Justificaron sin contemplaciones el estallido social, no queriendo reconocer, que más allá de los excesos policiales que son claramente condenables, hubo acciones delincuenciales que pusieron en serio riesgo la seguridad y estabilidad democrática del país.

No escucharon a nadie (por su arrogancia y soberbia), indultaron a una docena de delincuentes que habían cometido daños graves a la propiedad pública y privada, sin dejar de lado a quienes habían participado en asaltos a manera armada.

Como si fuera ello poco, muchos de los condenados en el estallido reciben suculentas pensiones de gracia, otorgadas no se sabe bajo qué criterios, por parte del Ministerio del Interior. Esto ocurre en un país donde tenemos un obrero que ha entregado sus pulmones trabajando y que jubila con míseros 200 mil pesos o un profesor que ha educado a generaciones y que no obtiene más de 300 mil al terminar su vida laboral.

Sobre el caso Convenios

Siete meses el gobierno de los “superiores morales” ha estado empantanado en el caso Convenios. Aunque nunca lo quieran reconocer, diseñaron un mecanismo desde Revolución Democrática para defraudar al Estado, lo que dicho sea de paso, contribuyó también a ese fraude al flexibilizar los mecanismos que facilitaron las transferencias directas a fundaciones, algo nunca antes visto en esos montos.

Muchas de esas fundaciones, tanto a través del MINVU como de los Gobiernos Regionales, se llevaron la plata para la casa, provocando un terremoto político del que no se van a poder desprender hasta que caiga cada uno de los involucrados.

Como querellante en estas causas, me gané la enemistad definitiva del Gobierno, porque no escuché cada mensaje que me hicieron llegar para que me mantenga al margen de las denuncias. Desde el día uno sostuve que esto era mucho más grave que lo de Democracia Viva; que había más fundaciones involucradas y funcionarios comprometidos con los delitos.

El tiempo me ha ido dando la razón. Hay media decena de personas con prisiones preventivas de diverso tipo; y se prevé que en las próximas semanas surjan nuevas aristas que darán cuenta de cuán grave es de lo que estamos hablando.

Tengo la libertad absoluta de combatir la corrupción porque tengo las manos limpias y pese a que me “allanaron” mi vida personal y familiar en estos meses desde el propio Estado, no encontraron ni una boleta de 5 mil pesos de combustible con la que me puedan cuestionar.

Como si ello fuera poco, 7 años de investigación del Ministerio Público de Puerto Montt en mi contra, por una falsa denuncia de un abogado UDI de la zona, concluyó que mi patrimonio se ajusta a los ingresos que he tenido en mi vida laboral.

Persecución

No obstante, las persecuciones a mi vida parlamentaria las he vivido también en mi región. Ilusamente creen que con ello pueden dañar el trabajo que tengo en Los Lagos. Cuando ellos duermen fines de semanas enteros (autoridades locales), yo ando en las islas, las caletas, en el campo, en las poblaciones o en una cancha de fútbol.

Ilusa es la Ministra de Bienes Nacionales si cree que me daña a mi cuando saca al mejor seremi de su cartera. Daña a la región completa.

Ilusos son aquellos ministros o seremis que creen que no apoyándome en una gestión me atarán de manos.

Ingenuos(as) son aquellas autoridades regionales que recibiendo instrucciones de Santiago para que me aíslen en mi trabajo, lograrán su objetivo. Mientras muchos descansan en sus cargos en donde muchas veces en asambleas no son ni reconocidos, yo ando con la gente en terreno.

Las persecuciones de Jackson y Crispi a través de sus “lacayos” hacia mi persona, han sido feroces y sé que cada vez les queda menos. No sé dónde estarán en dos años cuando se les acabe su “fantasía de gobernar”.

Cuando el ex ministro de Desarrollo Social, me manda recados por la prensa para que le pida disculpas, le digo con la mayor convicción que es el quien debe pedir disculpas a Chile, por varias razones: con su soberbia nos hipotecó una nueva constitución y con sus acciones dañó irreversiblemente a personas honestas y decentes como Alberto Mayol, o la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, a quien acusó de hechos absolutamente falsos para sacarla del cargo por negarse a ser parte de transferencias a fundaciones. Ni con uno ni con otra he visto a Jackson pedir disculpas.

A Giorgio Jackson:

Pese a todas las persecuciones políticas a las que he estado sometido, Giorgio, te reafirmo en esta columna, que mientras no demuestres que tu no sabías de la existencia de Democracia Viva; que no sabías de lo que estaban haciendo en Antofagasta, el Maule y otros puntos del país tus amigos que formaste en RD, no escucharás de mi parte una palabra de arrepentimiento a mis dichos.

No te he imputado delito alguno, Giorgio, pero si me sumo al 90% de los chilenos que creen que el robo de los computadores “fue un tongo”. Y es que no hay robo en Chile en que los malandrines entren con tanta facilidad a dependencias públicas, que dialoguen 20 minutos simulando otra identidad (la tuya), y que esos mismos malhechores contraten un Uber y terminen pagando la carrera con transferencia bancaria.

Eso solo está en la imaginación de los que se deleitan con Netflix. Más aún cuando este robo (que espero alguna vez se esclarezca de verdad y no a lo “chileno”) se realiza a solo horas de que iba a ser allanado el Ministerio que te tocaba encabezar.

No digo que hayas sido tú; pero está más que claro Giorgio, que el entorno cercano debe ser investigado a fondo.

Chile hoy se debate en una tremenda encrucijada. A la corrupción la combatimos con todas las armas, sin contemplaciones ni con arreglines políticos como en el pasado. Yo me inclino – a pesar de los costos- por lo primero, porque es la única forma de garantizar que el país retome el rumbo y no se debilite la democracia.

Es lo que todo Chile además quiere. Barrer la corrupción provenga de donde provenga y a pesar de las persecuciones que, lo único que demuestran, es la estatura política que los ciega y los aleja de la realidad.