las propuestas económicas del gobierno, basado en evidencia y libre de sesgos.
