Se trata, nada menos, de actualizar los mecanismos de defensa de un Estado que no está preparado para enfrentar al crimen organizado que está operando en nuestra región y país. Distinto del de hace diez años; ahora con más y mejores armas, con mucho dinero y tecnología, con creciente organización y con una violencia cada día más despiadada.

En todo Estado democrático es fundamental el orden público y resguardar a nuestras policías y ciudadanos. El derecho a la vida y el derecho a la seguridad son dos Derechos humanos fundamentales en cualquier sociedad civilizada.

La tarea que todos enfrentamos es que cada ciudadano que le exija al Estado resguardar su derecho a la seguridad, no pierda la esperanza en que la democracia sigue siendo la única respuesta para garantizar los derechos de todos nosotros.

Medidas excepcionales para situaciones excepcionales

Se trata de defender la democracia. Y no hay nada mejor para defender la democracia que más democracia. Utilizando todas las leyes y todas las instituciones que nuestra democracia se ha dado.

Por ejemplo, la Ley de Infraestructura Crítica, que nos permite convocar a las Fuerzas Armadas al cuidado de la infraestructura “indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población (…), la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública”.

Una medida excepcional para una situación excepcional como la que estamos viviendo, y que nos posibilite destinar a nuestros policías abocados actualmente a esas tareas a combatir el crimen organizado.

Debemos adoptar medidas sin tardanza y sin complejos, pero también con la visión integral de una política de seguridad multisectorial e interdisciplinaria, que ofrezca soluciones de corto, mediano y largo plazo.

Se requiere medidas de prevención psicosocial, comunitaria y situacional, acompañada de una política enérgica de persecución penal basada en la inteligencia y cooperación. Una política de expulsión inmediata a extranjeros que delinquen, una fuerza de tarea que persiga la ruta del dinero y el patrimonio de estas organizaciones criminales. Además de una política penitenciaria que aísle y neutralice a los capos del narcotráfico que siguen operando en nuestras cárceles, o “playas”, como ellos le llaman.

Proponer medidas excepcionales para tiempos excepcionales, es lo que corresponde cuando son miles de compatriotas que se están autoimponiendo un toque de queda por miedo a salir de noche de sus casas o espacios públicos creados para ellos y sus familias.

Por nuestra parte, como Gobierno de Santiago, a pesar de la falta de atribuciones hemos decidido poner la billetera donde ponemos la boca.

Las medidas del Gobierno regional de Santiago frente a la crisis de seguridad

Nuestra inversión en Seguridad, con el apoyo unánime de nuestro Consejo Regional, entre 2021 y 2023, ha sido de $ 83.483.416.000.

Esta suma comprende proyectos comunitarios como cámaras y alarmas comunitarias, alumbrado público, sistemas de televigilancia municipal, cuarteles de PDI y Carabineros. Vehículos de seguridad para Municipios y policías, programas innovadores con las fiscalías y tecnología de última generación.

Seguiremos aportando recursos para seguir financiando las medidas planteadas, y también conocimientos y liderazgos en la materia.

Entre las nuevas medidas que estamos explorando son vehículos blindados, scanners e indumentaria de protección para nuestros gendarmes, y una fuerza de tarea para ubicar a los 1.500 migrantes con órdenes de expulsión de país.

En este contexto, reiteramos nuestro llamado al Gobierno a cumplir los compromisos asumidos en campaña y dar más atribuciones a las gobernaciones regionales elegidas democráticamente por la ciudadanía; especialmente en materias de seguridad y emergencias.

Al Estado no le sobran manos en la lucha contra la inseguridad, sino que le faltan.

Volvemos a ofrecer nuestras manos, ideas, y liderazgo. Todos tenemos que aportar con urgencia, unidad, generosidad y altura de miras.

No es el momento ni el tema para andar con pequeñeces políticas. Chile aún está a tiempo para torcerle el destino al crimen organizado. Más que nunca hoy necesitamos un Pacto Nacional por la Seguridad, al que nos convoque el gobierno y concurran todas las fuerzas vivas de la sociedad.