Es evidente que esto responde a las insuficiencias que se detectan ante situaciones críticas que tienen que ver, fundamentalmente, con inversiones “que no conversan entre sí”. Casos emblemáticos asociados a terrenos vecinos a autopistas, demuestran que estas obras -habiendo sido bien construidas y prestando los servicios para los que fueron concebidos-, no incluyeron en sus diseños inversiones para su entorno ante lluvias excesivas.

Se dirá que las empresas no tienen por qué hacerlo y que son otras las instancias que deben asumir la inversiones. Sin embargo, esto no sucede automáticamente porque la preocupación de las autoridades -del MOP, Minvu y Municipios- seguramente han estado centradas en prever situaciones como estas en zonas de alta densidad y no necesariamente en áreas afectadas por las inundaciones en esta ocasión.

Planificación integrada para una política Nacional de Infraestructura

Este ejemplo particular sirve para insistir en la necesidad de que las inversiones en infraestructura deben obedecer a una planificación integrada en la que las diversas disciplinas converjan en el territorio en forma armónica, oportuna y coherente con los objeticos que se persiguen.

Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), hemos propuesto una instancia supra ministerial que contribuya con la elaboración de una Política Nacional de Infraestructura que aborde, entre otros objetivos, qué aspiramos alcanzar con esas inversiones en el país; qué podemos realizar con los recursos públicos y privados disponibles.

Asimismo, este organismo se haría cargo de un Plan Nacional de Infraestructura Estratégica que defina las obras principales que se requieren, en qué plazos se espera realizarlas, cuáles son las autoridades responsables para ellos y cómo se financiarán los proyectos.

Esta institución también tendría mecanismos para el seguimiento de las acciones principales llevadas adelante por las agencias ejecutoras (ministerios y empresas del Estado), una coordinación operativa con los Planes Regionales de Infraestructura y la revisión permanente de las acciones emprendidas para reforzar, corregir y replantearse los cursos de acción más convenientes para el país.

Nos parece de toda lógica que esta entidad asesore al Presidente de la República, quien es el encargado de conducir las acciones de las agencias ejecutoras en este ámbito. Para ello es necesario asegurar que esta instancia sea independiente de las agencias ejecutoras.

Esperamos poder avanzar en el diseño de esta nueva institucionalidad de modo que casos de descoordinación de inversiones en materia de infraestructura no se repitan y, así, podamos optimizar el uso de los recursos públicos y privados disponibles para este efecto, siempre escasos y de alto costo.