Tiempos convulsos se viven en Chile en materia de seguridad. Los ciudadanos muchas veces temen el regreso a sus hogares por los portonazos, encerronas y delitos violentos contra su integridad y bienes. Es una percepción generalizada que tiene su explicación en situaciones por todos conocidas, como es la operación de grupos y bandas armadas del crimen organizado, dominadoras de sus propios territorios y con poder de enfrentar a las policías con capacidad de fuego demostrada.

Lo anterior tiene también un correlato en un sector bastante específico pero de gran importancia para Chile, como es el logístico y de transporte de cargas. En el país operan unas 40.000 empresas transportadoras de todos los tamaños, con un parque de 218.000 camiones más sus equipos de remolque.

Este enorme conjunto proporciona trabajo a cerca de 250.000 personas en una serie de labores, conductores, mecánicos, jefes de flota, administrativos y emprendedores. Quienquiera que circule por una carretera podrá ver el intenso movimiento de camiones llevando y trayendo todo tipo de productos y mercaderías. Es un sector muy vital y eslabón esencial de la cadena logística.

Dicho de otro modo, todo lo que está a su vista señor lector, los muebles, la comida, los artefactos electrónicos, entre otros, en algún punto de su despacho fue trasladado mediante camión. Esto mismo ha llamado la atención desde hace años a organizaciones delictuales que se dedican al robo de mercaderías.

En algunas regiones como la Metropolitana, donde está el mayor mercado nacional, el delito ha pasado a tener características muy peligrosas. En otras zonas, como la Quinta Región, la existencia de dos grandes puertos como San Antonio y Valparaíso, hace las veces de imán para las bandas que tienen como blanco cargas de importación valiosas como artículos electrónicos.

Hace días, después de Fiestas Patrias, fue noticia nacional el saqueo a camiones en plena carretera mientras esperaban pasar a Los Andes desde la frontera. Solo la valentía de un conductor brasileño que iba a ser asaltado, se resistió y grabó el robo que perpetró una turba a otro vehículo, con carne.

Sus imágenes permitieron a la opinión pública darse cuenta de los alcances de este tipo de hechos criminales. Pero lo anterior, si bien impactante, sólo es una parte porque la realidad es mucho más dura; hay lugares del país donde se han establecido verdaderas industrias delictivas, como el sur del país.

En concreto, la Ruta 5 Sur es el coto de caza favorito de los robos de cargamentos de salmones, uno de los productos alimenticios de mayor valor que se transan en el mercado. En forma casi periódica las empresas de transporte denuncian ser objeto de asaltos con pérdida total de mercadería, con todo el perjuicio que acarrea por la pérdida material, económica, como la violencia ejercida contra los conductores. Un cargamento de este producto supera los 200 millones de pesos, más el costo de los seguros, los procesos judiciales y una serie de aristas.

En el norte de Chile ocurren situaciones similares con otros productos, como el cobre. Allí, además, la actuación de bandas organizadas queda prácticamente impune para siempre, dada la inmensidad del territorio y la escasez objetiva de policías para actuar en forma preventiva.

En las ciudades, Santiago y capitales regionales de preferencia, las víctimas son los camiones de reparto urbano, de última milla, asaltados incluso en las autopistas urbanas. En la Araucanía, los robos de madera y su transporte ilícito generan pérdidas valuadas en cerca de 100 millones de dólares al año pasado.
La pregunta lógica es a dónde van a parar todas esas mercancías robadas. Es interesante saber que los robos principales ya tienen los productos vendidos de antemano, pedidos, a su vez, por otros delincuentes que controlan circuitos logísticos negros.

¿Se ha preguntado usted por qué el comercio callejero es tan pródigo en artículos elaborados y tecnológicos? La informalidad es el elemento que permite poner en marcha este mecanismo delictivo. Y las consecuencias las pagamos todos, productores, transportistas, el comercio y finalmente los consumidores.

¿Qué hacemos?

Ese es el Chile actual. En esta cancha jugamos. La pregunta es entonces, ¿qué se hace para combatir el crimen organizado que afecta a la industria? Naturalmente, la dimensión del problema es tal que ha escalado a la ejecución de políticas públicas de coordinación y control, tarea en que estamos involucrados transportistas, policías y autoridades.

Esto viene funcionando desde hace tiempo, pero los delincuentes llevan una ventaja objetiva: pueden elegir dónde y cómo dar el golpe de manera segura e impune. Las fiscalías y la policía tienen además una tarea colosal, como es reunir pruebas indesmentibles, irrefutables, de cada asalto en particular. Esto no siempre es posible, y además los plazos de investigación y los procedimientos demandan tiempos tales, que el criminal resulta impune, lo cual actúa como un mayor incentivo para su siguiente actuación.

Algo hay que hacer entonces. De manera sigilosa, la justicia realiza investigaciones de foco, cruza datos, antecedentes, analiza parámetros y patrones que, finalmente, tras meses y hasta años de investigación, permiten desarticular bandas delictuales. Pero se requiere más.

Los gremios del transporte hemos solicitado en forma reiterada, durante años, que se refuercen los patrullajes en carreteras, como forma de disuadir la acción, a veces descarada, de los delincuentes. No es tarea fácil, cada hora circulan unos 17.000 camiones en las distintas rutas y los recursos de seguridad tampoco dan abasto.

Por eso es importante que el Estado agilice su oferta de seguridad. Es probable que usted, si viaja de noche en una carretera, vea camiones estacionados en sitios poco seguros, en bermas de carreteras o lugares eriazos francamente desolados. Así murió el conductor Juan Barrios.

Esto debe resolverse rápido, disponer la construcción de zonas seguras para estacionar en carreteras, vigiladas. Hay una agenda de seguridad en discusión en el Congreso, pero se avanza poco, lo que es una mala señal. Hay que reformar la legislación para proteger a la víctima y no al delincuente, hacer los procedimientos más rápidos y menos garantistas.

Es un trabajo largo, penoso y difícil. Pero posible.

Lo más importante es que la opinión pública, consciente de que su mayor problema es la falta de seguridad, sepa que no solo existen los portonazos y asaltos a personas y hogares, sino que eso es solo una parte de la acción delictual, pues es en la carretera donde está el peligro mayor.