Recuerdo no hace tantos años, cuando una adolescente era expulsada de su colegio e impedida de terminar sus estudios por estar embarazada. Afortunadamente, en el Chile de hoy, esto es impensable. Sin duda hemos avanzado, sin embargo, el avance es mucho más lento de lo que esperamos.

Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial ha indicado que al ritmo actual demoraremos 131 años en terminar con las brechas de género, por lo que es necesario tomar acciones para avanzar más rápido y garantizar los derechos de todas las mujeres.

Chile tuvo en sus manos una oportunidad única de lograr esto, definiendo una constitución que reconociera explícitamente los derechos de las mujeres y que entregara un marco regulatorio que los garantizara. En cambio, hoy tenemos una propuesta de nueva constitución que no solo no avanza, sino que retrocede.

La propuesta constitucional refiere generalmente a “personas” pretendiendo incluir así a todas, todos y todes. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que, al no referirse en forma explícita a las mujeres y las disidencias de género, las invisibiliza. Para lograr los avances que necesitamos es imprescindible que las mujeres y las minorías sean nombradas explícitamente y que no quede a criterio del legislador de turno si deben ser incluidas en las leyes o políticas públicas.

Tuvimos la oportunidad de reconocer explícitamente la existencia de las diversidades y garantizar sus derechos. Tuvimos la oportunidad de valorar las diferentes identidades de género explicitando sus derechos y dando las garantías para completo reconocimiento.

Pero no solo no avanzamos, retrocedemos. Tal como está consignado en la propuesta el derecho a la vida, abre la posibilidad de que la ley de aborto en tres causales sea declarada inconstitucional.

Recordemos que, desde la entrada en vigencia de esta importante ley, más de 3500 mujeres, adolescentes y niñas se han acogido. Pese a esto un sector político de nuestro país ha declarado abiertamente su interés en derogar esta ley y esta Propuesta constitucional les permitiría hacerlo.

En cambio, pudimos haber asegurado en la nueva constitución el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo.

En muchos otros temas, como pensiones, salud, cuidados, tuvimos la oportunidad de explicitar los derechos de las mujeres y disidencias, de tal forma de garantizarlos, pero la propuesta prefirió no hacerlo.

Finalmente, quiero mencionar mi preocupación por el estatus que se le otorga en la Propuesta a la objeción de conciencia. Al estar establecido como un derecho, abre una puerta peligrosa. Con base a sus creencias ¿el sostenedor de un colegio podría negarle la matrícula a una joven embarazada, o a hijos de padres separados? ¿un médico o un farmacéutico podría negarse a vender anticonceptivos o la píldora del día después? Una empresa o una Institución de educación superior ¿podría negar el ingreso a las mujeres, o las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+? Esperemos que no, pero la actual Propuesta Constitucional abre esa posibilidad.

En definitiva, se trata de una propuesta neoliberal, machista, del siglo pasado.