La falta de colaboración del régimen autoritario venezolano en el control de la inmigración ilegal hacia Chile, que incluye a un número significativo de integrantes de peligrosas bandas criminales, ha resultado en un avance imparable del crimen organizado en nuestro territorio.

Actualmente, enfrentamos cifras de homicidios por cada 100 mil habitantes inimaginables hace algunos años, así como tipos de delitos que antes solo conocíamos a través de la prensa y que ocurrían en otros países de la región.

Este problema fue generado por el propio régimen chavista, que al vulnerar las libertades individuales de sus ciudadanos y sumirlos en una profunda pobreza y miseria, ha obligado a millones de venezolanos a escapar del país, provocando una severa crisis migratoria en el continente. Nicolás Maduro y sus aliados son responsables de esta situación.

Se trata de una estrategia de la izquierda radical que busca desestabilizar las democracias de América, tal como lo hizo Maduro en Venezuela. Esta estrategia exacerba la polarización, socava las instituciones republicanas e instaura el caos, para aprovechar ese escenario y tomar el poder cuando las condiciones económicas, políticas y sociales lo permitan.

Este experimento también ha sido importado a Chile, con el Partido Comunista local como su principal ejecutor. Su máxima expresión se vio en el estallido y el inicio del proceso octubrista, del que todavía podemos observar las secuelas. Uno de sus objetivos era socavar las bases del estado de derecho y el orden público, aunque solo lograron su objetivo parcialmente.

Sin embargo, como esta es una estrategia a largo plazo, el régimen chavista ha ido aún más lejos.

Un ejemplo es el caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, opositor al régimen de Maduro, quien fue brutalmente asesinado en Chile pese a haber solicitado refugio. Ahora, el gobierno de Maduro se atreve a señalar que fue un crimen de “bandera falsa”, cuando la tesis de la Fiscalía en Chile es que fue un asesinato político orquestado desde Caracas.

Frente a esta evidente intromisión del régimen chavista en Chile, el gobierno del Presidente Boric, en lugar de resguardar la dignidad y soberanía del Estado chileno, solo ha optado por enviar notas diplomáticas de protesta. Rechaza endurecer las medidas, como retirar al embajador chileno en Venezuela, con la excusa de que si se cortan relaciones, no habrá opción de colaboración por parte del gobierno venezolano, a pesar de que se sabe que eso no ocurrirá.

No es que nuestras autoridades de gobierno sean ingenuas. A esta altura, esto es pura estulticia, explicada por el fuerte vínculo político e ideológico que desde hace mucho tiempo mantienen los jerarcas del régimen venezolano con autoridades frenteamplistas y comunistas del gobierno de Boric y del oficialismo. Esta connivencia se ha reafirmado recientemente con el apoyo del gobierno de Maduro al formalizado y encarcelado alcalde comunista Daniel Jadue, afirmando que es un perseguido político, en otra inaceptable injerencia que La Moneda deja pasar sin inmutarse.