Frente a esta amenaza, en mayo del año 2022 el Presidente de la República instruyó al Ministerio del Interior a conformar un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, y en diciembre del mismo año, anunciamos al país la primera política nacional para abordar este problema.

Hemos avanzado en cada uno de los diez ejes de esta política, buscando coordinación con las instituciones y acuerdo entre los diversos sectores para impulsar los cambios necesarios.

Así, por ejemplo, en materia legislativa aprobamos en el Congreso Nacional – con apoyo transversal – ocho leyes para la lucha contra el crimen organizado, como la que agrava el delito de secuestro, la que establece el delito de sicariato, la ley antinarcotráfico, la ley que fortalece la persecución de la delincuencia organizada, la ley de delitos económicos o la ley sobre contrabando.

Y hay en trámite otros cinco proyectos que esperamos sacar adelante con el apoyo de los parlamentarios y parlamentarias.

Todas estas iniciativas tienen un objetivo: mejorar las capacidades del Estado chileno para hacer frente a esta “emergencia mundial de seguridad”.

En materia presupuestaria este año destinamos más de 65 mil millones de pesos para el combate al crimen organizado; y en Presupuesto del año 2024, aprobado recientemente por el Congreso Nacional, estamos colocando más de 78 mil millones de pesos.

Estos recursos nos han permitido comenzar a cerrar importantes brechas tecnológicas que tenían nuestras policías, Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, Gendarmería, Directemar, entre otras instituciones. La política nacional contra el crimen organizado se ha traducido en acciones concretas para fortalecer a nuestras instituciones.

El Estado debe ser más fuerte, contar con más capacidades e inteligencia para prevenir las acciones criminales y eso estamos construyendo.

Trabajo internacional para abordar el crimen

La cooperación internacional es determinante para derrotar las organizaciones criminales transnacionales. Hemos avanzado en alcanzar acuerdos muy importantes con Naciones Unidas, mejorando la inteligencia en puertos y aeropuertos para impedir su uso para el narcotráfico. Es lo que se conoce como programa global de contenedores en puertos y AIRCOP en aeropuertos.

Con Bolivia, ya firmamos tres acuerdos sobre trata de personas, contrabando de vehículos y crimen organizado. Y tenemos un diálogo con Venezuela para cooperar en esta materia y poder llegar a acuerdos.

En esa dirección junto a Carabineros de Chile y la policía de Investigaciones hemos concurrido a firmar un tratado internacional para constituir la tercera comunidad de cooperación policial más grande del mundo: AMERIPOL, que reúne a 27 países de nuestro continente.

Desde el Estado y todas sus instituciones, estamos respondiendo de manera contundente y decidida a estos nuevos fenómenos criminales para proteger y dar tranquilidad a las y los ciudadanos.

Estamos construyendo un mejor y más fuerte Estado para garantizar el derecho a la seguridad. Pero esta es una tarea constante.

Frente a situaciones como los desastres naturales, o en los recientes Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, el país ha sido capaz de unirse frente a un objetivo común.

Ante esta nueva “pandemia” mundial que enfrentamos, es momento de dejar atrás la controversia, pasar de la discusión legítima que puede existir, a lograr acuerdos que nos permitan seguir avanzando en acciones, soluciones y respuestas para garantizar la seguridad de los chilenos y chilenas.