Si bien en la última década se han legislado normativas que reconocen esta violencia como un problema social y no privado, como la tipificación del delito de femicidio en razón del género (más conocida como Ley Gabriela, en el 2020), y la responsabilidad que tiene el Estado frente a esta, como la ley de reparación a víctimas y familiares promulgada en 2023, estos avances, aunque importantes, no han sido suficiente.
Por eso una de nuestras primeras acciones al llegar al Ministerio de la Mujer fue reactivar con suma urgencia la discusión del proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Un proyecto que pone el foco en la prevención y en la acción oportuna del Estado para proteger a las mujeres y, por indicación nuestra, a niñas, niños y adolescentes.
A ellos, de aprobarse el texto, se les reconocerá como víctimas directas de la violencia que viven sus madres y no solo testigos, porque ningún niño, ninguna niña que haya crecido en un entorno de violencia es únicamente testigo y es necesario reparar ese daño.
Para mejorar la protección de las mujeres, este proyecto integral contra la violencia -que se vota esta semana- refuerza la supervisión judicial de las medidas cautelares y las amplía a delitos de violencia de género. Porque hasta acá solo en los casos de violencia intrafamiliar se pueden decretar cautelares inmediatas (por el solo mérito de la denuncia).
También establece el deber de garantizar asistencia y representación judicial a las víctimas, y mandata a los organismos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia en la investigación de delitos de violencia de género, adoptando medidas oportunas y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia y evitar el archivo de casos.
La violencia de género no solo afecta la vida de las mujeres, perjudica y daña a familias completas, a hijas e hijos que pierden a sus madres, a padres y madres que despiden a sus hijas.
Nadie sale inmune de una experiencia así y por eso legislar una normativa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es una acción que le debemos a Chile.
Hablamos de una ley necesaria y urgente.