La manipulación de cifras oficiales fue una práctica habitual de este Gobierno durante 2023. Lo hicieron con la encuesta Casen para mostrar indicadores alterados en la reducción de pobreza, lo hicieron con la ENUSC para hablar de delincuencia, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, cada vez que se les pregunta sobre el número exacto de empleados públicos.
“La actual administración alteró la fecha de toma de muestras (de la ENUSC), cosa que no había hecho ningún gobierno en los últimos 15 años”, acusó hace algunas semanas el exsubsecretario del Interior de Michelle Bachelet, Felipe Harboe.
Por eso, no fue sorpresa cuando en la misma línea la ministra Carolina Tohá indicó mañosamente en Televisión y en la Cámara de Diputados, que “este año, comparado con el anterior, tenemos un 29% menos de ingresos irregulares al país”. Una mentira difícil de sostener, desde el sentido común y desde los números.
«La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples», dijo alguna vez el profesor Stanley Gudder. Pero el Ejecutivo se esfuerza por hacer continuamente lo contrario.
Sistemas de medición
La métrica que se ha utilizado siempre es la que entrega la Policía de Investigaciones, que estima que entre 2018 y 2021 hubo 87.792 ingresos clandestinos, y que solo entre 2022 y el 31 de octubre del 2023, hubo 94.086. Tal como lo leyó.
Dando malas excusas, este Gobierno y Carolina Tohá prefirieron una vez más hacer todo de la manera más engorrosa para así esconder la manipulación que hacen de la información y optaron por utilizar de manera muy conveniente las cifras que miden flagrancias y avistamientos, que solo consideran a los inmigrantes detectados y detenidos por Carabineros o por las FF.AA. que resguardan las fronteras.
¿No es mucho el descaro? Elegir un método completamente distinto de medición y luego pasearse por los medios celebrando una comparación sin sentido, esto no tiene otro nombre que engaño y mentira.
Demás está decir, que ni los venezolanos que lanzaron la granada a una carabinera ni los involucrados en el mal manejado secuestro de Rancagua, se encontraban en los registros de flagrancias y avistamientos de Tohá, ni en el registro biométrico de su llamado a la autodenuncia.
Pero la audacia de la ministra no llegó hasta ahí, sino que también pidió poner fin a esta “discusión estéril”, como si saber cuántos inmigrantes ilegales entran a Chile, mientras usted lee esta columna, no fuese un dato imprescindible para combatir el problema. Como si saber el verdadero punto de partida no fuera esencial en cualquier carrera.
A este embuste numérico, tan recurrente del Gobierno de Boric, se suman para agravar la falta en materia de inmigración, la baja en el número de expulsiones, a pesar de la aprobación de la normativa que simplifica estos procesos.
A pesar de que a la ministra Tohá no le gustan las verdades que esconden las cifras, hay que recordarle que -según la última CEP- 7 de cada 10 chilenos cree que los inmigrantes elevan la criminalidad, por lo que este tema es esencial y hace mucho tiempo constituye una de las principales preocupaciones del país.
Lo mínimo, es exigir honestidad a la hora de abordarlo.
Chile quiere menos engaños y menos megáfonos. Chile quiere más barreras y más aviones repletos de inmigrantes ilegales que han venido a nuestro país a causar daño.
Mientras nuestra ministra es incapaz de dar una respuesta real, mientras el Presidente Boric sólo vocifera frases grandilocuentes, siguen ingresando e ingresando a Chile personas que no respetan ni siquiera lo mínimo de nuestro ordenamiento jurídico.
El año se fue entre mentiras.