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Más allá de la ciega guerra de bandos que ha despertado en el mundo político el encarcelamiento del alcalde comunista Daniel Jadue, la noticia nos permite también ver, en una solo escena, muchos de los gravísimos problemas de nuestro sistema penal.
¿Cómo le explicamos al país que Jadue era un peligro para la sociedad, pero que la Fiscalía sólo se dio cuenta de ello sólo 3 años después de hechas las primeras denuncias, y que mientras, lo dejaron ser alcalde y hasta ser hasta candidato presidencial?
¿Demoran lo mismo en todos los casos? Y si así fuera, ¿estamos en buenas manos?
Poca gente sabe que, técnicamente, con la formalización recién comienza la investigación “formal” de los delitos que se le acusa (de ahí el nombre). Y que, aunque parezca increíble, faltan varios años para el juicio oral, si acaso llega a haber uno.
¿Sería mucho pedir que la justicia no fuera tan lenta, para no tener que ver tras las rejas a un alcalde en ejercicio, democráticamente electo, sin haber sido condenado y sin haber tenido un juicio siquiera?
Presiones mediáticas y malos incentivos
No son pocos los casos penales de los últimos tiempos en que parece estar primando más la presión mediática que la racionalidad del derecho, sobre todo cuando han dejado pasar tanto tiempo. Es un hecho ampliamente estudiado: ni los jueces ni los fiscales son impermeables a la opinión pública.
Lo curioso de este caso es que, además del clamor popular, todas esas performances del PC que “no eran para presionar”, pueden haberle jugado también una mala pasada. Porque muchas personas reaccionaron a ellas en dirección contraria, como para demostrar que no son amedrentables.
Adicionalmente, tenemos un sistema de malos incentivos. El Ministerio Público no tiene razones para demorar tanto tiempo en formalizar a una persona, menos en un juicio tan mediático y con tantos antecedentes probatorios.
Entonces, como no puede llegar luego de 3 años con las manos vacías, pide prisión preventiva. Total, la responsabilidad de decidir recae en el juez, y no en ellos, lo que pone al juez en una posición muy difícil. Si rechaza la propuesta, arden las redes sociales, más aún en una época en que todo el país clama por acciones fuertes y decididas en materia de corrupción.
Pero esto no es -o no debe ser- la plaza pública. Jadue le puede caer mal a mucha gente, y no hay problema. Lo pueden pifear, o criticar. Pero no juguemos con el derecho. Porque en cualquier sector político hay y habrá casos de corrupción.
¿Cuántas personas que hoy están presas no tienen condena? Estamos llegando a las mismas cifras que tanto cuestionamos del sistema penal antiguo, sólo que con un sistema más caro y más lento.
Y lo más grave de todo, sin lograr los resultados que queremos: disminuir la delincuencia y la corrupción.
Dividendos políticos
Cuidar las instituciones jurídicas es cuidar lo que nos sirve a todos. Por eso a la gente normal le molestan tanto las defensas en bloque, cerradas, del tipo negacionista. Así como los intentos de sus opositores de maximizar la cosecha política, sin reparar en sus kilométricos tejados de vidrio.
¿Creerán que la gente no se da cuenta de cuál es el interés de fondo?
Quizás sea un buen momento para que todos los que han intentado profitar de este caso, se pregunten por qué menos de un 10% de la gente confía en ellos.
Encarcelar a un alcalde es algo serio. No solo porque deja el cargo y queda sin sueldo, sino porque puede afectar el mapa electoral, o generar dudas sobre las intenciones de quienes están a cargo de las instituciones más importantes del Estado.
La línea divisoria entre política y justicia debe ser más que una muralla china.
El caso tiene muchos otros detalles adicionales cuestionables. Demasiados. Por ejemplo, es bastante obvio que la imagen de Jadue esposado va a ser usado en las campañas, y costará mucho que podamos sacarla de nuestra memoria. Sin haber comenzado el juicio, y teniendo una constitución que garantiza la presunción de inocencia, ¿no debimos haber sido más cuidadosos con esos detalles?
Hace tiempo que vemos el sistema penal viene dando tumbos. Bajos niveles de esclarecimiento de crímenes. Altos niveles de impunidad. Jueces ideologizados. Penas sustitutivas para delitos graves. Criterios dispares por doquier.
Es verdad que Catthy Barriga ya no estaba en ejercicio del cargo, y que tiene un hijo pequeño. Pero ¿qué pasará con el General Yáñez? ¿Podría correr la suerte de Jadue cuando sea formalizado, a meses de dejar el cargo y luego de 4 años de una gestión transversalmente bien evaluada?
Tan absurdo, como que debamos esperar varios años antes de la formalización de Luis Hermosilla, si acaso alguna vez ocurre. O saber quién quemó el metro, o quién robó los computadores del Ministerio de Desarrollo Social.
Capitán Yáber ¿una cárcel para privilegiados?
A Jadue lo llevaron a Capitán Yáber. Una cárcel especial, “mejorcita”. Muchos pensarán que es un privilegio, y en cierta forma lo es. Pero los “presos vip” inevitablemente pueden ser vistos por parte de la población penal como oportunidades de extorsión, venganzas, u otro tipo de delitos.
Gendarmería no puede asumir el riesgo de garantizar la seguridad de un reo de tan alto perfil en las precarísimas condiciones de un penal común. Por tanto, mientras ese sea el estado de cosas, parece una decisión correcta.
Ojalá el encarcelamiento de Jadue sirva más allá que para dar material a la aburrida guerra de barras bravas de la política. Ojalá este caso nos permita comenzar a tomar en serio las múltiples deficiencias de nuestro sistema penal y carcelario.
La primera reacción debiera venir de los fiscales y jueces de garantía. Porque usar los casos mediáticos para hacernos creer que las instituciones funcionan, y que la justicia llega a tiempo y a todos, es una forma de perpetuar los miles de espacios que permiten que haya corrupción en Chile, y que siguen intactos. Y las consecuencias las pagamos todos.
