El reportaje da cuenta que, desde que entró en vigencia la SMA para fiscalizar el cumplimiento de las RCA, sólo 27 procedimientos sancionatorios se han abierto por casos de sobreproducción de salmones al interior de la Reserva Nacional Las Guaitecas en la Región de Aysén. Aún cuando, según información obtenida del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) vía Ley de Transparencia, 53 centros de cultivo incurrieron en 84 casos de sobreproducción, los que a la fecha no han sido sancionados.

Peor aún, 74 de esos 84 casos se encontrarían prescritos (ya que la ley permite que las infracciones que cometen los titulares a sus permisos ambientales se pueden sancionar hasta tres años después de ocurridos los hechos, y ese periodo ya se cumplió), lo que implica absoluta impunidad para esa venta ilegal.

Frente a esta revelación, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, respondió relatando los esfuerzos para mejorar su capacidad fiscalizadora y coordinar a los diversos organismos que deben velar por el cumplimiento de las normativas, destacando su “enfoque correctivo”, en el cual los recursos del Estado son invertidos en la realización y envío de reportes sobre los niveles de producción de las empresas, para advertirles cuando estén pasando por sobre la ley, bajo el argumento de que este sistema “aumenta la eficiencia”.

Si esta estrategia la llevamos por ejemplo al combate de la delincuencia, metafóricamente, sería como si las policías, una vez conocido un delito e identificados los culpables, en lugar de llevarlos detenidos, los notificara para así convencerlos de que dejen de hacerlo, ejercicio que aplicaría incluso para reincidentes.

¿De qué sirve “dar aviso” a las empresas sobre sus reiterados incumplimientos, en lugar de aplicar sanciones que sean ejemplificadoras? La industria ha mostrado que sus sobreproducciones no son casos aislados, sino que están interiorizados en su modelo. Esto les permite ganancias ilícitas por miles de millones de pesos, como comprobó la propia SMA en el caso emblemático de la empresa Nova Austral. Por eso, resulta insuficiente la respuesta del organismo ante la evidencia abrumadora sobre procesos sancionatorios no iniciados próximos a prescribir.

El Estado está en deuda con las comunidades y la protección de la naturaleza

La falta de comunicación entre organismos, los enredos en los datos y la incapacidad de fiscalizar cómo corresponde a una industria que una y otra vez ha mostrado su verdadera cara -la del engaño, la avaricia, la comisión de ilegalidades y la degradación profunda de los territorios donde opera- no sólo es grave, es también un síntoma de la necesidad de mejorar de raíz un sistema que no funciona: que no protege los bienes comunes naturales del país y no sanciona donde más duele a aquellos que se enriquecen ilícitamente.

Es cierto que existen informaciones que son recibidas de forma distinta según las áreas de acción de las personas y organizaciones involucradas (”percepciones ciudadanas divergentes”, como recientemente aseguraron ejecutivos de Criteria en este medio), pero debemos reconocer que existen datos claros y consistentes -que no dejan espacio a la interpretación- con las reiteradas faltas de esta industria (casos de contaminación y de sobreproducción, por ejemplo).

También es clave relevar que son estas acciones las que merman la reputación de la segunda industria exportadora del país (tras la minería del cobre, según el balance del Banco Central) y no las ‘opiniones divergentes’, pues incluso cuando el análisis reputacional es reducido al área de incidencia del negocio -donde supuestamente debieran estar generando oportunidades para las personas y desarrollo de las economías- la percepción de la industria no es buena, como lo muestra la información proporcionada por Criteria en su estudio Valor Productivo.

Puede ser cierto que hay industrias con indicadores incluso peores (y mejores también) en algunos casos, pero de ninguna manera la industria podría sacar cuentas alegres en estas mediciones.

Necesitamos un Estado que sea capaz de defender nuestros territorios y se enfrente al lobby de esta industria con decisión. Un Estado que privilegie el bien de las comunidades; que sea justo en la impartición de sanciones efectivas y que fomente la participación comunitaria en esos procesos, pues -al fin y al cabo- son estas las que sufren las consecuencias de la contaminación y destrucción ambiental. Necesitamos un Estado al nivel del desafío.