El Consejo Constitucional aprobó una disminución en el número de integrantes de la Cámara de Diputados y Diputadas, de 155 a 138, dejando al Senado con su composición actual (por ahora).

La decisión abrió cierta polémica, entre otras razones, por la pobre justificación de algunos consejeros en ejercicio, que incluso se apoyaron en la supuesta discrecionalidad de las decisiones políticas para justificarla.

Toda decisión sobre la representación de la ciudadanía responde a objetivos políticos, por lo que las razones que la sustentan deben ser debidamente explicitadas y evaluadas. En medio de una crisis de legitimidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones llamadas a representarle, cualquier cambio puede generar efectos contrarios a los deseados, especialmente si no se sostienen en razones coherentes con los objetivos buscados.

Este es el típico ejemplo de medidas que parecen conectar con el sentir popular y expresarlo en una decisión concreta: que haya menos políticos.

Dado que hay un sentimiento más o menos generalizado en contra de la política y de los políticos, rebajar el número de diputados y diputadas parece ir en la línea de lo que demanda la ciudadanía porque, además, supone algún tipo de ahorro en el gasto público, aunque sea menor.

Sin embargo, aunque se trata de una decisión que puede ser fácil de justificar en una cuña o en un punto de prensa, lo cierto es que genera efectos que no solucionan los problemas que se esgrimen como razón sino que, por el contrario, los profundizan.

En primer lugar, llama la atención que se haya optado por fijar el número de integrantes de la Cámara en una disposición transitoria, en virtud de la cual se mandata al Servel a proponer el diseño distrital para las elecciones de 2029 y las siguientes.

A pesar de que la norma permanente –provisoriamente, el artículo 54– fija criterios de representación y proporcionalidad que la ley debe considerar, la norma transitoria establece nuevos límites a dicha regulación, fijando el guarismo de 138 integrantes de la Cámara.

En segundo lugar, es indispensable contar con una justificación –técnica y política– respecto del contenido de la decisión, pues las razones que se han esgrimido por la prensa, hasta ahora, presentan cierta incoherencia. En efecto, se ha señalado que se busca garantizar una mayor gobernabilidad de la Cámara; sin embargo, un elemento clave para ello es la relación entre el diseño distrital y la cantidad de representantes por distrito, lo que se deja a la ley (y a la propuesta del Servel).

Asimismo, se ha esgrimido como objetivo la disminución de la fragmentación política; sin embargo, el umbral de votación como requisito de acceso es un mecanismo más efectivo (sin perjuicio que la fusión de partidos que se propone en los artículos transitorios tiende a neutralizar su efectividad).

Ambos objetivos –gobernabilidad y menor fragmentación– se enmarcan en la búsqueda de mayor estabilidad política en el trabajo legislativo y, en especial, en las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Sin embargo, hay otros instrumentos más adecuados para su consecución.

Partidos políticos

Es clave avanzar en mecanismos de disciplina partidaria y disposiciones anti discolaje, disminuir los incentivos actuales para las aventuras individuales en las cámaras, elevar las exigencias para la constitución de nuevos partidos y revisar las causales para su disolución.

Los mecanismos de disciplina partidaria son impopulares entre los partidos y los parlamentarios, pero eficaces, pues apuntan en la dirección correcta; entre otros: que los partidos puedan emitir órdenes a sus parlamentarios para ciertas votaciones, o que la renuncia al partido signifique la pérdida del escaño en el Congreso.

Estas medidas, además, refuerzan el carácter colectivo de la política y fortalecen el rol de los partidos como espacios efectivos de agenciamiento político, objetivo que no podemos postergar más.

Los problemas de gobernabilidad emanan de la excesiva cantidad de partidos, antes que de la cantidad de representantes. Finalmente, estas medidas de mayor disciplina en los partidos contribuyen a facilitar el diálogo institucional entre Gobierno y oposición, así como entre Ejecutivo y Legislativo.

Las razones de la crisis de legitimidad y confianza de estas instituciones no se agotan en la atomización de las cámaras. También impactan en ella su falta de representatividad y la creciente distancia que la ciudadanía percibe respecto de sus representantes: son percibidos como muy lejanos (es común escuchar la crítica de aparecer sólo en período electoral) y como sujetos que, no pocas veces, parecen representar intereses particulares antes que el interés general o el bien común.

Es necesario tener más representantes

La representación es una debilidad efectiva del sistema político chileno, precisamente por la falta de confianza. Disminuir el número de representantes va en la dirección contraria, pues acrecienta la brecha entre la o el parlamentario y la ciudadanía, debilitando la representación en lugar de fortalecerla.

Recordemos que para 1973 había 50 senadores y 150 diputados, para representar a poco más de 10,3 millones de habitantes; hoy tenemos casi los mismos representantes (50 y 155, respectivamente), pero casi el doble de población.

Aquí, de nuevo, es necesario evaluar medidas impopulares: para mejorar la representación política y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la política, es necesario, entre otras medidas, tener más representantes. Si aplicamos la regla de la raíz cúbica de la población, la cifra es más bien cercana a 270 representantes idealmente, podríamos agregar, con menos partidos.

Mientras más pequeña sea una cámara de representación nacional, mayor es el riesgo de que ella se rinda ante las presiones de los poderes fácticos; mientras más reducida en número de integrantes, más difícil será ganar una elección para acceder a un escaño y más costosa será la campaña, en términos de riesgo y de financiamiento, generando una mayor elitización de la representación y agudizando la distancia entre las cámaras y la ciudadanía.

Reducir el número de diputados es una medida efectista, pero ineficaz, que impacta negativamente en la proporcionalidad. El sistema político reclama mayor responsabilidad en el ejercicio de las labores parlamentarias, así como mayor disciplina partidaria, con el fin de fortalecer la representación, no de debilitarla.

Una cámara más pequeña no garantiza, necesariamente, mayor gobernabilidad y estabilidad. El binominalismo de antaño tampoco lo hizo, por el cual el sistema político pagó un alto costo en legitimidad. Es clave, por tanto, avanzar en mecanismos de responsabilidad parlamentaria y disciplina partidista.