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El surgimiento de nuevas formas de criminalidad en nuestro país exige que el Estado modernice y refuerce a las instituciones destinadas a la prevención, persecución y sanción. Eso es lo que hemos estado haciendo durante la presente gestión, lo que se expresa tanto en una fuerte inversión en seguridad pública como en el impulso de una contundente agenda legislativa.
Así, esta semana presentamos a trámite un Proyecto de Ley que fortalece al Ministerio Público, de manera que pueda contar con equipos que lleven a cabo una investigación y persecución penal eficaz, en particular ante el surgimiento de fenómenos delictuales complejos y de grupos estructurados con alta capacidad financiera y logística.
El Ministerio Público fue creado hace dos décadas como un órgano constitucionalmente autónomo a cargo de la investigación de los delitos, formalizar la investigación y acusar a los presuntos responsables. Su desempeño ha contribuido a consolidar el Sistema de Enjuiciamiento Penal que reemplazó a la anterior fórmula inquisitiva. No obstante, a lo largo de este tiempo se ha sucedido una serie de transformaciones en materia de política criminal, lo que ha impactado en la labor que se le ha encomendado a este organismo.
La aparición de nuevas formas de criminalidad organizada y las demandas ciudadanas por contar con mejores resultados en la persecución penal, han vuelto indispensable la incorporación de cambios y reforzamientos institucionales, que permitan responder a estos urgentes requerimientos.
Sobre el proyecto de ley de Fortalecimiento del Ministerio Público
La propuesta legislativa que hemos formulado proviene de un profundo estudio y análisis realizado por una mesa técnica de trabajo compuesta por el Ministerio Público, la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta colaboración interinstitucional se diseñó con el propósito de generar un diagnóstico de la situación del Ministerio Público y de su capacidad estructural para hacer frente al nuevo panorama de delitos.
Los principales medios de comisión de los homicidios consumados en el período 2018-2022 son las armas cortopunzantes (37,6%) y las armas de fuego (46,1%), las que sumadas concentran más del 80% en todos los años. Sin embargo, ha habido un cambio en la principal arma utilizada: mientras en 2019 el arma blanca representaba un 42,7% y las armas de fuego un 38,2%, en 2022 estas últimas llegan a un 53,9% y las armas cortopunzantes caen a 31,9%.
En el caso de ilícitos relacionados con la Ley de Drogas, la comisión de estos delitos se ha incrementado sostenidamente. Desde 2006, ha crecido en un 199% el ingreso de causas relativas a estas materias, pasando de 10.474 causas a 31.401 registradas en 2022.
El proyecto de ley considera, en primer término, un incremento en la dotación de personal del Ministerio Público, que se destinará a fortalecer la labor de cada una de las Fiscalías Regionales de nuestro país particularmente en las causas de mayor complejidad y violencia, reforzando además las ya existentes.
Con ello, a su vez, se mejorará la capacidad operativa de las fiscalías locales en cada una de las regiones, de manera de optimizar la gestión de las actuaciones administrativas relacionada con estos casos, proporcionando mejores soluciones a las víctimas y testigos.
En particular, la implementación de este proyecto permitirá mejorar la cobertura y oportunidad del modelo de orientación, protección y apoyo; avanzar en el diseño de respuestas diferenciadas a grupos en situación de vulnerabilidad, y equilibrar la carga de trabajo actual en las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT).
Asimismo, para generar un equilibrio en la carga de trabajo que hoy mantienen las fiscalías locales y la necesidad de abordar con mayor eficacia la operación del Ministerio Publico, se reforzará también la dotación para la tramitación de estas causas y la asistencia a audiencias ante Juzgados de Garantías y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.
La propuesta aborda el diseño orgánico del Ministerio Público, a partir de ajustes en ámbitos importantes de la regulación de sus órganos directivos. Así, para mantener la experiencia acumulada de quienes han desempeñado cargos relevantes en materia de persecución penal, el Fiscal Adjunto titular podrá reasumir dicho cargo una vez concluido su período como Fiscal Regional. En este caso podrá reasumir su cargo de fiscal adjunto en una región distinta a la que ejerció como Fiscal Regional. Esta posibilidad regirá también para quienes se encuentren ejerciendo el cargo indicado desde antes de la dictación de la ley.
Se crea, además, un Sistema de Supervisión de la Persecución Penal, mejorando el estándar de las investigaciones y, en consecuencia, la confianza ciudadana.
La iniciativa también establece una Asignación Profesional para Administrativos y auxiliares que reúnan los requisitos respectivos; así como el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales.
En definitiva, la propuesta presentada al Congreso busca hacer frente a la criminalidad actual, reforzando las herramientas y recursos del Ministerio Publico con el fin de llevar a cabo una persecución penal eficaz, prestar la debida atención a víctimas y testigos y fortaleciendo, a su vez, los estándares de calidad en la gestión.
El proyecto se complementa con la iniciativa que crea una Fiscalía Supraterritorial, con dedicación exclusiva en la investigación de delitos especialmente complejos, materia que, dada su relevancia, podremos abordar en una próxima ocasión.
