No solo los gobernantes, sino que todo líder que administra una estructura administrativa, ha de procurar fortalecer dicha estructura de manera constante. Eso se logra o estimula en el marco de la conducta institucional. La vida privada suele ser difícil de clasificar en los marcos institucionales Es evidente que no hay total autonomía entre la privacidad y el rol institucional, pero es también evidente que solo un integrismo moral malsano puede vincular ambos elementos de manera absoluta.
Normalmente la referencia a las instituciones conduce a un equívoco. Se piensa en instituciones formales, propiamente administrativas, las que vinculamos al poder público y la estructura estatal. Pero esto, como dijimos, es un equívoco. No es así. La vida social está llena de instituciones que no tienen una estructura administrativa o jurídica.
Una costumbre es una institución, el carnicero del barrio es una institución (bajo ciertas condiciones, por cierto), la mesa de un café donde se sentó por años un escritor destacado es una institución. Es así como hay una expectativa de conducta asociada al liderazgo que se ha de cumplir de manera necesaria.
Un Presidente es una institución no solo en lo formal, sino también en el marco de valores y normas sociales. Nos preocupa si un ídolo deportivo induce un ejemplo inapropiado. La norma social es así. También se puede institucionalizar la conducta rebelde. Normalmente el artista (desde la bohemia) o las estrellas de rock son impunes a estas responsabilidades propias del ejemplo. Y es que la sociedad ha aceptado para ellos unas reglas no solo diferentes, sino incluso opuestas en algunos ámbitos.
Cada posición en la sociedad que tiene valor institucional plantea un conjunto de normas y expectativas de conducta. La posición presidencial es una de las posiciones con mayor densidad en normas y expectativas, siendo así una posición llena de convenciones que ayudan a otorgar la estabilización social que el cargo busca.
¿Ejemplos?
No es parte de la conducta institucional ser un héroe, pero sí es del requerimiento institucional no ser cobarde. Un técnico de un destacado club de Chile lloró en el suelo del camarín luego de una lamentable derrota: podemos sentir lástima por la persona, comprender su dolor, reivindicar el respeto que merece, pero no podemos negar que es lógico que lo cesen del cargo y que sea inviable que los jugadores sientan que tienen un director técnico incompetente y carente de templanza. ¿No lo hace competente llorar? Pareciera no tener nada que ver. Pero sí tiene relación.
Imaginemos un gran técnico de fútbol que llora ante las derrotas, pero que planifica formidablemente los partidos y saca un rendimiento superior a sus dirigidos habitualmente. La directiva del club tendrá un gran problema que plantearse, es evidente. Un técnico que se desestabiliza en la derrota no parece ser viable aun cuando sea un gran administrador de las capacidades de sus jugadores. Y es que en un momento decisivo, no es la persona que transmite lo que es necesario.
Esto mismo ocurre con las autoridades políticas. Tienen derechos idénticos al resto de los ciudadanos, salvo a los asuntos que la ley expresamente prohíbe de manera particular a los funcionarios públicos. De hecho, un funcionario público (la gente no lo sabe y suelen hablar de los beneficios de los funcionarios públicos) tiene numerosas restricciones.
En un trabajo privado no es posible despedir legalmente a una persona porque en una fiesta nocturna tuvo una riña. Pero un funcionario público puede perder su cargo por esa razón, aunque el evento no haya ocurrido en un recinto estatal, aunque haya sido en un domicilio privado, aunque haya sido en el propio domicilio del funcionario. Y es que la conducta decorosa se exige al funcionario público.
¿Por qué un funcionario público y además un líder debe mantener, siempre y más allá de la ley, una conducta institucionalista?
La expectativa de una conducta sobria, predecible y bajo mínimas exigencias de regulación conductual; es una exigencia natural de la vida social entre todos los actores. Lo exigimos como código de buena crianza. Una persona que salta sobre nosotros en la calle sin explicación y cae a nuestro lado, generándonos temor o estupefacción, debe disculparse. No ha cometido falta alguna, no ha cometido delito por cierto, dicha conducta no se encuadra en ningún aspecto problemático reconocible como tal. Simplemente su gesto ha sido disruptivo e intempestivo. Y no ha respetado la institucionalidad de la vía pública.
Si diez personas se paran en una estación de metro, sin estorbar, pero se quedan quietos durante dos horas; los guardias se acercarán, harán preguntas, las personas se inquietarán. No hay falta, no hay delito, pero su conducta altera el orden cotidiano y es problemático.
La sociedad tiene un intersticio donde no hay formalidad, pero hay institucionalidad.
La problemática de vida privada de un presidente
El Presidente Boric ha terminado su relación con Irina Karamanos. Y se han dado a conocer grabaciones sobre su vida privada. Surge aquí un dilema. ¿Tiene el Presidente Boric alguna obligación respecto a los ciudadanos en términos de su vida personal? ¿Altera esta problemática ámbitos propios de la institucionalidad?
La verdad es que sí. Y abundan las razones. Vale la pena numerarlas para clarificar los distintos ámbitos de la problemática.
1) Todo Presiente sabe que cualquier característica de desprolijidad en su vida privada (e incluso la de su familia) es un problema. Las autoridades (e incluso artistas o ídolos deportivos) se ven afectados por conductas privadas o por acciones de hermanos, amigos e hijos. ¿Es injusto? Lógicamente sí es injusto, pero políticamente no. La política tiene razones propias. La ofensa a los valores del colectivo o el aumento de la sensación de incertidumbre son asuntos que constituyen parte de los desafíos de un líder político.
2) Una conducta confusa o eventualmente disipada produce incertidumbre y afecta la conducta de los actores. El “escándalo Lewinsky” (que afectó a Bill Clinton en 1998) tuvo enorme impacto no solo mediático. Clinton sufrió un juicio no asociado al hecho en sí mismo, sino por sus primeras declaraciones donde mintió respecto a los hechos señalando que no había existido ninguna relación sexual. La crisis no solo duró mucho tiempo, también se la vincula con el ataque a bases de Al Qaeda por parte de Estados Unidos en medio del juicio, pues se piensa que fue una maniobra de distracción.
Al Qaeda no era aún la organización terrorista más famosa del mundo, el atentado del 11/9 no había acontecido. Pero el conflicto escaló y uno de los líderes del grupo islámico (Mohammed Atta) declaró que Lewinsky era parte de una operación judía para perjudicar a Palestina. Esta crisis personal de Clinton aumentó la temperatura y se especula que pudo tener relación con las decisiones posteriores del grupo terrorista. Es decir, el asunto terminó muy lejos. Es así como una conducta personal de una alta autoridad puede generar grandes consecuencias. Si un Presidente defrauda ciertas expectativas de conducta, de respeto a horarios o de la veracidad de sus declaraciones, por ejemplo, se plantea un problema público.
3) Todo Presidente sabe que las relaciones estabilizadas y ordenadas, conocidas, suponen una garantía para los entornos. En el mundo del poder, muchas veces se ha desestimado alguien para un cargo por sus tendencias al amor efímero y furtivo. Las personas, en el marco de relaciones, pueden entregar información relevante, pueden recibir información distorsionada. Parte del trabajo de los agentes de inteligencia se deposita en estas áreas.
No son pocos los casos en la historia donde una pareja oculta cumplió un rol o derechamente fue puesta en el lugar preciso para seducir una autoridad. Hay tratados comerciales que, se rumorea, se lograron exponiendo a los negociadores invitados a propuestas de placeres difíciles de rechazar que favorecieron el chantaje posterior. La conducta organizada, evitando tener que responder sobre asuntos personales, ayudan a un gobierno. Lo contrario es un riesgo.
4) Si una conducta es indecorosa o devalúa la institucionalidad, es problemático. Si una autoridad está presente en una fiesta donde se consumen drogas, está mal. Si una autoridad está presente en una fiesta donde se producen ruidos molestos, está mal. Si una autoridad está simplemente en una fiesta, sin más, puede estar mal por mero azar. Si a esa hora acontecen hechos lamentables en el país, crisis de seguridad u otras situaciones lamentables, el Presidente será juzgado por una situación contextual casual.
Pero ese juicio púbico tendrá impacto social. El periódico que escriba la reseña de la situación señalando que a la hora de un atentado, el Presidente bailaba en una fiesta; generará una merma de la autoridad. Es así de simple y así de cierto. ¿Hay lógica en esa asociación de ideas? No la hay. Pero subyace la exigencia de altísima prudencia para quien goza del más alto cargo público. Dicho honor supone sacrificios.
5) El asunto se torna aún más complejo en el marco de los valores feministas que el actual gobierno abraza. La distinción entre vida privada y pública es siempre compleja. Fue una discusión ya hace dos mil quinientos años. Platón y Aristóteles tenían diferencias al respecto. En nuestra época se asume una posición más cercana a la de Aristóteles, una visión que establece que la distinción de lo personal privado y lo público institucional sí existe. Eso al menos para ciertas visiones de la política.
Pero justamente, en un gobierno feminista, opera una lógica distinta. “Lo personal es político” reza la teoría feminista desde sus variantes a fines de los años sesenta. La distinción entre lo público y lo privado gana complejidades con esta enunciación. Desde entonces la sexualidad pasa a tener un significado político diferente en estos marcos. La defensa entonces de una tesis de ‘cuerdas separadas’ para la vida personal y la política en el marco de un gobierno feminista es bastante más compleja.
Ni indecorosa ni irresponsable, poco institucional
El Presidente Boric terminó su relación con su pareja. Se informó públicamente el jueves pasado. No se dieron detalles. Un diputado enloqueció en el camino y fingió estar preocupado de la seguridad del Presidente, aunque probablemente quería resaltar una potencial degradación del honor presidencial a partir de la conducta de la máxima autoridad del país.
El diputado ha cometido un error y probablemente ha incursionado en el amplio territorio de la estupidez, pero también es cierto que ha sacrificado su inteligencia para producir un efecto político. No es un deporte raro en política: avergüenza, pero a veces supone excelentes resultados. No hay político profesional que no haya caminado por esa ruta.
Lo cierto es que el Presidente ha sido desprolijo y poco institucional. ¿Es la filtración de las imágenes lo que determinó su comunicado sobre la relación con Irina Karamanos? ¿Por qué están unidos ambos hitos? Si no tiene importancia, bastaba decir apenas se terminó la formalidad de la Corporación Sociocultural (antiguo cargo oficioso de “Primera Dama”) que desde ese instante la vida de pareja del Presidente se mantendría en estricto secreto y que no se comunicaría ningún aspecto de dicha dimensión.
Pero no es lo que se hizo. De hecho, los límites del sentido público y estatal han sido constantemente confusos. El Presidente, el año 2022, recibió honores de la guardia del Palacio de La Moneda juntó a Irina Karamanos, en un hecho inédito. Nunca se aclaró el significado de la acción.
En estos días, el fin de la relación con la pareja de años del Presidente y la eventual existencia de una nueva relación, ha sido comentado profusamente. Hubo una larga carta del Presidente al país sobre su relación de pareja. E incluso en ella se negó que hubiera una nueva relación. Pero hay dos grabaciones en las que se muestra al Presidente ingresando a un departamento donde pasa la noche acompañado.
La discusión sobre la privacidad y las responsabilidades de Estado no es nada obvia. Es importante comprender, que tanto respecto a la crítica a la conducta o respecto a la consideración de ella como un derecho, el debate no solo no está zanjado sino que además es difícil de categorizar.
Es posible decir, eso sí, que la conducta del Presidente no alcanza a ser disoluta, indecorosa o irresponsable. Pero es evidente que es una conducta poco institucional. Y que las declaraciones realizadas carecen además de coherencia. Ha estresado a sus equipos para hacerse cargo de una conducta inadecuada al cargo.
Al Presidente Piñera se le reprocha comer pizza en un cumpleaños familiar, en un local abierto a público, el 18 de octubre de 2019. Coincido con la crítica que se le hizo. Una torpeza no se queda simplemente en ese atributo, puede ser algo más grave. Una torpeza individual puede llegar a generar un asunto de Estado. Y fue el caso. El asunto de la pizza fue una torpeza que demostró agravar el clima disruptivo de esa noche y de los días siguientes.
¿Tenía derecho Sebastián Piñera a comer pizza esa noche? Lo tenía. ¿Estaba adecuadamente informado de todo lo relevante para una autoridad estando en un cumpleaños en una pizzería esa noche? Probablemente no había una gran diferencia entre estar en ese momento en La Moneda o estar en ese restaurante. Pero fue un error.
Es cierto que en este caso, el del Presidente Boric, no hay una crisis sociopolítica aguda, no abundan las protestas. Pero no es menos cierto que el país se considera estancado, que se pide proactividad, acción, resolución, que se ha criticado la capacidad del gobierno de dinamizar la economía. Y no es menos cierto que hay una crisis educativa importante. Y no es menos cierto que el gobierno tiene por delante desafíos como el tributario, las pensiones, el fin de las ISAPRES, la ya mencionada educación, la seguridad ciudadana, el crimen organizado, los atentados terroristas, entre otros asuntos que se consideran urgentes.
Y está claro que el ritmo del gobierno no ha estado a la altura de las expectativas del país. La señal de la vida personal del Presiente, en estos días, no es afortunada. Los Presidentes tienen derecho a llorar porque no funcionó un acuerdo internacional o un gran proyecto, pero no pueden hacerlo por televisión mientras da la cuenta al país. Tendrán que hacerlo en privado. Y escribirlo en sus memorias.
La conducta institucional es un costo de la vida pública, supone restricciones e incluso supone sacrificar algo más que placeres. Yo mismo no he comentado públicamente prácticamente nada de los acontecimientos que viví en el Frente Amplio. Dichos relatos quedarán, si acaso, para contarle a mis nietos o para publicarlos en unas memorias perdidas en treinta años más. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en política tiene un enorme ancho y supone exigencias más allá de la lógica habitual.
El Senador Moreira ha defendido al Presidente Boric. Es joven, ha dicho. Tiene derecho a divertirse. Lamentablemente se equivoca Moreira. Gabriel Boric es joven, eso es cierto. Y es Presidente. Y aunque la juventud confiere eximiciones propias de la inexperiencia y el aprendizaje de juventud, el cargo de Presidente impide convertir dichas regalías en una realidad porque nadie obliga a una persona a tomar la responsabilidad del gobierno.
Los ciudadanos esperan que el honor otorgado tenga una respuesta de responsabilidad proporcional. Si una pareja se embarca en desafíos familiares exigentes, ninguno de los dos puede emprender tareas públicas altamente demandantes en tiempo y concentración. ¿Tiene derecho alguien con una vida personal difícil a ser funcionario de gobierno? Tiene derecho. Pero tener un derecho no supone ninguna conclusión derivada sobre el grado de responsabilidad de la conducta.
El Presidente tiene derecho a estudiar un posgrado siendo autoridad, pero es obvio que la ciudadanía lo evaluará mal si lo hace. Siempre será irresponsable ejecutar acciones que suponen algún grado de incompatibilidad.
El Presidente ha sido poco institucional en la conducta personal. Y si luego de decir que la vida privada ha de quedar donde corresponde, se emite una larga declaración pública sobre la relación; la confusión es mayor.
¿Es un evento grave? No lo es. Pero si el gobierno de verdad cree que está bien, se equivoca. A veces los gobiernos hacen una declaración en la que no creen. No solo es legítimo, a veces es bueno.
Una alta autoridad de un país latinoamericano, hace ya muchas décadas, estaba en medio de un lío gigantesco y viajó a ver a una superpotencia de la época para solicitar apoyo. Se le respondió que, dado el escenario, no se le daría apoyo. Y entonces preguntó si podía decir que tenía el apoyo, aunque fuera falso. Le dijeron que eso no era problema, no al menos todavía. Su declaración fue positiva para la salida de la crisis.
He ahí otra razón institucional, una mentira blanca que estabiliza el escenario. Bienvenido sea. Pero una cosa es hacer una declaración y otra es creerla. Y es importante que el gobierno comprenda que la confusión produce distorsiones que afectan el peso institucional de su gestión.