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El desarrollo y el crecimiento económico para Chile requieren de una robusta cartera sectorial, pero también de una potente alianza pública - privada basada en la confianza, el cumplimiento estricto del Estado de Derecho, las reglas claras y los procesos ágiles y transparentes. En ambos modelos, la empresa privada es fundamental en el trabajo del Estado.
En el primer caso, las empresas ejecutan el 96% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, con 2 mil 200 iniciativas en todo el país, a través de licitaciones públicas. En cuanto a las Concesiones que reactivamos en 2023, tenemos un ambicioso paquete de 43 proyectos para el quinquenio 2024-2028 por 17 mil 500 millones de dólares.
El presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Leonardo Daneri, aseguró que el anuncio que realizamos hace algunos días, es el más grande de los últimos 30 años.
Todos esos proyectos buscan mejorar la vida de las personas y resolver los desafíos para que ellos se lleven a cabo en tiempo y forma. La infraestructura es habilitante para el desarrollo de las personas y para el país completo.
Durante estos días, hemos estado en Canadá y hoy llegaremos a Nueva York junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco de Chile Day. Una actividad en la que presentamos oportunidades a empresas multinacionales para invertir en nuestro país.
Nuevas obras
Las noticias que podemos entregar, son muy atractivas en este mundo globalizado. Sólo considerando los próximos dos años, contamos con 24 iniciativas concesionadas de alto impacto para la ciudadanía que tienen un costo $12.500 millones de dólares y que licitaremos antes de terminar nuestro gobierno. Estas obras generarán un impacto directo en la inversión y en la generación de empleos.
Estamos hablando de obras que conectan a las personas como es el caso de los teleféricos de Alto Hospicio a Iquique; el tren entre Valparaíso y Santiago; e mejoramiento a la Ruta 5, los corredores exclusivos en regiones para el transporte con nuevos buses eléctricos y la ampliación de aeropuertos.
Para enfrentar la falta de agua, licitaremos la desaladora de Coquimbo que nos abrirá nuevas opciones para atacar la profunda crisis hídrica que vive el país hace casi 15 años. Se instalará un moderno sistema de Alerta de Tsunamis que nos permitirá el resguardo de las personas en caso de emergencias.
En la actualidad, además, tenemos 10 grandes proyectos de concesiones con licitaciones abiertas por 6 mil millones de dólares, por lo que nuestra ambición es que en este ampliaremos en cerca de un 50% la inversión de 28 mil millones de dólares que se ha realizado en los 30 años previos.
Este trabajo es parte de lo que estamos realizando como Ministerio de Obras Públicas bajo el mandato que tenemos del Presidente de acelerar, al máximo, todas nuestras capacidades para reactivar la economía, con obras, inversión y empleo.
Existe un espacio de crecimiento amplio y mucho potencial, lo que es reconocido a nivel mundial.
Por eso, el trabajo de promoción en el extranjero también tiene una ardua labor para afinar y hacer más eficiente nuestra relación con las empresas locales.
Plan de Crecimiento y Liquidez de las Empresas
En marzo presentamos el primer paquete de licitaciones de proyectos sectoriales por 2,2 billones de pesos, con más de 600 licitaciones para obras y estudios que empezarán en estos meses en todo el país, adelantando estos procesos.
En abril, en tanto, lanzamos el plan de nuestra cartera para el Crecimiento y Liquidez de las Empresas, el segundo grupo de medidas que se suma a las lanzadas en 2023, que busca aliviar financieramente a las compañías que trabajan con el MOP a través de medidas requeridas por la propia industria.
En ese plan pusimos en marcha la implementación de adelantos por un 20% de los contratos; la entrega de recursos para adelantar el proceso de cambios de servicios donde se modifican las redes de agua, luz, telefonía antes de empezar las faenas, los que antes se entregaban al finalizar el contrato. Decretamos además la liberación paulatina de las garantías según los avances de las obras que les permiten liquidez en la medida que cumplen con sus compromisos, y aceleramos los contratos terminados de forma anticipada y la ampliación de causales para ejecutar de forma inmediata las modificaciones de contrato sin esperar tramitaciones.
Lo anterior permite a las empresas tener mayor capacidad financiera para generación de empleo, inversión y evitar que las infraestructuras tan necesarias para nuestro desarrollo y competitividad queden abandonadas.
El severo desajuste de los precios, el escenario de desequilibrio económico, las complejidades de la cadena logística mundial por la pandemia, derivaron en un IPC que llegó al 12,8% y la caída del PIB en 5,8%.
Cuando llegamos al ministerio había 197 obras paralizadas, de las cuales hemos retomado 126. Es decir, más del 65%. Así demostramos que el Estado no deja abandonadas a sus comunidades y que una gestión responsable debe enfrentar estos problemas.
Este apoyo también permite resolver decenas de preocupaciones que nos manifiestan en el territorio. Las comunas, sus autoridades y las juntas de vecinos nos expresan las complejidades de que obras quedan paralizadas por problemas en los contratos, faltas de recursos o una burocracia que complejiza ciertos proyectos.
El diálogo entre el Estado, la industria y sus comunidades, conociendo sus requerimientos y necesidades, nos permite hoy presentar instrumentos y ajustes que nos favorecen como país.
Sea el camino de las concesiones o de la inversión sectorial, la herramienta principal para lograr avances concretos ha sido un permanente diálogo. Escuchando a los actores relevantes y trabajando en medidas innovadoras y transformadoras podremos llegar juntos a disponer de infraestructura pública de alta calidad con un solo fin: el desarrollo de cada uno de los habitantes de Chile.
