El gasto regional en Biobío requiere una urgente evaluación parlamentaria y ciudadana.
Más recursos son necesarios, pero no parece coherente ni responsable, solicitar al Gobierno Central ni al Congreso, más recursos para Biobío sin una profunda evaluación de cómo fue ejecutado el gasto regional, al menos entre el 2020-2023. Más aun teniendo en cuenta que el 90%, de los aproximadamente $120 mil millones al año, fueron asignados directamente sin licitación, sin boletas de garantía y, en muchos casos, a instituciones sin historia ni experiencia alguna en el área del trabajo convenido y financiado.
El periódico Británico especializado Financial Times publicó hace sólo unos días un crítico artículo sobre el Gobierno y el Presidente Boric titulado “Ola de crímenes, promesas fracasadas y síndrome del pato cojo”, en el que la región del Biobío es aludida por el caso convenios, donde existe una influencer acusada de gastar recursos de los contribuyentes en lencería.
A eso, sumemos la urgencia de revisar los recursos enviados a la región – y las demás regiones – a través del FAR (Fondo de Apoyo Regional), Ley 20.378, destinados a mejorar las condiciones e infraestructuras del Trasporte Público. Estos aportes se originan en la Ley Espejo del Transantiago, recursos destinados para las Regiones que fue aprobada en el 2009 y que esté 2023 entregó la suma de $ 24.598 millones de pesos a nuestra Región.
A la fecha estos recursos alcanzan en Biobío una cifra superior a los $375 mil millones de pesos y cuya inversión en un 90% no fue asignada a proyectos de ese objetivo, sino a muchos otros sin ninguna relación con el transporte público ni la conectividad.
Es claro que la omisión de inversión en infraestructuras y falta de modernización de los medios de transporte público más la pandemia detonaron una explosión de la compra de vehículos particulares pequeños, lo que junto al aumento de camiones de carga de los nuevos proyectos forestales e industriales, más el crecimiento también explosivo de la densificación por viviendas, han terminado colapsando las vías urbanas y suburbanas del Gran Concepción.
Esto ha sido determinante en la crisis de movilidad que afecta a la región. Esta equivocada política de asignación, debe ser evaluada y finalizada de inmediato para destinar dichos recursos a medidas concretas que alivien la vida de cientos de miles de ciudadanos que pierden hasta tres y cuatro horas al día para llegar y regresar de sus trabajos, centros de estudio o trámites. Es urgente dotar de transporte público de primer nivel a la conurbación más importante de Chile después de la región Metropolitana.
Gobiernos regionales, la esperanza de la descentralización
La creación de los Gobiernos Regionales fue una dura batalla contra el centralismo presidencial o mejor dicho contra la monarquía presidencial. La creación de regiones en dictadura en reemplazo de las provincias, fue un paso en la línea correcta de una mejor estructura de país, pero sin debate ni participación ciudadana y mucho menos parlamentaria, pues el Congreso había sido suspendido por tiempo indeterminado y reemplazado por una Junta Militar de Gobierno.
Así se armaron con total discrecionalidad los límites de las nuevas regiones donde los ciudadanos y ciudadanas quedaron adscritas a pertenecer a un territorio ordenado desde el uno al doce, llamados “regiones” y carentes de nombre por algunos años.
¿De dónde eres? Soy de la Octava. Esa fue nuestra identidad por mucho tiempo. Luego vendrían los nombres asociados a héroes de la independencia, ríos y ciudades capitales.
Con el desarrollo de Chile y sus regiones, a partir de la Constitución de 1980, el desequilibrio se hizo cada vez más evidente e insoportable, lo que dio paso al levantamiento de movimientos regionalistas cada vez más amplios como a la vez reprimidos.
Los gobiernos de Chile desde el retorno a la democracia dejaron atrás a los intendentes con grado de General y los reemplazaron con civiles, ex ministros, y en muchos casos sin siquiera vivir y conocer la región.
Por ello la elección directa de los actuales Gobernadores acumuló mucha, tal vez, demasiada esperanza en quienes vivían en el 98% del territorio nacional excluyendo a la región Metropolitana, que representa el 2% del territorio y que es donde se ubica La Moneda sede del Gobierno y durante algunas décadas lugar de residencia del Presidente. Chile fue el último país de toda América en elegir gobernadores. Tardamos más de 213 años en elegirlos directamente por voto popular con algunas atribuciones que comparadas con la de los gobernadores de cualquier país del mundo son casi infantiles.
Los actuales gobernadores en Chile que reemplazaron a los intendentes deben representar, defender y garantizar los derechos de la ciudadanía. Por muchas razones no tienen poder ni recursos económicos propios, no manejan ni dirigen el orden público, solo pueden asignar el 5% de los recursos del Estado en su propia región. El otro 95% de los recursos son definidos y asignados por los ministros nombrados a dedo por el presidente. Suena duro, fatal, pero es real y no estamos en los tiempos de la Colonia sino en la República.
Hoy enfrentamos un desastre en la credibilidad pública, y se siente primero con pena y luego con indignación. Tan solo dos años y medio de la instalación de los gobernadores electos, resulta tan dramático constatar que el daño causado con el “caso fundaciones”, hizo retroceder toda posibilidad de mayor poder real para las regiones. Y hoy, muchas cabezas que nuca estuvieron de acuerdo en descentralizar, democratizar y desconcentrar a Chile, ven con una leve sonrisa esta situación.
Hay un daño profundo a esta esperanza de avanzar en nuestra autonomía, y se ha instalado una desconfianza no confesada en La Moneda y en los empresarios que concentras sus oficinas y gerencias en la región Metropolitana, donde pagan los impuestos por productos extraídos desde las regiones.
Lo advertimos tempranamente, en una columna cómo está. Había que reaccionar de inmediato. En junio de este año cuando las fundaciones aparecieron en el cielo político regional, muchos en el Gobierno apostaron que sería como el “caso Caval”, es decir, serían daños menores y temporales. Craso error de apreciación política. Aquí los daños están bajo la línea de flotación, y reparar el barco navegando es muy complejo.
Los Gobernadores involucrados tienen el legítimo derecho a su defensa. A lo que no tienen derecho es a arrastrar la regionalización cuesta abajo en la rodada. Las regiones no se lo merecen. El proceso de regionalización esta cómo el Titanic, donde la orquesta continúa tocando mientras el buque se hunde, como si el caso fundaciones no existiera.
Así lo refleja el hecho que la defensa de los involucrados se financie con recursos públicos, lo que puede ser legal, pero, ¿es coherente que el Estado financie la defensa de quienes lo han perjudicado? Más bien es paradójico, el Estado habrá sido acusador y defensor.
Esto no ocurre ni con Carabineros ni con Gendarmería ni con los funcionarios públicos acusados de delitos similares a las que acusa hoy Fiscalía. Es más, los propios funcionarios de la Gobernación acusados tienen su defensa en la Defensoría Pública y no con abogados privados. Asimismo, los parlamentarios cuando son llevados a los tribunales deben costear su defensa con su bolsillo y no con el del Congreso.
Estos oprobiosos hechos dan cuenta del agotamiento de esta forma democracia de la cual hemos gozado y abusado. Se debe transitar e instalar una democracia participativa donde la auditoría y contraloría ciudadana sea clara y fuerte.
No basta elegir líderes y representantes, se les debe acompañar, apoyar y fiscalizar. No más presupuestos asignados unipersonalmente a solo algunos, debemos aprender a discutir y aprobar junto a los ciudadanos y ciudadanas en qué debemos invertir y gastar lo que se recauda de los impuestos a los contribuyentes. Debemos hacerlos partícipes de las decisiones esenciales y de preocupación pública, esto será más complejo y tendrá costo económico, pero la democracia también debe ser financiada.
Se requerirán plebiscitos y más debates, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos. Evitando por cierto, populismos como quienes conformaron la llamada bancada Federal para luchar contra el centralismo, y luego fueron intendentes por la región Metropolitana.
Cómo cuidamos la regionalización
Hay que poner a buen recaudo el proceso de regionalización más allá del resultado de las investigaciones, y hay que separar los procesos judiciales del ejercicio de la función en el Gobierno Regional.
Se debe revisar esta compleja situación de tener a gobernadores en calidad de imputados, pues ello afecta no solo la autonomía y resultados de la propia investigación judicial, sino que cada declaración en Tribunales es una herida más a la dignidad del cargo y a los funcionarios que están bajo la autoridad de ese gobernador.
Todo indica que se requiere una urgente reforma a la Ley de Gobiernos Regionales, que establezca el desafuero previo por la Corte Suprema para procesar a un Gobernador como ocurre con ministros y parlamentarios.
Además es necesario legislar y otorgar responsabilidad política que también es ética, y establecer que los Consejos Regionales sean presididos por el consejero más votado y no por quien designe el Gobernador ante su ausencia o inhabilitación temporal.
Hay que terminar con los dos verdaderos agujeros negros del Presupuesto regional, que como en el cosmos, atraen lo que se les acerca y lo absorben todo sin dejar rastro de lo que entró en su área gravitacional, incluso absorbiendo la luz. Estas dos fuentes de financiamiento se comportan como tales por la discrecional asignación directa de recursos por parte del Gobernador, tanto del Presupuesto regional como del FAR (Ley espejo Transantiago), que asigna recursos para transporte público.
No supimos cuidar debidamente estos recursos y no hay cara ni dignidad para pedir o suplicar, en estas condiciones, más recursos al ministro Mario Marcel para la región del Biobío, si antes no somos capaces de una evaluación política y económica sobre cómo enfrentamos esta crisis.
Las regiones tenemos deberes y derechos para garantizar nuestra autonomía y no hemos cumplido esos deberes, lo que puede tener como consecuencia una peligrosa pérdida de derechos.