Estamos convencidos de que esta propuesta consigue un objetivo transversalmente anhelado: hacer más eficiente la entrega de permisos ambientales sin descuidar la protección del medioambiente, en línea con los principios que inspiran el Pacto Fiscal que el Presidente le ha propuesto al país.

Este proyecto aborda de forma integral la evaluación ambiental, disminuyendo tiempos, creando un sistema más flexible y que entregue certezas a inversionistas y comunidades.

Al mismo tiempo, con nuestro proyecto se avanza en la implementación del Acuerdo de Escazú, ampliando los espacios de participación ciudadana, y se actualizan los instrumentos de evaluación ambiental para una mejor protección de la naturaleza, acorde con las nuevas tecnologías.

Este delicado equilibro entre eficiencia y protección del medioambiente es la clave para hacer viable esta tan necesaria reforma en nuestro país. Necesitamos que todos los actores políticos y sociales analicen la propuesta con esta mirada, considerando las diferentes visiones que legítimamente componen nuestro país.

Sólo un gran acuerdo que refleje un nuevo pacto entre desarrollo y naturaleza permitirá alcanzar los diferentes objetivos propuestos.

Es probable que con este proyecto de ley las visiones parciales no vean reflejados todos los anhelos, pero sí las perspectivas que asuman los desafíos globales y locales que nos trae el siglo XXI. Lo cierto es que no es posible el desarrollo si se realiza a costas del medioambiente y que, a su vez, la protección de la naturaleza requiere de una economía sana y dinámica que pueda asumir desafíos complejos.

Los ejes de la propuesta

El primero es la entrega de mayores certezas y disminución de tiempos en la evaluación ambiental. Son parte de este eje la tecnificación de las decisiones de evaluación, reduciendo significativamente el componente político, eliminando las Comisiones de Evaluación y el Comité de Ministros. En el mismo sentido, existe una batería de medidas en relación a los tiempos en temáticas como las consultas de pertinencia, los recursos de reclamaciones, los proyectos urgentes -entre otros- que cumplirán este objetivo.

El segundo eje es el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Este eje contempla una actualización de instituciones como la Evaluación Ambiental Estratégica, la acción por daño ambiental y el propio Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, actualizándolos conforme la experiencia práctica, la jurisprudencia de los tribunales ambientales y los desafíos propios de las nuevas actividades económicas.

Con este eje queremos mejorar las herramientas para una adecuada evaluación ambiental, incorporando factores que otras legislaciones del mundo también están avanzando, como la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos.

El tercer eje es el de la participación ciudadana. Conforme con la implementación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Chile, el proyecto de ley propone dos medidas centrales. La primera de ellas es ampliar la participación ciudadana de las Declaraciones de Impacto Ambientales, eliminando el actual requisito de “cargas ambientales” para que exista participación. La segunda es la creación de un procedimiento voluntario de participación temprana, para inversionistas que quieran iniciar la participación con la comunidad antes de ingresar a evaluación ambiental.

Este proyecto de ley se complementa con el resto de las iniciativas que como Ministerio del Medio Ambiente estamos impulsando.

Destaco entre estas la presentación del Proyecto de Ley de fortalecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual fue presentado en conjunto con el anterior proyecto y nos permitirá tener una mejor fiscalización ambiental.

Asimismo, el Ministerio se encuentra diseñando una segunda reforma al Reglamento SEIA, la cual se encargará de revisar la situación de los Permisos Ambientales Sectoriales. Con esta propuesta, como Ministerios buscamos reforzar ese equilibrio.

En virtud de lo anterior, invitamos a todas y todos los actores de nuestra sociedad a revisar este proyecto de ley con confianza en el proceso, el cual ha tomado en consideración opiniones y propuestas muy diversas y transversales, y entusiasmo para que avancemos con rapidez en una fase legislativa constructiva y enriquecedora.