¿Por qué el Presidente Boric siente la necesidad de plantear eso en plena controversia sobre el móvil y alcance del secuestro y asesinato de un militar disidente del régimen venezolano, que había recibido refugio político en Chile?
Muy simple: porque el Partido Comunista tiene mucho poder en su Gobierno.
Descontemos el obvio poder de los votos comunistas en el Parlamento. Lo central no está ahí. Lo medular está en el mensaje que le envía el diputado Luis Cuello, donde habla que las reformas tienen que ser empujadas desde la “movilización social”. O la entrevista del Secretario General de la CUT sobre el “paro general” que están impulsando.
Es conocida la antojadiza táctica comunista de tener un pie en el Gobierno y otra en la protesta.
¿Cuál es la particularidad en este caso? Que en la crisis de seguridad que afecta al país y en el masivo juicio adverso a la violencia, esa “movilización social” violenta no tendría la condescendencia que (lamentablemente) a ratos encontró en el estallido social.
Así, el Gobierno –con la oposición de los comunistas– se vería en la obligación de disponer las fuerzas policiales para controlar el orden público. Dicho en simple: el mismo dirigente que mandaba a los militares a sus cuarteles y cuestionaba el uso de la fuerza de manera poco rigurosa durante los días de finales del 2019, se vería en la necesidad de emplearla.
Y los comunistas saben que eso es una pesadilla para el Presidente Boric, pues sería intolerable para el 25,5% (Pulso Ciudadano) que sostiene su Gobierno.
Dicho en simple: el poder de veto de los comunistas consiste en mantener siempre vigente la advertencia de la llamada “movilización social”, con su posible desenlace de violencia y desorden público. Y eso atormenta al Presidente Boric, pues le tiene pánico a verse en la necesidad de enfrentar –como correspondería– a los “compañeros” de la primera línea.
Sobre el contenido del posteo
¿Tiene compromiso democrático un partido que vota sistemáticamente en contra de prohibir la violencia como medio de acción política?
¿O que mantiene vínculos nítidos y conocidos con Cuba, Nicaragua y Venezuela, tres dictaduras claramente antidemocráticas y corrosivas de los derechos humanos?
¿Es un “ataque ad hominem” y una “mentira” recordar que el otrora diputado Hugo Gutiérrez posteaba dibujos donde se disparaba al Presidente; o que un concejal comunista salió a recibir al indultado Luis Castillo; o que una diputada del PC amenazó con llevar a la Corte Interamericana la decisión de revocar pensiones de gracia a personas que emplearon la violencia y cometieron delitos?
¿Es visceral reprocharle al PC el rol de Marco Barraza en la Convención Constitucional, artífice principal de un texto –en buena hora masivamente rechazado– que pretendía imponer una camisa de fuerza a la democracia chilena?
No Presidente Boric. No es “anticomunismo visceral”. Es afirmar con claridad la condena a la violencia como medio de acción política, reprochar siempre las dictaduras sangrientas y rechazar todas las veces que sea necesario el octubrismo.
Nada de eso puede hacer el partido comunista de Chile.