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El 31 de mayo se firmó un acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en las propiedades del Estado ubicadas en el Salar de Atacama, la mayor reserva mundial de este mineral no metálico.
Este acuerdo se enmarca en el contexto del contrato firmado en 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que otorgaba a la empresa controlada por Julio Ponce Lerou la explotación exclusiva y excluyente del litio bajo condiciones manifiestamente abusivas contra el interés fiscal. Dicho contrato vence en diciembre de 2030.
Los reiterados incumplimientos a las condiciones del contrato, en grave perjuicio del interés fiscal, impulsaron a CORFO -durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet- a demandar la terminación anticipada del contrato. El objetivo era efectuar una licitación para determinar quién podría explotar ese valioso recurso en las mejores condiciones económicas, sociales y ambientales para el Estado y las comunidades que viven en la zona.
Finalmente, el 2018 se llegó a un acuerdo para poner termino a los juicios que ponían en riesgo la operación de SQM, mejorando las condiciones para el Estado. Todo esto en un escenario donde el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, señaló públicamente que recibió presiones para transar con la empresa de Ponce Lerou.
El gobierno de Gabriel Boric decidió definir el futuro de la explotación en el Salar de Atacama después del año 2030, momento en el cual el Estado volvería a controlar totalmente sus pertenencias de litio. En lugar de explorar la posibilidad de que el Estado realizara la explotación de forma directa o a través de un privado, con una licitación abierta, competitiva y transparente para seleccionar a quien ofreciera las mejores condiciones, se eligió negociar de forma directa y a puerta cerrada con SQM.
El resultado fue un memorándum de entendimiento firmado en diciembre y ahora un acuerdo final suscrito en mayo, un proceso en que se vulneraron gravemente los principios de transparencia y probidad.
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¿Cuánto gana y cuánto pierde el Estado de Chile?
Para eludir el enorme perjuicio fiscal que se produce, Máximo Pacheco destacó cuánto gana el Estado de Chile con el acuerdo, pero omitió hacer la pregunta correcta: ¿Cuánto Pierde el Estado de Chile?
Cualquier empresa que desarrolle la explotación de litio debe pagar una renta de arriendo al Estado y cumplir con la carga tributaria correspondiente, por lo que esos elementos no constituyen una ventaja del acuerdo.
Según reconoció su propio gerente general ante una junta de accionistas en marzo, SQM no pagará nada por acceder al contrato con Codelco, el que le garantiza utilidades sobre 4.5 millones de toneladas de litio, en contraste con las importantes sumas pagadas a nivel internacional por dicho concepto.
De hecho, Codelco pagó 236 millones de dólares para comprar una empresa australiana dueña de un proyecto de litio en el Salar de Maricunga, que aún no está en marcha, y depende de autorizaciones que han sido objeto de recursos en los tribunales de justicia.
Varios expertos han señalado públicamente que el valor de acceso al contrato por el Salar de Atacama supera los 11,000 millones de dólares, monto que el Estado de Chile pierde en esta negociación.
Por eso, lo importante no es cuánto ganará a futuro Chile por el litio, sino cuánto pierde al negociar con un socio cuya conducta desde que se adjudicó la extracción en la dictadura no inspira confianza.
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Es hora de investigar los “secretos”
Los claros indicios sobre la posible existencia de prevaricación, administración desleal, e incluso tráfico de influencias y fraude al fisco, deben ser investigados de forma seria y profunda.
Es por esto que presenté el pasado 2 de mayo una denuncia ante el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, para que se esclarezca todo aquello que de forma inexplicable se ha mantenido en secreto, a pesar que mucha información básica sobre la negociación ha sido requerida sin éxito por parlamentarios de distintos sectores.
La denuncia contiene los detalles y pruebas más que suficientes para que esta investigación se realice de forma exhaustiva.
La chilenización del cobre, llevada a cabo por el presidente Eduardo Frei Montalva, y la nacionalización, realizada por el presidente Salvador Allende con la aprobación unánime del Congreso Nacional, contrastan con este proceso de entrega del litio por 60 años, que será visto negativamente por las futuras generaciones, y representa un agravio a la ciudadanía que exige transparencia y probidad al Estado y a las empresas privadas.
Un ciclo de impunidad
Una vez establecida la verdad de lo sucedido, corresponde definir o descartar responsabilidades penales y, de ser necesario, hacerlas efectivas de forma concreta y ejemplar. Esto para poner fin al ciclo de impunidad que existe en nuestro país, del cual SQM y la familia Ponce Pinochet son exponentes principales.
Estamos ante una decisión trascendental para el futuro de Chile, y los ojos de la historia están puestos en las acciones y omisiones de todos los que nos debemos a los intereses permanentes del país.
Muchos aplaudieron el anuncio presidencial del acuerdo, aunque muy pocos conocen su contenido y alcance. No digan después que no lo sabían, porque los que debían informar públicamente, poco y nada hicieron para que la ciudadanía pudiera conocerlo.