La crisis de seguridad que se vive en el país ante la amenaza del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado es evidente. El 2022 respecto del 2021 los delitos de mayor connotación social aumentaron un 45,3%, el 2023 respecto del 2022 un 5,5%.

Desde el 2022 a la fecha han sido asesinadas más de 1900 personas. En los últimos días se cumplió un año del compromiso en seguridad que realizó el Gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado, denominado “Fast Track Legislativo” donde se comprometieron 31 proyectos de ley.

De esos proyectos, el 74% fue despachado del Congreso Nacional, encontrándose entre aquellos, iniciativas muy relevantes como la que elevó las sanciones de la usurpación a penas privativas de libertad -de la cual soy autora- o la nueva regulación contra el crimen organizado que venía del gobierno anterior.

Con todo, subsisten aún 8 proyectos en tramitación que no han tenido la celeridad adecuada. Así, llama poderosamente la atención el proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado cuya tramitación de parte del Gobierno se ha demorado en demasía, pese a la evidente necesidad.

Del mismo modo, las nuevas reglas de uso de la fuerza para nuestras FF.AA. y las policías, en que el Presidente Boric lejos de protegerlas, le ha puesto cortapisas a su actuar conflictuando la tramitación. Para qué decir la relevancia de la Defensoría de la Víctimas de Delitos, que recién hace unas semanas pasó a su segundo trámite constitucional.

Es de esperar que todas las iniciativas comprometidas que se encuentran pendientes avancen y tengan la calidad que se requiere. Sin embargo, no basta solo eso, es de extremada relevancia que se incorporen más iniciativas este 2024 como lo propuso el Presidente del Senado.

En efecto, ¿cómo no va a tener prioridad la iniciativa que establece una nueva ley antiterrorista; la que fortalece el Ministerio Público; la que permite el resguardo de la infraestructura crítica y la protección de fronteras por las FF.AA.; la que moderniza la carrera policial de Carabineros o la que tipifica el ingreso clandestino al país como delito?

Así las cosas, es de suma relevancia que el Gobierno le de urgencia y comprometa con plazos concretos el despacho de tan importantes proyectos de ley que hoy por hoy, no se encuentran en el Fast Track Legislativo.

De una vez por todas se debe entender que el Estado debe poner todas las herramientas a disposición de los chilenos y chilenas para poder resguardar su seguridad y la de sus familias.