El avance del crimen organizado en países en los que el fenómeno era relativamente desconocido (aunque no ausente), como Chile, Ecuador, Costa Rica, está alcanzando proporciones alarmantes con un pronóstico incierto.

Aunque no es un fenómeno nuevo, su impacto reciente se manifiesta en formas de violencia irracional, intimidación social y constantes desafíos a la institucionalidad, siguiendo fórmulas de ingreso criminal que han demostrado ser exitosas en la región durante los últimos 40 años.

Cómo el crimen organizado debilita de la democracia

Hoy en día, lo que está en riesgo es nuestro sistema democrático y nuestro estado de Derecho, con todas las consecuencias económicas, sociales y sobre la libertad que esto implica. Observamos cómo el crimen organizado, entre otros factores, debilita la democracia y fomenta el populismo en toda la región.

América Latina enfrenta numerosas “banderas rojas” en esta nueva ola de expansión criminal transnacional, con una percepción generalizada entre los expertos de que será una lucha prolongada, incierta y, en algunos casos, ya perdida.

La región se ha convertido en un verdadero Silicon Valley del crimen organizado, donde las “startups” criminales encuentran en nuestra fragilidad institucional amplias oportunidades para surgir, especializarse y expandirse con una vocación transnacional alarmante.

El proceso de expansión criminal utiliza técnicas basadas en la intimidación y la exhibición, características de la nueva criminalidad.

La consolidación de las marcas criminales

En enero de este año, un grupo criminal tomó control del canal de televisión ecuatoriano TC, amenazando en vivo a periodistas y trabajadores con armas de fuego y granadas. Este evento impulsó a pandillas locales como los “Choneros”, “Tiguerones” y “Los Lobos” hacia una notoriedad global, logrando rápidamente lo que a otros les llevó años, un fenómeno que también se observa con el denominado Tren de Aragua.

Este nuevo paradigma, enfocado en consolidar marcas criminales, introduce riesgos significativos, como la expansión de franquicias criminales, la aparición de imitadores peligrosos y el aumento de organizaciones locales que adoptan estas marcas para eludir el largo proceso de desarrollo y adquisición de experiencia.

La indiferencia de los delincuentes ante la posibilidad de enfrentar penas de cárcel, considerando la prisión como parte integral de su crecimiento, es particularmente preocupante. Lo ocurrido en Ecuador nos podría servir como un recordatorio de la importancia de estudiar y entender el hampa local en profundidad.

Nos enfrentamos a una situación en la que la delincuencia ya no se manifiesta de forma común o fragmentada. La redefinición del papel de la cárcel en este contexto la ha transformado en una plataforma para oportunidades criminales de mercado, un hecho bien conocido por las organizaciones delictivas que operan en el país.

La expansión criminal se sustenta en múltiples factores complejos, incluyendo la debilidad estatal, la polarización social con instituciones desacreditadas, la corrupción en todas sus esferas (institucional, política y judicial), la debilidad en los sistemas de control e identificación transfronteriza, la insuficiencia en el manejo de los centros penitenciarios y las brechas que el sistema económico y democrático deja abiertas.

A todo lo anterior, se suman la impunidad, la falta de transparencia judicial, las desigualdades socioeconómicas y la escasez de oportunidades, y así crean un fértil caldo de cultivo criminal.

Una compleja red de organización y subordinación que aprovecha los vacíos del Estado

Las organizaciones criminales capitalizan los vacíos dejados por el Estado, proporcionando “oportunidades” en zonas marginadas donde las alternativas legítimas son limitadas.

Su influencia se manifiesta claramente en actos de violencia y en el control territorial, tanto en espacios abiertos como dentro del sistema penitenciario, revelando una compleja red de coordinación y subordinación que supera lo que comúnmente se entiende o se asume.

Además, este fenómeno incluye a los llamados facilitadores criminales, o “fixers” y “gatekeepers”, cuya labor profesional, consciente y coordinada, apoya indirectamente la actividad delictiva, especialmente en el lavado de activos.

Un ejemplo notable es el grupo de abogados vinculados a la facción “Sintonia das Gravatas” (Corbatas) del Primer Comando de la Capital en Brasil, acusados de utilizar su profesión para asistir actividades ilícitas, logrando incluso infiltrarse en el sistema de justicia.

Observatorios ciudadanos, cooperación internacional y otras alternativas

Por ello, antes de lanzar una gran batería de iniciativas legislativas debemos evaluar la efectividad y cumplimiento de las normativas existentes, insistiendo en su aplicación y enfocándonos en clarificar las áreas grises de la interpretación legal.

De lo contrario, nos enfrentamos a un panorama de contradicciones legales y políticas, donde las soluciones propuestas podrían resultar en un peligroso oxímoron.

En el contexto actual, donde el crimen organizado se expande con rapidez, fortalecer la transparencia judicial y cerrar las brechas en nuestro sistema democrático es una tarea constante, una alternativa efectiva ha sido la creación y el robustecimiento de observatorios ciudadanos enfocados en la corrupción, el gasto público, la criminalidad organizada y la transparencia judicial.

La cooperación internacional es clave dada la naturaleza transfronteriza de las organizaciones criminales, requiriendo un esfuerzo coordinado y persistente entre naciones que realmente estén interesadas luchar contra esta amenaza y que no sean voluntaria o involuntariamente parte de ella.

Finalmente, la defensa más robusta frente al crimen organizado trasciende las intervenciones políticas, judiciales o de seguridad pública, y radica en la solidez de sociedades bien informadas y resilientes.

Es precisamente este conocimiento profundo sobre las amenazas lo que motiva a las comunidades a exigir la debida responsabilidad de sus autoridades e instituciones. En este sentido, una sociedad informada no solo es más capaz de protegerse sino que también se convierte en un agente activo en la demanda de transparencia, eficacia y responsabilidad por parte de aquellos en el poder, fortaleciendo así el tejido social y la estructura democrática frente a las amenazas del crimen organizado