Cada cierto tiempo salen a la luz casos que nos preocupan, nos escandalizan, encabezan los titulares de los medios de comunicación y provocan debate en la opinión pública que, pasada la sorpresa, se acallan y retorna el silencio.

Hablo de corrupción, de tráfico de influencias, de mal uso de dinero fiscales, de malversación de caudales públicos.

O derechamente de robos, estafas y/o apropiación indebida de bienes usando a las instituciones y organismos del Estado.

¿Y quién o quiénes son los afectados y víctimas de estos hechos?

Todos los chilenos, que esperan de sus autoridades o de quienes encabezan y forman parte de las instituciones base de nuestra administración -sean dependientes o autónomas- una gestión que permita acceder a los beneficios, prestaciones, protecciones o a las oportunidades que ofrece el Estado, en igualdad de condiciones.

En los últimos meses nos hemos enterado de hechos graves y vergonzosos. De acciones irregulares, por decir lo menos, que han dañado e impactado la confianza de la ciudadanía. Y hablamos de casos que afectan tanto a la fe pública como al erario nacional.

Para aminorar ciertas responsabilidades, aparecen voces culpando a determinados sectores políticos de ser responsables de tácticas o fórmulas espurias para conseguir beneficios o influencias que favorezcan sus propios objetivos.

De acuerdo. Hay casos de esa naturaleza. Pero, también hay responsabilidad en los funcionarios del Estado, que deben redoblar los esfuerzos de fiscalización, de control interno, de protección de los procedimientos administrativos que, ya lo sabemos, pueden ser vulnerados. Que pongan oídos sordos a los llamados telefónicos que piden tratos especiales para tal o cual persona. O que se asegure que dentro del sistema no haya personas que se enriquezcan de la noche a la mañana y tengan una vida poco acorde al sueldo que perciben.

Hoy estamos frente a una disyuntiva

O seguimos usando la frase “esto siempre se ha hecho así” o nos definimos por elegir “esto nunca más debe hacerse así”.

Es decir, es necesario que, en las instituciones del Estado, se introduzcan métodos o sistemas técnicos de última generación que protejan las operaciones de cada organismo. Hay que modernizar.

Pero, lo más importante, es que también es urgente mejorar los sistemas de captación de funcionarios o jefaturas de las instituciones públicas apuntando a la calidad formativa, al principio ético, a la doctrina fundamental que debe tener una persona que ejercerá un cargo de alta dirección pública.

Ya no basta con que simpatice políticamente con el gobierno de turno. Eso no resulta, está comprobado.

Y, por el contrario, abre flancos que permite introducir mecanismos de corrupción que dañan profundamente a las organizaciones estatales que son patrimonio de todos los chilenos, tales como policías, Poder Judicial, municipalidades y organismos gubernamentales que están destinados a apoyar a la comunidad más vulnerable.

Es hora de poner atención en esto que está ocurriendo. En especial, cuando hay señales inequívocas que el crimen organizado está penetrando en el país y que se abre una peligrosa ruta para el lavado de activos y delitos de mayor envergadura. Porque, precisamente, estos grupos criminales buscan las debilidades de las instituciones públicas, sean humanas o técnicas, para lograr sus objetivos.

Es el momento de actuar. No podemos llegar tarde a esta urgencia que, en los últimos meses, ha quedado en evidencia. Y somos todos, cada uno de los actores políticos, sociales, académicos y gubernamentales, los llamados a trabajar con decisión tras este objetivo. Ha llegado la hora de ponerle el cascabel al gato.