La pandemia afectó la salud física de estudiantes y docentes, y también su bienestar emocional y psicológico. Ello se ha expresado en el deterioro de la convivencia, con una mayor incidencia de episodios de agresión, amenazas y abusos entre quienes integran las comunidades educativas.
Abordar estas situaciones ha sido uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado desde el Ministerio de Educación en este periodo de gobierno.
Con este objetivo, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las con Comunidades Educativas, para responder urgencia a la necesidad de contar con más y mejores herramientas en el esfuerzo de erradicar todo tipo acoso, violencia y discriminación de los establecimientos educacionales.
Anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública 2024, esta propuesta recoge las preocupaciones de distintos proyectos de ley presentados por parlamentarias y parlamentarios que han visibilizado esta agenda, junto a organizaciones de la sociedad civil y las familias de José Matías de la Fuente Guevara, Katherine Yoma Valdivia y Katherine Winter Zamorano, cuyas voces han sido decisivas en sensibilizar a la sociedad para adoptar acciones prestas y contundentes contra la violencia y la discriminación.
“Hacer más efectiva la gestión al interior de las comunidades”
De aprobarse, esta iniciativa acompañará el trabajo que desde Mineduc venimos realizando para el fortalecimiento de la convivencia y la salud mental a través de programas como “A Convivir se Aprende” y “Habilidades para la Vida”, y también las orientaciones al sistema reunidas en la Política Nacional de Convivencia Educativa; tributará también a la implementación de las recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor en Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental y la Mesa Intersectorial Centros Educativos como Espacios Protegidos, que destacan entre las instancias técnicas convocadas desde nuestra cartera.
El proyecto de ley busca hacer más efectiva la gestión al interior de las comunidades, para lo que se instaura la obligatoriedad de que los establecimientos educacionales cuenten con un coordinador/a de convivencia con dedicación exclusiva, delimitando sus funciones y formalizando los tiempos y espacios que este rol requiere.
Asimismo, se fortalecen las funciones institucionales de la Agencia de Calidad a través de un Observatorio de la Convivencia Educativa, encargado de reunir evidencia y sugerir herramientas que sirvan tanto a las comunidades como al Ministerio en la definición de intervenciones sustantivas, de largo plazo. Por su parte, la Superintendencia de Educación verá robustecidas sus facultades de fiscalización y sanción, y también la capacidad de sus equipos regionales para formar a las comunidades en la gestión colaborativa de conflictos.
Espacios de protección y bienestar
Finalmente, el proyecto se ocupa del bienestar de los equipos educativos a partir de la comprensión de los establecimientos educacionales como espacios laborales, sin por ello desatender las especificidades del sector y del tipo de tareas que le son propias. En una innovación importante, se explicita el rol del sostenedor de prevenir, investigar y sancionar conductas de acoso y violencia que afecten a los equipos educativos.
Es urgente dotarnos de herramientas y dispositivos de prevención y cuidado que permitan que nuestros jardines, escuelas y liceos sean efectivamente espacios de protección y bienestar. Este proyecto es un paso decisivo para que el Ejecutivo, la sociedad civil, las comunidades educativas y el Congreso Nacional nos dispongamos a la construcción de esa convivencia sana y respetuosa que debe acompañar a los aprendizajes y nutrir, a lo largo de la vida, nuestra cultura democrática.
