A inicios de mes el presidente Gabriel Boric realizó su tercera cuenta pública informando sobre los avances de su gestión en materia de estabilización económica y lucha contra el crimen organizado. También trazó lo que serán los elementos que definirán el tiempo que le resta a su gobierno, marcado por medidas para el desarrollo de la economía del país y una agenda que fortalecerá la protección social con la reforma a las pensiones y la incorporación del Sistema Nacional de Cuidados.
En la cuenta pública también hubo espacio para el fortalecimiento de la Democracia y los Derechos Humanos. En esta materia se resaltaron los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, cuyo objetivo es avanzar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto a la búsqueda, identificación y restitución de víctimas de desaparición forzada.
De acuerdo al Presidente, este Plan ha permitido duplicar las diligencias realizadas e identificar cerca de 50 sitios prioritarios para las labores de búsqueda en terreno, aumentando en un 80% el presupuesto del programa de Derechos Humanos.
El Gobierno también ha hecho avances en materia legislativa, trabajando en el proyecto de ley que crea la figura jurídica de persona ausente por desaparición forzada, a la que se suman avances en el proyecto de ley que pone fin a la reserva de las denominadas “leyes secretas de la dictadura”.
El Presidente también hizo un anuncio que es necesario resaltar por todo lo que significa para la democracia chilena. Se anunció la expropiación de terrenos de Colonia Dignidad, con el fin de crear un espacio de memoria y también, por qué no decirlo, de futuro. Esta acción incluye a la casa del regente Paul Schäfer, estrecho colaborador de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet y que contó con una amplia red de protección política hasta bien avanzada la democracia.
Tal como lo hizo el Presidente, bien cabe hacer una reflexión sobre el evidente retroceso que ha experimentado algunos sectores de la derecha en materia de Derechos Humanos durante el último tiempo. Es que a diferencia de lo ocurrido en la conmemoración de los 40 años del golpe civil-militar, cuando dicho sector político hizo una reflexión pública sobre su rol en el quiebre institucional, al cumplirse los 50 años del mismo hecho, se decidió retroceder y desconocer lo avanzado.
El hecho palpable de esta actitud fue la decisión de negarse a participar del compromiso de no repetición impulsado por el presidente Boric, y suscrito por todos los expresidentes vivos en ese momento, incluido Sebastián Piñera, materializado en una carta llamada “Compromiso: por la democracia, siempre”.
El desafío de nuestra democracia es lograr ciertos mínimos comunes o consenso básico como lo señalaría Hanna Arendt: que nunca más se puede bombardear el Palacio de La Moneda, que nunca más se puede matar a alguien que piensa distinto, que no se puede quemar con soplete a nadie, que una mujer no puede ser violada por un perro, que no se puede matar niños.
Transformar lugares como Colonia Dignidad, símbolo de las violaciones a los derechos humanos y de la impunidad de quienes las cometieron, en sitios de memoria es necesario y urgente ante el avance de ideas de extrema derecha que aprovechan el paso del tiempo para relativizar o banalizar lo ocurrido durante la dictadura. Tal es la situación que hemos llegado a escuchar comentarios que califican la violencia sexual contra mujeres durante la dictadura como una “leyenda urbana”, y se ha cuestionado, sin argumentos, la veracidad del contenido del informe de la Comisión Valech.
Sin respeto a los derechos humanos no hay democracia, por lo que resulta fundamental que en hitos republicanos como la Cuenta Pública estos tengan un lugar central. Crear espacios físicos de reflexión nos permitirá, tal como cierra la carta firmada por el presidente Boric y los expresidentes en septiembre de 2023, cuidar la memoria ya que esta “es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos”.