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He dicho en muchas ocasiones que quienes en trabajamos en seguridad no podemos celebrar y que queda un largo camino por recorrer.
La construcción de políticas públicas de seguridad y prevención en nuestro país ha sido un camino largo. Sin embargo, tras varias décadas de experiencia existe una conclusión irrefutable: cuando disminuye la presencia del Estado en el territorio hay más espacio para la delincuencia y las bandas criminales.
La pregunta que surge entonces es cómo recuperamos la presencia estatal.
El rol de los municipios
La evidencia nos muestra que uno de los caminos exitosos es fortaleciendo la labor de los municipios en prevención, sin que estos reemplacen la labor de otras instituciones en seguridad.
Por lo mismo, cuando asumimos el Gobierno, tomamos la decisión de reforzar como nunca antes el rol preventivo a nivel local, con más recursos y herramientas, pero también con un nuevo marco jurídico que diera cuenta de una nueva realidad.
Es ahí donde se enmarca el proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito que avanza en el Congreso Nacional.
Un proyecto urgente, determinante y por sobre todo que recoge miradas transversales.
Este texto legal, que esta semana pasó a sala de la Cámara de Diputados, tras su aprobación en la comisión de gobierno interior, define el rol del municipio en seguridad pública y prevención del delito, dando, por ejemplo, atribuciones claras para los patrullajes mixtos con OS-14.
Por sobre todo, esta iniciativa destaca por establecer un nuevo régimen para proteger a los inspectores de seguridad municipal, permitiéndoles portar elementos defensivos y de protección, sumando una agravante penal en caso de agresiones en su contra.
Junto con eso, crearemos un Comité Operativo de Seguridad, para resolución rápida de acciones, que liderará el alcalde o alcaldesa, con representantes de las policías y fiscalía.
Recursos municipales: mínimos comunes preventivos
Ahora bien, estas nuevas atribuciones deben ir necesariamente aparejadas con los recursos que permitan llevarlas a la práctica. En este sentido, la IV Consulta de Capacidades de Gestión Municipal en Seguridad, que realizó la Subsecretaría de Prevención del Delito y que fue respondida por 322 comunas a fines del año pasado, da cuenta de que, a pesar de los grandes avances en igualdad que hemos logrado desde el 2022, aún persisten desigualdades entre los municipios del país.
Así, mientras algunos cuentan con un presupuesto de 120 mil pesos per cápita para seguridad, otros apenas superan los 31 pesos.
La consulta señala que Vitacura, con $129.729 por habitante, es la que más tiene per cápita. Mientras que San Bernardo, en la misma región Metropolitana, tiene un presupuesto por habitantes de $706. Si consideramos regiones, esta diferencia es más abismal, con Vilcún, por ejemplo, con un gasto per cápita de $31 por persona.
Frente a este escenario, cumplimos el compromiso de construir mínimos comunes preventivos. Es decir, que todos y cada uno de los municipios pudieran acceder a fondos y el apoyo técnico para promover una mayor justicia entre municipios, nivelar la cancha hacia arriba, para procurar un desarrollo territorial equitativo, y reducir la diferencia entre las necesidades de gasto de las comunas, proveyendo bienes y servicios con mejores estándares.
Lo que dicen las cifras
Hoy podemos decir que esta labor ya ha empezado a dar sus frutos. Según datos de esta consulta, en los últimos años ha aumentado en 28% la cantidad de vehículos de patrullaje de los que disponen los municipios cada 100 mil habitantes. Lo propio han hecho las cámaras de vigilancia en un 127%, en tanto que el personal de seguridad municipal ha crecido en un 77%.
Más revelador todavía es que el estudio da cuenta de que las comunas con menores recursos per cápita, administran más adecuadamente la gestión de seguridad municipal en comparación con otras comunas. Lo anterior, en dimensiones como liderazgo, planes estratégicos, gestión intersectorial, preparación del personal, entre otras.
“Queda un largo camino por recorrer”
He dicho en muchas ocasiones que quienes en trabajamos en seguridad no podemos celebrar y que queda un largo camino por recorrer. No obstante, también quiero dejar en claro que estos resultados no son casualidad, sino que responden a una política decidida por parte del Estado en su conjunto, particularmente gracias el valioso y excelente trabajo que llevan adelante alcaldes y alcaldesas junto a sus equipos a lo largo del país.
En conjunto, logramos terminar con la concursabilidad de fondos con el Sistema Nacional de Seguridad Municipal que dio paso a asignaciones en base a necesidad bajo el Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual que creamos el 2022; a fortalecer la prevención social con niños, niñas y adolescentes haciendo crecer el Programa Lazos; robusteciendo el trabajo en las zonas con mayor vulnerabilidad con el Programa Somos Barrio, y logrando cambios que han sumado mayor operatividad en el trabajo con policías como terminar con la categoría de Delitos de Mayor Connotación Social avanzando a una priorización por daño, entre otras cosas.
Y es así como se avanza, en conjunto, sin perder tiempo en indicar con el dedo, con políticas públicas serias y alejadas de respuestas estridentes, pero que generen una respuesta institucional que permanezca en el tiempo y produzca cambios visibles para las personas.
La seguridad es un derecho y no un privilegio y por sobre todo debe ser una expresión de justicia territorial. Por esta senda justamente estamos avanzando.
