En materia de indultos, sacar de la cárcel a personas reincidentes y que son un peligro para la sociedad, con un amplio prontuario, y ser liberados por razones políticas, no contribuye ni a la paz social ni a mayor tranquilidad para la ciudadanía. Estas acciones avanzan en la línea de que la impunidad según visión política o ser cercanos a personas con poder es lo que genera no cumplir las penas en la cárcel, definidas por el poder Judicial.

Con respecto a migraciones, el establecer en el presupuesto 2024 que van a expulsar a un máximo de 1.000 personas, cuando en promedio se expulsaban casi 2 mil al año en el periodo 2018 – 2021 (que disminuyó en pandemia) es establecer una probabilidad de expulsión menor al 2%, pensando que en 2022 y la proyección en 2023 es que ingresen más de 50 mil extranjeros clandestinamente por año, según los datos de PDI.

El quedarse satisfechos con que FF.AA. den la bienvenida a quien ingresa ilegalmente y una gestión mediocre en expulsiones es contradecirse con un discurso de control fronterizo.

Con respecto al tema de las usurpaciones, es incomprensible que el gobierno quiera dejar que la sanción sea una multa, menor al costo de robar un celular, y que en la práctica nadie paga. A su vez, el discurso que usurpar terrenos para construir campamentos es positivo, es una mirada que desprecia la capacidad de las personas y el rol del Estado en movilidad social.

En ese sentido, estas tres medidas han sido lideradas por el Ministerio del Interior, y es impactante como no solo no se busca mayor seguridad, orden público y control fronterizo, sino que también se bloquea que el FF.AA., el Congreso y el Poder Judicial puedan desarrollar medidas que avancen en lo mencionado.

Como dice el refrán, estamos ante un clásico caso de el perro del hortelano, donde no comen ni dejan comer, en este caso, no ejercen acciones para mayor seguridad, y no dejan que nadie más pueda hacerlo.