La reacción de rechazo e indignación fue unánime. El Gobierno actuó con rapidez y convocó a los tres poderes del Estado a acudir al lugar de los hechos para reafirmar la unidad nacional contra este tipo de violencia y en solidaridad con Carabineros de Chile.

Todas las instituciones, todos los sectores, todas las voces se unieron en una sola manifestación de repudio y de exigencia de justicia. Se decretó un duelo nacional de tres días, el que fue rigurosamente acatado.

Este respaldo al Estado de Derecho y a la policía uniformada es evidente y satisfactorio. Se agradece la rápida concurrencia de las más altas autoridades del país al lugar de los hechos. Además, se manifestó la disposición de toda la institucionalidad para esclarecer plenamente los hechos, hacer justicia, y detener y procesar a los culpables.

En este contexto, cabe preguntarse ¿por qué, a dos meses de ocurridos estos hechos, el país no conoce avances en la investigación del caso? Precisemos en primer lugar que la autoridad a cargo de la investigación decretó desde el secreto de ésta, a fin de no entorpecerlas. Si esa es la causa del desconocimiento de avances, correspondería a un celo profesional comprensible y sería la mejor hipótesis.

Otros crímenes de gran impacto

El crimen de Cañete, lamentablemente, no ha sido el único que ha enlutado a Chile y a Carabineros. La noche del 10 de abril, el teniente Enmanuel Sánchez, de regreso a su hogar junto a su familia, observó un delito flagrante y decidió intervenir. Enfrentó a cuatro delincuentes y, en la refriega, recibió 21 balazos que le causaron la muerte.

La policía reaccionó de manera rápida y eficiente, capturando en poco tiempo a Yolvi González, Wilberto Olivares y Josué Ramírez, quienes fueron detenidos y llevados a tribunales el 14 de abril. Actualmente, se encuentran en prisión, mientras que un cuarto integrante de la banda, Dayonis Orozco, sigue prófugo. El teniente Sánchez fue ascendido de manera póstuma a mayor, demostrando su compromiso con la doctrina de que un carabinero está en servicio 24/7, siempre combatiendo el crimen.

En otro delito de alta conmoción pública, el teniente venezolano Ronald Ojeda, refugiado en Chile, fue secuestrado en su hogar y sometido a brutales apremios que le causaron la muerte en una casa controlada por miembros del llamado Tren de Aragua. Las investigaciones y la acción de la justicia fueron rápidas. En menos de 24 horas se detuvo a un integrante de la banda y, en pocos días, se esclareció el secuestro y las circunstancias de los hechos.

Aunque los móviles del crimen aún no están precisados y los principales involucrados están prófugos, se ha encargado su detención a Interpol y otros organismos de cooperación policial internacional, incluidas peticiones de extradición a su país de origen, Venezuela. La fuga del país de los principales inculpados ha impedido mayores avances en la investigación.

Lo anterior demuestra que tanto nuestras policías, como las acciones de los organismos de justicia, poseen capacidad, experiencia y tecnología que les permite dilucidar en poco tiempo este tipo de crímenes.

¿Quiénes son los asesinos?

¿Por qué entonces, sesenta días después del triple homicidio de Cañete, no se ha brindado información sobre estos condenables hechos? Si la falta de información se debe a un celo profesional investigativo, es comprensible. Sin embargo, sería deseable que un nivel de información fluyese al menos hacia las autoridades encargadas del control ciudadano de las fuerzas del orden.

Sabemos que cuando se producen vacíos de información, por las razones que sean, pueden surgir interrogantes que conducen a la desinformación.

Recordemos que, en la madrugada de ese mismo 27 de abril, en la provincia fronteriza de Parinacota, un batallón de nuestro Ejército inició una marcha en la que falleció el soldado Vargas. Las circunstancias concretas, especialmente la causa clínica del fallecimiento, están siendo investigadas por la justicia, pero los hechos principales fueron esclarecidos a los pocos días y el país entero los conoció.

Lo que no puede suceder es que el asesinato de los tres carabineros pierda protagonismo y, con ello, la indignada preocupación que generó se desvanezca ante nuevos hechos de la contingencia. En memoria de los tres suboficiales caídos, el país demanda justicia.