En marzo de 2021 -después de años de trámite legislativo- entró en aplicación el Estatuto Antártico (Ley 21.255), que actualizó el marco regulatorio para diversificar y fortalecer la eficacia de nuestras actividades antárticas, estatales y privadas.

En un contexto político y geopolítico global crecientemente complejo, esa ley fue dictada para responder a la profusión de reclamos territoriales de plataforma continental en el área de aplicación del Tratado Antártico de 1959 (Australia, Noruega, Argentina…).

También, para adecuar nuestra normativa a nuevos desafíos tales como el cuidado del medio ambiente y, además, para proporcionar a nuestras actividades privadas un marco regulatorio claro y favorable.

La ley de 2021 continuó una tradición que iniciada en 1893, cuando Chile dictó la primera norma de conservación para mamíferos marinos australes. Ese año el Congreso chileno aprobó una normativa para evitar el exterminio de focas, chungungos y otras especies, particularmente en los territorios al sur del canal Beagle y del cabo de Hornos.

Para entonces los privados magallánicos ya operaban en esas regiones y, regularmente, se desplazaban hacia la Península Antártica para hacer lo que en Derecho Internacional puede llamarse “uso y ocupación del espacio”.

Cabe anotar que esa ley de 1893 fue, en buena parte, dictada a petición de los privados chilenos, que solicitaban mayor control frente a actividades extractivas de naves de otros países.

Con esa tradición a cuestas, el Estatuto Antártico 2021 armonizó la implementación de la normativa nacional con los compromisos contraídos con el Sistema del Tratado Antártico. Esto es, con el Tratado de 1959 y los instrumentos que, surgidos de él, regulan la cooperación científica y las actividades polares estatales y privadas.

El aporte privado

Las actividades privadas son las más antiguas entre de las operaciones antárticas: a ellas se debe, primero, la “revelación” de la geografía y la hidrografía de la región polar austral y, segundo, las primeras descripciones biogeográficas que, a partir del siglo XIX, motivaron el interés de exploradores y, más tarde, facilitaron la investigación científica de campo.

Aunque aún poco estudiada, la contribución privada chilena al conocimiento científico, la cooperación política y conservación in situ de la Antártica es muy anterior a 1959 (el año de la firma del Tratado Antártico).

En los hechos se inició hacia 1870, cuando los primeros foqueros magallánicos arribaron a la Península Antártica y, con sus actividades, contribuyeron a transformar a Punta Arenas en la primera plataforma para la exploración polar austral.

Este fue precisamente el motivo por el cual casi todas las expediciones antárticas posteriores a 1896 (“la Era Heroica de la exploración antártica”) de alguna forma estuvieron ligadas a la capital magallánica.

En el caso de nuestras pesquerías contemporáneas de krill y bacalao, desde la década de 1980 contribuyen de manera verificable a la economía nacional. A la vez, aseguran la presencia del pabellón chileno en una gigantesca porción del Mar Austral Circumpolar.

Hoy esas actividades las realiza una flota que, con licencias fijadas sobre la base a datos científicos objetivos, son anualmente otorgadas conforme con criterios ecosistémicos en el marco de la Convención para la Conservación sobre los Recursos Marinos Antárticos (CCRVMA).

En función del método ecosistémico son establecidos los volúmenes, las áreas y las artes de pesca permitidos, de modo que las pesquerías chilenas no afecten ni los ciclos, ni el balance natural de los ecosistemas marinos.

Desde este ángulo la sostenibilidad de estas actividades nacionales en la Antártica está plenamente certificada.

Conviene también anotar otro detalle relevante: las naves chilenas realizan una permanente recolección de datos e información oceanográfica y biogeográfica, que luego de ser validada por expertos de los servicios públicos reguladores, contribuyen a la implementación de políticas de gestión y conservación de los recursos marinos.

No está demás agregar que, de esta manera, esas actividades aportan a nuestra seguridad alimentaria y, también, a aquella de los países amigos que consumen productos del mar chileno.

Con idéntico enfoque las naves chilenas han sido pioneras en equiparse no solo con científicos representantes de los servicios públicos reguladores, sino que en adoptar soluciones tecnológicas de vanguardia para facilitar la implementación de medidas de conservación de aves marinas de incalculable valor ecosistémico (por ejemplo, de diversas especies de albatros, fardelas y petreles).

Una cadena de servicios antárticos

En tiempo real y el 100% del tiempo, sofisticadas cámaras vigilan que no se produzcan daños ni sobre las aves, ni sobre los mamíferos marinos.

En lo hechos, esas medidas permiten a los reguladores hiper vigilar nuestras faenas pesqueras, a fin de certificar que estas cumplan -en la práctica y en las cifras- con la reglamentación nacional e internacional vigente.

Con la misma óptica innovadora, en Punta Arenas se ha desarrollado una atractiva y eficiente oferta de servicios antárticos que, especialmente por vía aérea, por una parte, asegura la participación nacional en el desarrollo de esa industria polar. Por otra, agrega contenido a la participación chilena en las actividades del Sistema del Tratado Antártico (incluida nuestra presencia material en el hinterland del sector americano).

Hoy la capital magallánica cuenta con una cadena de servicios antárticos privados única en el mundo, que incluye servicios de suministros logísticos por las vías aérea y marítima, el empleo de buques con capacidades científicas de última tecnología (empleados por programas polares de otros países). Además de helicópteros, cruceros de expedición y aerocruceros.

Todas estas innovaciones aportan de manera mensurable a la economía regional y nacional y, al mismo tiempo, potencian la presencia del pabellón chileno en una gigantesca porción de la Antártica.

Lo anterior es posible después de importantes inversiones privadas para dotar a las empresas antárticas chilenas con expertos, depósitos, equipos, aviones, cruceros y tripulaciones que, junto con ofrecer empleos estables y de calidad, aseguran que Punta Arenas no sea una mera “puerta de entrada a la Antártica”, sino la verdadera capital de la Antártica Americana.

Desde un ángulo más amplio, la pesca, el turismo y la logística antártica representan el complemento necesario a los trabajos de los operadores antárticos del Estado que, en lo principal, se dedican a apoyar el esfuerzo científico nacional y mantener la presencia permanente del país en la Antártica.

El aporte privado va más allá, pues, en términos de profundidad, se distribuye en un espacio geográfico mayor, e incluye tanto el apoyo a la ciencia como la realización de actividades económicas legítimas que, como queda establecido, están estrictamente reguladas.

Un motivo de preocupación

En los últimos meses se ha conocido de la demora que existe en materia de la dictación de los nueve reglamentos contemplados en el Estatuto Antártico.

Se trata, sin duda, de un asunto práctico y relevante, pues esos reglamentos están llamados no solo a normar, sino a ofrecer a nuestros operadores antárticos procedimientos y mecanismos claros y simples para cumplir con el principal objetivo de la ley: fortalecer los derechos soberanos de Chile en la Antártica.

Para que esto último efectivamente ocurra, parece de toda lógica que los organismos reguladores responsables de la dictación de tales reglamentos incorporen en sus discusiones a nuestros operadores privados, esto es, convoquen a los gremios y las empresas de la pesca, la logística y del turismo antártico.

Esos actores deberían ser convocados a contribuir a la sustancia del trabajo pendiente, del cual, en buena parte, dependerá que los objetivos del Estatuto Antártico se cumplan y, en definitiva, que todas nuestras actividades polares contribuyan a robustecer la presencia chilena en la Antártica.