Este artículo busca visibilizar los elementos que dibujan este rompecabezas construido por los propósitos de los distintos actores participantes, la evolución de la opinión pública, y el cálculo de las consecuencias que podrían tener para los protagonistas sus decisiones en la disyuntiva que asoma. Consignemos que, si para la Convención fue electo un fuerte contingente de personas que habían abominado del acuerdo del 15 de noviembre que permitió iniciar un proceso constituyente, lo mismo ocurrió para el Consejo Constitucional, erigiéndose como fuerza principal un partido que estaba absolutamente en contra de continuar el esfuerzo en pro de una nueva constitución.

Paradoja consecutiva, que quizás está a la base de la repitencia del mismo error conceptual, el de considerar el trabajo constituyente como una oportunidad preciosa de llevar adelante un programa político determinado, en lugar de concentrarse en buscar acuerdo en torno a reglas del juego que permitan la disputa democrática de los diversos programas políticos, y faciliten la gobernabilidad para que éstos puedan materializarse en caso de contar con adhesión ciudadana suficiente.

El Partido Republicano, que hizo campaña para representar a quienes se oponían a la idea de una nueva constitución, fue puesto por los votos de la gente en el lugar principal del trabajo constituyente. Tienen los consejeros suficientes para impedir que se apruebe cualquier norma que no deseen esté en el texto, y también para apretar el botón de pánico bloqueando con su oposición incluso la materialización de una propuesta para ser plebiscitada.

Prefirieron, sin embargo, hacerse responsables del éxito del proceso, poniendo a la cabeza a una de las suyas, con el apoyo de los consejeros de Chile Vamos. Después de un periodo en que los Republicanos parecían haber asumido que el objetivo era una constitución de consenso, tres hechos los llevaron a modificar su enfoque: la facilidad (y el entusiasmo, en algunos casos) con que se plegaban los consejeros de la UDI y RN a sus propuestas, hasta las más identitarias, el deterioro de la imagen de su presidenciable que atribuyeron justamente a la disposición al acuerdo y, finalmente, la persistente ventaja del rechazo de la ciudadanía a la propuesta de nueva constitución, aun sin conocer su contenido.

De allí entonces las afirmaciones de que sólo votarán a favor del texto si sus indicaciones son aprobadas y que era muy bueno contar con la oposición de frenteamplistas y comunistas.

La estrategia ahora es unir a la derecha en torno al liderazgo de Kast y al que han ejercido los suyos en el Consejo Constitucional. La decisión de tomar ese camino no es ajena, por supuesto, al escenario presidencial y a cómo éste se ha ido configurando, con la hipótesis de ocurrencia crecientemente probable de una segunda vuelta que enfrente a las dos candidaturas principales de la derecha.

Es éste el escenario que Kast quiere evitar, porque llevaría todas las de perder, de manera que buscará aprovechar el plebiscito para ratificar su programa en las urnas debilitando el despliegue de la opción competitiva de Chile Vamos y reforzando al mismo tiempo al polo oficialista, al que puede enfrentar con mucho mayor posibilidad de triunfo en segunda vuelta.

El riesgo mayor de este camino es que presumiblemente terminará en el rechazo a la propuesta de una nueva constitución muy identificada con los Republicanos, lo que perfectamente podría convertirse en un rechazo al programa y al liderazgo de Kast.

Porque no sólo tendrá el voto en contra de esa franja del electorado que votará contra todo lo que provenga del sistema político, sino también el voto oficialista, el de las figuras y partidos emergentes situados en el centro político, sumado al de quienes defienden una supuesta intangibilidad de la Constitución del 80 y la ilegitimidad de este proceso, los liderazgos populistas que esperan reverdecer sus laureles con la ayuda del voto antisistema y, no puede descartarse, contará con la indiferencia y eventualmente también la oposición de figuras y/o partidos de derecha.

Tampoco tiene, a mi juicio, opción de ser aprobada una propuesta originada en la insistencia de la Comisión Experta y el abandono posterior de Chile Vamos a las indicaciones republicanas para buscar consenso con el oficialismo.

Primero, porque Republicanos podría simplemente hacer uso de su derecho a veto para que tampoco se aprueben los consensos políticos construidos con los expertos, y también porque podría optar por permitir ese texto concordado con lo que llama la “derechita cobarde” para liderar luego el campo del rechazo, sumándole los votos necesarios para su triunfo, escenario que imagino nadie en Chile Vamos querrá regalarle.

Los partidos de Gobierno, por su parte, están muy lejos de los dos quintos necesarios para vetar normas y, por tanto, a merced de la disposición y comprensión de Republicanos.

Tampoco les alcanzaría para aprobar una norma con la totalidad de los votos de Chile Vamos, en la improbable hipótesis de que las directivas de los partidos y la presidenciable de Chile Vamos pudieran alinearlos en esa dirección.

Por supuesto, sería del interés del presidente Boric que el Consejo llegara a un acuerdo satisfactorio al que concurriera a lo menos el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, que además incluiría naturalmente a los demás partidos de centroizquierda y de centro no representados en esta instancia.

Sin embargo, los incentivos para sacrificar algunos de sus planteamientos en aras del consenso, son muy escasos, porque el favoritismo popular es para el rechazo y después de dos contundentes derrotas electorales, muchos se tientan con recetarse un triunfo subiéndose a la ola de base en contra.

Además, la posibilidad de concordar reformas consensuales seguirá vigente en el Congreso, con la facilidad de que el quorum requerido es ahora de sólo cuatro séptimos.

Para que los partidos oficialistas se sumen al voto a favor del nuevo texto a pesar de que ya la franja octubrista refundacional de la izquierda está completamente resuelta a votar en contra, éste debe poder reconocerse como un avance respecto de la constitución vigente y, en ningún caso, visibilizarse como un retroceso en alguna de las dimensiones relevantes para la identidad y el programa oficialista.

Por lo mismo, el desfiladero para llegar a buen término en este segundo proceso constituyente es muy estrecho. Sólo nos queda esperar que en las pocas semanas que le quedan al trabajo del Consejo Constitucional y la Comisión Experta, asome el vértigo de quienes conducen el país o aspiran a hacerlo frente al riesgo de lo que sería un fracaso estruendoso del sistema político.

Uno que, por segunda vez consecutiva, y pulverizando un récor mundial, se demostraría incapaz de proponerle al país reglas del juego de consenso para que éste materializara la convicción mayoritaria, de que es bueno para Chile culminar el proceso que comenzó en noviembre de 2019 y que superará los 4 años de duración, el 17 de diciembre próximo.