El condenable asesinato de tres carabineros conmueve a Chile. La primera reacción es la indignación. El crimen ha provocado una amplia ola de repudio y a su vez, un respaldo masivo a la labor que cumple Carabineros. La mejor manera de honrar el sacrificio de los tres uniformados -junto con detener y juzgar a los culpables- es adoptar las medidas que correspondan para que delitos de esta naturaleza se erradiquen y vuelva a reestablecerse el estado de derecho en la llamada macrozona sur.

La figura del Estado de Excepción “Acotado”

El crimen de Cañete ocurre a dos años de vigencia del Estado de Excepción “acotado” que se ha dispuesto. Esta curiosa figura ya lleva más de 47 prórrogas donde han coincidido tanto el Gobierno como el Congreso. Todas ellas aprobadas en sesiones públicas donde informan las autoridades y deliberan los legisladores. En las últimas sesiones de prórroga la evaluación era que “íbamos en la dirección correcta”.

Lamentablemente los hechos indican lo contrario.

Asumamos una primera lección: la estrategia adoptada (si es que hay una) para reestablecer la seguridad en la MZS no da resultado, lo que no quita reconocer que el despliegue militar, pese a las dificultades legales, políticas y administrativas, logra contener por momentos la situación. El problema pareciera estar más en la conducción político – estratégica que en lo operativo.

Cuando ocurren hechos de la lamentable magnitud como lo ocurrido en Cañete, se impone un examen autocrítico. Lo que en estrategia se denomina, “la crítica de la maniobra”. Ella corresponde fundamentalmente al Mando a cargo de la operación y en especial de los que operaron en la maniobra misma. La idea es sacar lecciones aprendidas, corregir lo que haya que corregir, y aportar al respectivo acerbo institucional.

¿Qué nos enseña la tragedia de Cañete?

Lo más obvio es que el solo crimen revela que la violencia sigue plenamente vigente después de dos años, probablemente más espaciada en su frecuencia, pero más cruel en sus acciones.

Por tanto, lo que corresponde examinar es si las medidas adoptadas, en este caso el EE “acotado” permite controlar la violencia. En realidad es: ¿Cuál es el objetivo final deseado que se persigue alcanzar con el empleo de la fuerza militar en la MZS?

El empleo de las FFAA en tareas de seguridad interior en Chile está normado en la Constitución, ¿por qué tanto el gobierno anterior como el actual optaron por no recurrir a ninguno de ellos y en cambio se legisló uno especial? ¿Uno acotado?

Esta opción condiciona el empleo de la fuerza. Como se trata de una figura jurídica especial, no están claras las definiciones al respecto y de allí viene el proyecto de las llamadas RUF.

En síntesis, lo que todo uniformado espera, es que por el cumplimiento de la misión que el poder político le encomienda, tenga un amparo legal si se ve obligado a emplear su armamento.

Una estrategia multiagencial

En el caso de la Araucanía y Biobío, tenemos un desafío más complejo dado que se trata de una situación que requiere de la acción del estado en pleno, a través de sus diversas agencias: judiciales, sociales, políticas, entre otras, y no sólo es un tema de seguridad.

¿Cuál es esa estrategia multiagencial? Hace más de un año se constituyeron equipos y comisiones, pero nada sabemos aún de sus conclusiones, aunque sean preliminares.

Así como las instituciones uniformadas deben realizar su respectiva Critica de la Maniobra, corresponde también que el poder político haga lo propio.

Lo anterior, que suena lógico, puede distorsionarse por dos circunstancias que caracterizan nuestro presente. Primero, desde hace tiempo la contienda política está en una desgastante guerra de trincheras. Segundo, porque estamos en época de elecciones.

Esto crea el peligro de que el tema de la seguridad sea copado por nuevos enfrentamientos, y emerjan todo tipo de propuestas que no se basan en ningún examen de los acontecimientos, como las propuestas de reestablecer la pena de muerte.

Los focos de inseguridad en Chile

En el congreso están empantanados varios proyectos: el de Infraestructura Crítica, de las RUF, el de Inteligencia, la creación del Ministerio de Seguridad, entre otros.

En mi opinión, todos estos proyectos, aún sumados, no dan respuesta a los desafíos de seguridad en la Araucanía, Biobío, así como en el resto del país.

Sustento lo anterior en una constatación: Chile tiene tres focos de inseguridad, bien definidos geográficamente: una frontera norte porosa, los primeros pasos de una guerra de insurgencia en la Araucanía y un deterioro grave de la seguridad en las grandes ciudades.

Cada uno de estos tres focos tiene sus peculiaridades, lo que no niega que existan algunos vasos comunicantes. Frente a este triple desafío, se propone una sola respuesta: la defensa de la Infraestructura Critica. Digamos para empezar que esa infraestructura hoy no está amenazada: al tren de Aragua y las otras bandas no les interesa dinamitar torres de alta tensión o de comunicaciones. Les interesa controlar territorio para someter a la población a la extorsión y lucrar con su fuerza. En el caso de la Araucanía tendríamos que declarar a las madereras (empresa privada) como parte de la infraestructura critica. En fin.

Crear un nuevo ministerio implica definir sus objetivos, las atribuciones y responsabilidades de sus autoridades, su organigrama, entre otras cosas, amén de su presupuesto.

Posteriormente elaborar un reglamento, reencasillar a los funcionarios de las diversas agencias que lo integraran (tema no menor para sus empleados y a veces feroz campo de disputa entre autoridades y dirigentes gremiales), operar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles mediante el correspondiente inventario. Alguna experiencia tengo en ello y puedo asegurar que lleva mucho tiempo. ¿Será lo más urgente hoy?

Es obvio que legislando sobre el paquete pendiente no se resuelven las urgencias que nos plantea la tragedia de Cañete. Por el contrario, el peligro es que se aprueben a la rápida sin el examen profesional que se requiere.

¿Qué hacer?

Realizar una rigurosa Critica de la Maniobra y sacar lecciones aprendidas.

Sería del todo conveniente que este proceso lo desarrollen los funcionarios que están en terreno cumpliendo la misión que el Estado les ha asignado. No creo que sea una tarea de difícil realización, y probablemente ya se tenga trabajo adelantado. Seguidamente el ideal sería que esas conclusiones sean puestas en conocimiento de las autoridades, tanto en el gobierno como en las respectivas comisiones parlamentarias.

Son los profesionales en terreno los que mejor pueden aportar a esta tarea. Y las medidas a adoptar, entre ellas, la corrección de la apreciación de riesgos y amenazas corresponde al nivel político. Específicamente al nivel político – estratégico.

El amplio repudio que el crimen de Cañete genera, debiera ser la base para una respuesta nacional que enfrente este desafío. Desde ese punto de vista, la tragedia genera una oportunidad, que, si la sabemos aprovechar, puede ser el mejor homenaje a los tres mártires del país que cayeron en cumplimiento de su deber.

Lo que si es cierto, es que sería un error apostar a que haciendo lo mismo de siempre, tengamos resultados diferentes.